El Gobierno provincial convocó a los 18 municipios para comenzar a discutir un nuevo reparto de la coparticipación. Si bien reina la cautela y en algunos casos cierto escepticismo, hay algunos que preparan estudios y pretenden que pueda ser el paso inicial para una reforma necesaria de la ley, que está vigente desde 1996.
Varios consultados por Los Andes sostuvieron que irán a “ver qué surge de la reunión”, que se realizará el próximo 5 de diciembre en Tupungato, con motivo de un nuevo congreso municipal, que contará con la participación del ministro de Gobierno, Natalio Mema; y el de Hacienda, Víctor Fayad.
En la previa, el Poder Ejecutivo pidió que antes del 18 de noviembre las comunas envíen sus visiones y propuestas del tema.
En términos generales, la ley actual establece que la provincia reparte el 18,8% de todos los recursos a los departamentos. De ese total, un 65% se distribuye por población; un 25% en partes iguales; y un 10% que es el coeficiente de equilibrio.
Casi todos los jefes comunales están de acuerdo con que la ley que establece los criterios de la participación municipal “debe ser reformulada” de plano, y evitar los “parches” que se han aplicado periódicamente, sobre todo porque la ley, que lleva 28 años vigente, se pensó para una realidad diferente a la que actualmente atravesan las comunas.
La última “mini reforma” a la ley se dio este año, cuando el Gobierno de Alfredo Cornejo envió un proyecto -que se transformó en ley- con el que se pretendió achicar mediante el coeficiente de equilibrio los desfasajes del impacto del Censo 2022, que cambió considerablemente los porcentajes de recursos que llegan a cada departamento (el que estaba vigente era el del Censo 2010).
Posturas
Desde la comuna peronista de San Rafael, el secretario de Hacienda, Marcelo Gómez, sostuvo a Los Andes que buscarán un reparto “más justo y que se adapte a las diferentes realidades de los departamentos”.
Indicó que pedirán que se realice “estudio de fondo” para terminar con los “parches” y acotó que la postura desde la comuna sureña es “considerar la densidad demográfica y que se tenga en cuenta la extensión geográfica de cada departamento”.
“En San Rafael tenemos que prestar servicios en 32.000 kilómetros cuadrados y un poco más de 100.000 habitantes están en el centro urbano. Llegar a localidades fuera de ese rango con servicios es completamente más caro que un departamento del Gran Mendoza con la misma cantidad de habitantes pero sensiblemente menor en territorio”, señaló.
Gómez expresó que “hoy no se toma en cuenta la extensión geográfica del municipio” y que se tiene en cuenta particularmente la cantidad de habitantes para el reparto de dinero.
“Debemos ir a un reparto que deje tranquilos a todos. Se trata de establecer criterios justos y que incluyan todas las variables y realidades de los departamentos. Hoy el reparto actual distorsiona y es injusto”, agregó.
Quien ha presentado mayores críticas a la legislación actual, así como también a la reforma de este 2024, ha sido el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, quien expuso en duros términos que prácticamente no espera nada del congreso.
El jefe comunal declaró que el mismo “no es vinculante” ni tendrá fuerza ejecutiva. “Es una mera discusión entre funcionarios municipales, porque ni siquiera están convocados los intendentes”, dijo. Y alimentó con sorna su enojo al sostener que “para show, hubieran realizado el evento en el Teatro Independencia”.
El malestar de Mansur se traduce en que la ley se reformó hace 4 meses y no cree que puedan existir avances. “Me junté con el Gobernador, con los ministros, con los legisladores, y el resultado fue negativo para Rivadavia. Mantuvieron el coeficiente negativo para una comuna que en 1996 era la primera en regalías petrolíferas y hoy está quinta. Hasta los ministros me dieron la razón. Pero la ley se mantuvo igual”, declaró.
El dato que muestra es que en el presupuesto 2025 Malargüe liderará cómodamente las regalías petrolíferas, con $15.990 millones, luego aparece Luján ($1.836 millones), Tupungato ($1.847 millones), San Carlos ($1.325 millones), Rivadavia ($1.290 millones), y lejos San Rafael ($343 millones) y Maipú ($174 millones).
Mansur agregó que hoy Rivadavia “recibe menos dinero que otras comunas con menor cantidad de habitantes. Es una injusticia total”. Y pidió en vez de este congreso, el Ejecutivo prepare directamente un proyecto de ley y se discuta en la Legislatura. “Por ahora, esto es un paisajismo”, remató.
Señaló también que Rivadavia tiene 63.724 habitantes y recibirá en 2025 de coparticipación $17.979 millones, mientras que por ejemplo, General Alvear tiene 52.584 habitantes y recibirá $22.907 millones; o la mencionada Malargüe, que tiene 32.717 habitantes y recibirá $27.890 millones.
