El conflicto judicial que afecta a Daniel Orozco, actual intendente de dicho departamento, y a Janina Ortiz, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras, tuvo un nuevo capítulo con la presentación de planteos de la defensa en busca de anular las imputaciones en su contra en la causa de las cooperativas.
Ortiz será imputada, junto a otros funcionarios de la municipalidad, por fraude en perjuicio de la administración pública en el caso famoso de cooperativas “truchas”. La citación realizada por el Ministerio Público Fiscal es por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en la modalidad de administración infiel, en calidad de coautores (la secretaria de Gobierno y el actual intendente) en carácter de partícipes primarios.
La abogada Elena Quintero pidió una excepción por falta de acción (por inexistencia de delito) y la nulidad de la audiencia convocada por el Ministerio Público Fiscal. La letrada alega que la citación está basada en una “persecución política” y no está fundamentada en un interés con fines jurídicos.
Además, en lo que respecta al delito por el cual se acusa a Ortiz “lo efectuado por el MPF carece de una imputación clara, precisa y circunstanciada, dotada de todos los elementos necesarios de tiempo, lugar y modo”, señala Quintero.
El pedido de nulidad enfatiza que no especifica el acto ilícito que se cometió y alega que Ortiz no reconoció las firmas de todos los documentos por los cuales se la acusa. Por esta razón, la letrada, realizó un pedido de pericia caligráfica. “Hay dos expedientes completos en donde ninguna firma le pertenece”, señaló la defensora a Los Andes.
En concreto, hay dos contrataciones directas entre la municipalidad y la “Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Ltda” en las que la abogada afirma que en ninguna parte del contrato Ortiz firmó. “Las contrataciones directas exhibidas en audiencia y que son origen de la imputación han sido realizadas sin una sola firma que le corresponda”, confirmó la abogada. La nulidad de acción permite que un “imputado” sea excluido del proceso.
“En estos documentos se requería la firma de ella, y en este caso, no las tiene y, sin embargo, se pagaron igual. Pero esa irregularidad no se la pueden adjudicar a Janina Ortiz”, manifestó Quintero y agregó que: “ Por esto advierto no han fundado en qué consistió en concreto la participación de Janina Ortiz”.
Aparte de las denuncias por dos contrataciones directas con la cooperativa, la causa también está acompañada por denuncias en licitaciones públicas efectuadas por la Municipalidad de Las Heras. Ante ello, la defensa planteó que el control legal de éstas no era una función que le correspondiera a Ortiz.
Quien era encargado de llevar el procedimiento legal de las licitaciones era Mauro Homan, ex director de Asuntos Legales de Las Heras, y cercano al Intendente radical electo, Francisco Lo Presti, quien actualmente está imputado junto a Ortiz y Orozco. El procedimiento a seguir era el siguiente: “primero va la subsecretaría de Políticas Sociales, después pasa a Secretaría y a la parte de Compras, a la Legal y después a la Contable”, de acuerdo al testimonio brindado por Orozco en Radio Mitre.
Además, añadió que los expedientes que contienen la rúbrica realizada por la secretaria de Gobierno ya habían pasado por el departamento legal y contable de la municipalidad. “Ese control no le corresponde a ella, ya que no es abogada”, declaró Quintero.
“De esta manera, no surgen de las pruebas obrantes de qué manera Janina Ortiz administró infielmente los intereses confiados, y, menos aún, cuando no se ha valorado sus dichos y corroborado con la pericia caligráfica respectiva”, cerró en su escrito la letrada.
Una curiosidad es que la abogada de Ortiz, también fue, en un principio, quien asesoraba legalmente en las causas a Orozco, pero actualmente se desprendió de su defensa. Es por esto que, de acuerdo a la letrada Quintero, las mismas causas que fundan la nulidad de la acción, corresponden al intendente Orozco, que estará en funciones hasta la asunción de Lo Presti. Pero será su patrocinador legal (Guillermo Davila) quien deberá presentar los mismos recursos.
Fueros legislativos
La abogada también alude a los fueros que goza Ortiz tras ser electa Diputada Provincial. Y es que el artículo 16 del Código Procesal Penal de Mendoza establece en su artículo 16 que cuando se efectúe un requerimiento contra un legislador, el fiscal de instrucción “practicará todos los actos de carácter probatorio, conservativo, y podrá tomarle declaración, a su pedido, sin requerir el desafuero”. Este artículo finaliza así: “Si existiera mérito para proseguir la causa, solicitará el desafuero a la cámara legislativa que corresponda, acompañando una copia de las actuaciones y expresando las razones que lo justifique”.
El proceso que iniciará Janina Ortiz no se limita al pedido en este caso en concreto. Su defensa aseguró que iniciará acciones legales en contra de los fiscales de la causa porque, según el testimonio de la abogada, las imputaciones primero circularon por los medios de comunicación y luego se efectuaron en los canales formales del sistema interno del Ministerio Público Fiscal.
