Tal como lo adelantó, y tras las multitudinarias marchas por parte de la sociedad en defensa a las universidades públicas, el presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario que había sido aprobada por el Congreso Nacional.
A través del decreto 879/2024 que fue publicado este jueves en el Boletín Oficial, se estableció en el artículo 1 que se “observa en su totalidad el proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.757″.
En tanto, en el artículo 2, se devuelve “al Honorable Congreso de la Nación el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior”.
La norma del veto presidencial está firmado, además de Milei, por el jefe de gabinete, Guillermo Francos; y los ministros Sandra Pettovello, Luis Caputo, Diana Mondino, Patricia Bullrich, Mario Iván Lugones, Federico Adolfo Sturzenegger y Mariano Cúneo Libarona.
Por qué Milei vetó la ley
Entre las fundamentaciones de la norma, se indica que la ley sancionada por el Congreso “es manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
Acto seguido, se puso énfasis en la ley de Administración Financiera, la cual establece en su artículo 38 que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
También se adjuntó que el reglamento del Congreso prevé que todo proyecto “que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada, por el o los autores del mismo”.
Para la gestión de Milei, tal como establece en los considerandos, dijo que el Poder Ejecutivo “debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas”.
Y dejaron en claro que debería ser, tal como lo entiende el Poder Ejecutivo, la “ley de Presupuesto” la herramienta “para el ordenamiento y planificación del accionar gubernamental”.
De hecho, este miércoles por la noche en un comunicado oficial, la Oficina del Presidente señaló que “el lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025″.
Al margen, establecieron que la recomposición salarial ha sido del 87% entre diciembre del 2023 y agosto del 2024, a diferencia del “resto del personal de la administración pública nacional”, que figura en un 78% de aumento. No obstante, también se admite que la variación del IPC según el Indec para ese mismo período, ha sido del 144%.
Asimismo, interpreta el Gobierno que “el proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente”.
Duro documento y mención a opositores
En la previa del veto, la Oficina del Presidente emitió un durísimo documento en el que confirmaba el veto, antes de su publicación, este miércoles por la noche.
“Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico″, afirmaron.
En el comunicado además se señalan con nombre y apellido a quienes Milei considera responsables de la manifestación contra el gobierno: “En relación con la manifestación política del día de la fecha, el Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodriguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente”.
Y arremetieron: ”Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política”
Finalmente el comunicado cerró con la afirmación que no cederán “ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios. El objetivo del Gobierno es claro: terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer a la Argentina grande otra vez”.
