Un verdadero escándalo se vive en el Congreso de la Nación luego de que el kirchnerismo recurriera a la Justicia para tratar de frenar los nombramientos en el Consejo de la Magistratura y para apurar el tratamiento del proyecto de ley, antes del 15 de abril, que impulsó el gobierno nacional para ampliar ese organismo, encargado de designar, controlar y sancionar a los jueces.
Con el guiño de un juez federal entrerriano, Daniel Alonso, se presentó un amparo evitando que tanto Cristina Fernández como Sergio Massa designen nuevos representantes. Luis Petri, ex diputado nacional y quien coqueta con la candidatura a la Gobernación en 2023, salió con los tapones de punta. “Buscan un juez amigo para bloquear la conformación del Consejo”, expresó en Twitter
El diputado nacional por el Frente de Todos de Entre Ríos Marcelo Casaretto impulsó una medida cautelar en el Juzgado Federal N° 2 de Paraná para que la Justicia le ordene a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y al titular de Diputados, Sergio Massa, que se “abstengan de designar nuevos miembros del Consejo de la Magistratura”.
“El objetivo de mi amparo es que sea el Congreso de la Nación quien sancione una nueva Ley, y no se pretenda poner en vigencia una Ley ya derogada en 2006″, explicó el diputado del kirchnerismo en su cuenta de Twitter.
En este contexto, Luis Petri opinó que se trata de “un verdadero escándalo institucional que un Juez desconozca el fallo de la Corte, el plazo del 15 de abril que se había fijado y le ordene al Congreso abstenerse de designar representantes en el Consejo de la Magistratura”.
A través de las redes sociales, Daniel Sabsay, expresidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, se sumó a la reflexión del dirigente de la Unión Cívica Radical y le respondió que, según su experiencia, “estamos frente a un golpe de Estado”.
Sin números pero con media sanción
Si el oficialismo no consigue la media sanción definitiva en Diputados para convertir en ley la propuesta de ampliación de la Magistratura que impulsó la Casa Rosada, tal como lo ordenó la Corte Suprema, se deberá respetar el esquema previo a la reforma de 2006 que contempla un total de 20 miembros en el Consejo.
Para garantizar esa cantidad, el Congreso debería designar a un representante por la Cámara de Diputados y otro por la Cámara de Senadores y, en este momento, esos lugares les corresponderían a referentes de Juntos por el Cambio: un senador del Pro y un diputado de la Unión Cívica Radical (UCR).
Por ello, la presentación judicial de Casaretto apunta a evitar esas designaciones de referentes de la oposición y a acelerar el debate restante en la cámara baja. “El 7 de abril el Senado dio media sanción a un proyecto que debemos tratar en forma urgente en Diputados, garantizando el equilibrio en la representación tal como indica el artículo 114 de la Constitución Nacional, y la participación de la oposición”, apeló el legislador por Entre Ríos.
