La provincia de Córdoba afronta una particular controversia, originada en la publicación del gobierno provincial de un particular gasto que realizó el Ministerio de Salud.
Se trata de 259 millones de pesos que fueron empleados “en semen” y que fueron rendidos como tales, pero sin brindar mayores detalles. La situación fue denunciada por las legisladoras de la oposición Cecilia Irazuzta y María Rosa Marcone, quienes formularon un pedido de informe luego de que la abultada cifra y el particular motivo de gasto aparecieran publicados en el Portal de Transparencia de Córdoba .
Según lo detalló La Voz, se trata de gastos registrados en el Comprobante 2222- 21111222, por 259 millones de pesos para la adquisición de semen. Dicha cifra habría sido abonado por el Ministerio de Salud a través del llamado Fondo Covid.
Marcone aseguró que detectó la irregularidad “el lunes a las 10.33”. la legisladora preguntó hoy en el recinto que “¿Es fluido masculino ayuda a prevenir o atender alguna enfermedad epidémica? ¿Quién es el verdadero beneficiado de la compra de estos productos?”.
“La respuesta hará referencia a un error de un empleado. Se me hace muy difícil pensar en qué error puede cometerse. ¿Se equivocó un empleado? ¿Inventó una factura? ¿Buscaba quedarse con la plata? ¿O era una factura que correspondía a otro cosas”, afirmó.
Tal como lo preveía, desde el gobierno provincial se limitaron a afirmar que todo se debió a un error administrativo tras la carga indebida de la información por parte de un empleado. Alejandro Gauto, secretario de Coordinación del Ministerio de Salud provincial, afirmó que se trató de un “error administrativo” y aclaró que esa suma “no se gastó”. El importe apareció cargado como parte del “Fondo Covid-19”.
“Fue un error de carga. Lo que se maneja en el cupo presupuestario, a veces hacen cargas y esto fue un error, simplemente eso. Esta plata no tiene expediente de respaldo, no se gastó”, detalló Gauto a Canal 12 de Córdoba.
A su vez, los opositores pidieron información por la contratación por 19 millones de pesos de un “servicio de plantación de cultivos” y la supuesta adquisición por 2,8 millones de pesos de una “caseta de vigilancia”.
La respuesta oficial la brindó la legisladora oficialista Liliana Abraham, quien señaló que se trató de un “registro erróneo” ocurrido el 31 de marzo, previo al feriado, a las 12.51, “minutos antes de que finalice la jornada laboral del agente”, detalló La Voz.