Desde Luján de Cuyo, el intendente Esteban Allasino sostuvo a Los Andes que está “abierto al diálogo y permanentemente en la búsqueda del consenso”, pero acto seguido agregó que seguirá su prioridad de “defender los intereses de Luján”.
El intendente apuntó directamente contra Godoy Cruz, sobre el cual dijo que se vio “claramente beneficiado por la reforma de la ley, en desmedro de Luján, así que nosotros vamos a seguir con nuestra ferra de defensa a los intereses del departamento y a la expectativa de que la Justicia de Mendoza resuelva nuestra presentación hace nueve meses”. La misma pide un resarcimiento económico por los territorios que ganó en litigios con Maipú.
Y lanzó: “Estamos abiertos al diálogo y proponer con una mirada muy honesta sobre las cosas que funcionan mal, que son responsabilidad del gobierno provincial y afectan al municipio. Ojalá que este espacio de diálogo sirva para algo y no sea una pérdida de tiempo o una juntadita para la foto”.
Sobre la ley actual, dijo que es “vetusta” y que los “reiterados intentos de parches perjudican el desarrollo económico de la provincia”. Su propuesta, en tanto, irá a establecer “componentes de coparticipación devolutiva, en donde esté contemplada la meritocracia, para que cada uno tenga la debida recompensa en relación a la eficiencia, el real desarrollo económico y la realidad fiscal”.
Por el lado de Capital, en varias oportunidades el radical Ulpiano Suárez ha marcado la necesidad de una nueva ley, que contemple no sólo la cantidad de habitantes (tienen 127.160) sino también el hecho de “recibir” todos los días a 400.000 mendocinos y, por ende, prestar servicios acordes para ello.
Al igual que Allasino, también mencionaron que se debería contemplar en una nueva ley “el manejo de las finanzas” y que se premie al que tiene sus cuentas en orden y de manera eficiente.
Un dato clave que también pondrán sobre la mesa es el porcentaje coparticipado y el “aporte al PBG” que tienen las comunas. En un estudio que realizó Capital, resalta que aportan un 18,6% al PBR y reciben el 6,37% de la masa coparticipable. En ese estudio, una situación similar le ocurre a Luján, con más aporte al PBG que lo recibido por coparticipación.
En Las Heras adelantaron que están preparando junto a la Asociación Argentina de Presupuesto un estudio profundo sobre la coparticipación; y que se analizarán “los indicadores para una nueva ley con mayores incentivos a ser más eficiente”.
Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz, habló a Los Andes, de la población “pendular” -al igual que Capital- y que su comuna “presta servicios para mucha gente que no vive allí”, por lo que ese punto “debería ser tenido en cuenta”.
“Es momento de empezar a discutir los temas de la Mendoza que viene”, dijo el intendente, y apuntó a que “hay que ir a hechos concretos y realidades más que lo que pueda decir cada intendente; y poner en análisis todos los puntos”. Y disparó: “El 25% se reparte en partes iguales, pero hay municipios que tienen cero incentivo al sector privado”.
Desde Guaymallén, Marcos Calvente ha señalado que la actual ley “no sirve” y que hay que replicar formas de reparto de otras provincias a nivel mundial, donde no se tiene en cuenta solo la cantidad de habitantes, sino la población a la que se asiste.
De hecho, marcaron que en reparto per cápita, Guaymallén es la última, junto con Maipú, cuyo intendente, Matías Stevanato, también se ha quejado de la última reforma de la coparticipación que se dio este año.
Desde Lavalle, el peronista Edgardo González se mostró abierto al diálogo y dijo que se inclinará en “criterios redistributivos, que son los que más alientan a la igualdad social, al desarrollo y al crecimiento”.
Hará hincapié en la lejanía que tiene Lavalle respecto a los centros urbanos, la incidencia de la ruralidad y la gran extensión territorial de la comuna.
“Nosotros no podemos estandarizar los servicios públicos en todo el departamento, justamente por las grandes extensiones. Y tampoco, podemos hacer lugar a todas las demandas de obras y servicios públicos que la sociedad nos requiere”, mencionó.
Quienes opinaron que la coparticipación hay que dejarla tal cual está hoy, fueron dos, pero con diferentes fundamentos.
Para el tunuyanino Emir Andraos, “no es momento hay para ponerse con eso” y señaló que sería “más positivo analizar la autonomía municipal en otros aspectos”.
En tanto, desde Tupungato se limitaron a afirmar que están “de acuerdo con los índices de coparticipación actuales”.
