Como anticipó Los Andes el último domingo, el gobernador Rodolfo Suárez demandará a la Nación por la caída del Fondo de la Soja, una decisión del entonces presidente Mauricio Macri en agosto de 2018 que dejó a todas las provincias sin el dinero que repartía el Fondo Federal Solidario.
Hoy se publicó en el Boletín Oficial de la provincia la decisión del Gobernador de reclamar ante la Corte Suprema de la Nación U$S 75 millones que Mendoza dejó de percibir en los últimos dos años.
No fueron pocas las demandas que recayeron en la Corte desde ese momento -una de las pioneras fue Chubut- y nuestra provincia es una de las pocas que hasta hoy no había reclamado.
El Fondo Federal Solidario que recibían las provincias provenía de las retenciones del 30% de las exportaciones de granos de soja y del 27% de harinas y aceites de soja. Mendoza recibió $ 764.034.587 en 2017.
“La finalidad solidaria proviene del reparto de recursos de origen nacional para reforzar los presupuestos destinados a infraestructura en cada una de las provincias y municipios adherentes”, afirmaba la página del Gobierno luego de su constitución.
En 2018, la Provincia debía recibir $ 944 millones, pero sólo llegaron 659 millones. O sea que se perdieron 285 millones. Para 2019 se contaba con $ 708 millones que no llegaron. El número bajaba porque, progresivamente, la Nación reducía el porcentaje de retenciones a la soja.
En aquel momento, la administración de Alfredo Cornejo indicó que si bien hubiesen querido seguir recibiendo esos recursos, la decisión nacional no tendría un gran impacto en las cuentas porque “no incide mucho en un presupuesto de obras públicas por $ 8.200 millones”.
Hubo rezongos por parte de los intendentes justicialistas y resignación de los oficialistas. Ahora, con la decisión de Suárez, el reclamo se sustenta en lo que hubiera percibido Mendoza de no haberse eliminado el fondo. La suma que se transcribirá en el escrito final es cercana a los $ 5.500 millones de pesos (U$S 75 millones), que equivale a la mayor parte de la nómina salarial de los estatales para julio, valuada en unos $ 7 mil millones.
”El Fondo de Soja son recursos propios de la Nación que en su momento se decidió repartir con las provincias por decreto. Eso fue ratificado por ley del Congreso e incorporado en los pactos fiscales, con lo cual ya no se podía eliminar por un decreto. En ese sentido creemos que el decreto que lo eliminó tiene vicios de inconstitucionalidad”, explicó a este diario el fiscal de Estado.
Simón recordó que son muchas las provincias que ya han iniciado la demanda, pero que aún no hay fallos de la Corte al respecto.
El 15 de agosto próximo, dos años después de la publicación del polémico decreto, existe el riesgo de prescripción y por eso se decidió avanzar en las presentaciones. Hay algunos pasos administrativos previos, pero la decisión final depende de los insondables tiempos de la Corte.