El gobernador electo Alfredo Cornejo obtuvo su primer paso hacia la aprobación de la Ley de Ministerios, con la media sanción que le otorgó por unanimidad la Cámara de Senadores esta mañana. Se espera entonces que este miércoles ocurra lo mismo en Diputados y pueda presentar oficialmente a los integrantes de su gabinete.
Los senadores opositores esgrimieron algunas críticas hacia el proyecto, a pesar de haberlo votado a favor. Entre ellas mencionaron el Artículo 38, que promueve las jubilaciones y los retiros voluntarios para “eficientizar” el Estado, con la sospecha de que se puedan vulnerar derechos de los trabajadores. Desde el radicalismo respondieron que “no debe haber ningún miedo” en su aplicación.
Puntualmente este artículo -uno de los últimos del proyecto- indica: “Autorízase al Poder Ejecutivo, conforme lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley de Administración Financiera a realizar reestructuraciones, programas de jubilaciones o retiros voluntarios anticipados, reorganizar, fusionar, escindir o suprimir órganos y cargos de sus dependencias, modificaciones de la Planta de Personal o las reformas de sus organigramas administrativos que sean necesarias o convenientes para eficientizar las funciones del Estado”.
“Asimismo, queda facultado para realizar las modificaciones presupuestarias y de las relaciones jerárquicas y funcionales legalmente establecidas, con el objeto de optimizar su funcionamiento”, agrega la norma.
Durante el debate, el peronismo puso el ojo en su aplicación. El senador Félix González (PJ) cuestionó que “el artículo 38 es muy amplio en cuanto a las atribuciones que va a tener el Ejecutivo. Lo que queremos dejar en claro es que no pueden vulnerarse los derechos de los trabajadores. Si después alguien quiere entrar a un sistema de retiro voluntario de ese tipo por su cuenta, será otra discusión”.
Félix apuntó a que las fusiones de áreas muy distintas podrían perjudicar los convenios colectivos de trabajo vigentes y también los acuerdos paritarios, por lo que prestaron principal atención a eso. Y puso como “eje central” al área de Desarrollo Social que se “desparramó” en distintos ministerios y podría generar “grandes cambios porque empezarán a convivir personas que están bajo sistemas de trabajo muy distintos en cuánto a cargas horarias, salarios, etc”.
Por su parte la jefa del bloque del PJ en el Senado, Adriana Cano, reconoció que es una facultad del gobernador poder diseñar el funcionamiento de su gestión, pero reclamó “poner especial atención a que no se alteren los regímenes salariales y los convenios colectivos de trabajo que ya se encuentran enmarcados en el funcionamiento del actual Poder Ejecutivo”.
“Vamos a estudiar y a seguir muy de cerca el respeto constitucional que tienen de derecho adquirido todos esos trabajadores que están cobrando sus haberes con acuerdos paritarios que deberían respetarse, más allá de la estructura”, advirtió la senadora.
El jefe del Interbloque de La Unión Mendocina, Germán Vicchi, también se expresó al respecto y pidió “tener mucho cuidado porque van a haber trabajadores que se van a ver afectados con estos cambios y lo primero que tenemos que hacer nosotros es salvaguardar y protegerlos. Pongamos especial atención al respecto”.
Luego de las observaciones opositoras, quién recogió el guante por parte de Cambia Mendoza fue la senadora Mercedes Rus. Primero agradeció que los demás bloques acompañen al oficialismo en la aprobación y luego desalentó las preocupaciones surgidas.
“Creemos que no tiene que haber ningún miedo respecto de los trabajadores porque los convenios colectivos y aquellas configuraciones laborales, porque el artículo 38 establece que se podrán realizar todas las reestructuraciones y modificaciones, pero en el marco de la ley y para modificar cuestiones paritarias la única soberana es la mesa paritaria”, contestó.
Y agregó que “es un sistema de reacomodamiento que ya se viene practicando en la provincia de Mendoza”, por lo que recordó que “hace unos años se incorporó en la ley de Presupuesto una cláusula que permitía estos reacomodamientos y que establecía que se daba respetando el marco paritario, los convenios colectivos y demás normas, justamente para que no hubiera ninguna duda respecto a los derechos adquiridos y contenidos en estos convenios colectivos”.
“Por lo tanto, entendemos que esta ley contiene los objetivos de un gobierno que entendió que estas eran las mejores herramientas y el mejor diseño para cumplir con los objetivos estratégicos propuestos”, completó la legisladora radical.
Ley de Ministerios
La nueva estructura que propone Cornejo se basa en algunas modificaciones para encontrar una gestión “más ágil y controlada”. Habrá un ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Para eso, se disolverá la actual cartera que dirige Mario Isgró, que pasará a la órbita de Gobierno.
No obstante, englobará a varias reparticiones, tales como Transporte, Aysam (ambos en la secretaría de Servicios Públicos, que también dejará de existir como tal), Irrigación (ente autárquico), Vialidad, EMOP, EPAS, STM y el IPV -que también sufrirá modificaciones a futuro-. Además, Las áreas de Adultos y Discapacidad, ya no dependerán de Salud, sino de esta nueva cartera.
En tanto, Justicia ya no dependerá de la cartera de Gobierno y pasará a la órbita de Seguridad, cuyo ministerio se llamará de Seguridad y Justicia.
Por un lado, se mantendrá el ministerio de Hacienda y Finanzas, al cual se le agregarán algunas competencias, como por ejemplo un seguimiento de lleno en paritarias gremiales, punto en el cual hasta la fecha sólo intervenía para manejar lo presupuestario.
Dentro de Hacienda, estará el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, la Administración Tributaria Mendoza (ATM), la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI), Cuyo Aval, el Fondo para la Transformación y el Crecimiento y Mendoza Fiduciaria.
En tanto, se creará el ministerio de la Producción, que incluirá las actuales áreas de Agricultura, Ganadería, Comercio, Agroindustria y también la producción del empleo.
En este ámbito estará el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen), Aeronáutica de Mendoza Sociedad Anónima (AEMSA), el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y el Instituto de Desarrollo Comercial (IDC).
También se creará el nuevo ministerio de Energía y Ambiente, que englobará además a las áreas de Petróleo y Minería; así como también el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), la Empresa Mendocina de Energía SA (EMESA), Impulsa Mendoza SA y Potasio Río Colorado (PRC).
En tanto, se reconvertirá la DGE, manteniéndola como marca la Constitución, con un megaministerio de Educación, Cultura, Infancia y DGE.
Habrá una secretaría de Infancias, Adolescencias y Juventudes, con el objetivo de coordinar las intervenciones en el “acceso pleno a derechos”. Tendrá a su cargo la coordinación de acciones para la promoción, protección y restitución de derechos, abarcando la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (DGP) y la Dirección de Responsabilidad Juvenil (DRPJ) dentro de su ámbito.
El procedimiento para designar al futuro director de la DGE se llevará a cabo como se realiza tradicionalmente, con la votación del pliego en el Senado. El dirigente designado para tal tarea es el intendente de Godoy Cruz saliente, Tadeo García Zalazar.
Finalmente, Salud y Deportes estará sin el área de Desarrollo (parte quedará en el ministerio de Educación; y la otra parte en Gobierno). Relacionadas con esta cartera, estará la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) y todos los hospitales públicos descentralizados.
Habrá dos entes autárquicos que ya están creados y “no generarán gastos”, dijo. Uno es el Emetur, que llevará toda la política turística, y el otro ente será el de ProMendoza, se encargará de la internacionalización de la provincia, “fortaleciendo la diplomacia y las alianzas estratégicas”.
