Alfredo Cornejo protagoniza hoy una movida armada con el objetivo de “exportar” una política de Mendoza en materia de seguridad: la creación de un registro nacional de datos genéticos que sea útil para todas las investigaciones criminales.
En concreto, el senador radical y presidente del interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio, junto al diputado nacional Juan Martín, presentará en un anexo del Senado nacional (salón Auditorio Emar Costa) la propuesta de modificación de la ley nacional 26879. Esta ley fue sancionada en 2013, pero la reglamentaron recién en 2017 y en la actualidad contiene apenas 400 perfiles genéticos.
En cambio, el registro mendocino, que se creó a partir de la ley 8916, sancionada en 2016, cuenta hoy con 65 mil muestras extraídas y “es la base de datos más amplia de Latinoamérica”, según los voceros del ex gobernador mendocino.
Obviamente, la ley 8916 fue sancionada durante la gobernación de Cornejo y el registro de huellas fue una de sus políticas principales en materia de seguridad. Por eso, es la “inspiración” para el cambio que se buscará efectuar a través del Congreso.
Desde el equipo de Cornejo difundieron que el problema de la ley nacional es que fijó que se almacenaría solamente la información genética obtenida en el curso de una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual. “Esta característica dificultó que el actual registro cumpliera con su fin primigenio, al estar limitado solamente a aquellas personas con condena firme, reduciendo su margen de acción”.
En consecuencia, el objetivo será ampliar la facultad de tomar huellas a nivel nacional.
A diferencia de la Nación, la experiencia provincial ha permitido encarar la investigación de diferentes delitos. Actualmente el registro local ha realizado ya “casi 500 impactos identificatorios” positivos, consignaron desde el equipo de Cornejo.
De estos impactos, 157 correspondieron a investigaciones sobre delitos de abuso sexual, 127 a robo agravado, 86 a homicidios, 24 a robos simples, 3 a delitos de lesiones, 7 a hurtos y 19 a otros delitos.
En la elaboración del proyecto fueron cruciales los aportes de Miguel Marino, director del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas de Mendoza; y de las asociaciones de la sociedad civil que luchan por los derechos de las víctimas. Más concretamente, Isabel Yaconis, de la asociación Madres del Dolor; y Guillermo Bargna, de Usina de Justicia.
