El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, anticipó los lineamientos que planteará este jueves en el Congreso Municipal que se desarrollará en Tupungato, con motivo de discutir posturas para reformar la Ley de Coparticipación que data desde el año 1996.
En una extensa nota de opinión, el jefe comunal celebró que el Gobierno provincial haya abierto la discusión porque “presenta una valorable oportunidad para diseñar una legislación más acorde con la realidad actual de Argentina y Mendoza”.
Además, destacó que la Provincia es una de las que más recursos coparticipa a sus municipios, diferenciándose de la observación del PJ que apunta a aumentar la distribución primaria.
Suárez señaló que previamente a la ley actual, Mendoza “supo tener regímenes previos que introducían incentivos de responsabilidad fiscal; donde casi un tercio de los indicadores fomentaban un comportamiento fiscal responsable”.
“Sin embargo, los problemas financieros de muchos municipios ocurridos a mediados de los noventa motivaron adelantos y transferencias ´extra régimen´ de la Provincia, y esto generó presión de ciertos gobiernos municipales para no devolver los fondos anticipados, y al mismo tiempo administrar los recursos recibidos sin consecuencias de premios o castigos basados en la eficiencia fiscal. En este contexto nació la presente Ley en 1996, con limitaciones que generaron un lamentable retroceso”, criticó el intendente.
Entonces, apuntó que “en la actualidad, la mayor parte del dinero que reciben los municipios mendocinos se distribuye (en un alto porcentaje: 90%) de acuerdo con dos criterios: la cantidad de habitantes (65%) y una suma fija para todos por igual (25%)”, lo que implica que los municipios más poblados reciban más dinero, “aún cuando no necesariamente sean los que más lo necesitan”.
“Hay casos como el de la Ciudad de Mendoza que presta servicios diariamente a una cantidad de personas que llega hasta triplicar a su población contribuyente, sin que ello sea reconocido en el actual régimen”, aseveró Suárez. Y agregó que “la distribución en partes iguales carece de justificación racional para contar con una ponderación tan significativa (un cuarto del total)”.
Los lineamientos que impulsa Suárez
Mayor correspondencia fiscal: es fundamental incentivar a los municipios para que generen recursos propios prestando servicios de calidad y promoviendo la llegada de inversiones que produzcan crecimiento económico, buscando además una máxima eficiencia en la recaudación. A su vez, deben establecerse parámetros de reparto que consideren lo que cada municipio aporta a la recaudación nacional y provincial a través de su actividad económica (criterios devolutivos). La correspondencia fiscal, que hoy se encuentra prácticamente ausente, debería combinarse armónicamente con criterios compensatorios (población) y redistributivos (partes iguales), cuya ponderación actual debería ser reducida: en la ley de 1988 la población representaba el 35 % y no había distribución en partes iguales. Sin duda, era un mejor régimen.
Incentivos a la responsabilidad fiscal: se debe fomentar una sana competencia entre los municipios para mejorar su desempeño fiscal mediante indicadores que sean revisados periódicamente. Por ejemplo, premiar a los municipios cuyo gasto de capital (planificado, sostenido y justificado) sea relativamente alto respecto al total de erogaciones, o a aquellos municipios que minimicen el costo de prestación de servicios, o a quienes tengan mayor capacidad para financiar sus propios gastos. De este modo, los municipios fiscalmente más eficientes serán recompensados y aumentarán su participación.
Fondo de emergencias: es necesario prever un fondo de emergencias que permita compensar posibles fluctuaciones en los ingresos y asegurar la prestación de los servicios públicos, promoviendo así un carácter contracíclico del gasto público.
Transición entre regímenes: para facilitar la transición de un régimen al otro, podría establecerse una garantía de coparticipación que asegure que ningún municipio reciba una suma inferior a la del ejercicio anterior al dictado de la nueva norma. Y el excedente se distribuiría conforme a las nuevas disposiciones de la ley. En poco tiempo, si hay una recuperación económica, esta garantía sería ampliamente superada.
