Una de las tantas causas que componen el escándalo judicial que envuelve a la Municipalidad de Las Heras obtuvo una resolución puntual este miércoles, con algunos ribetes llamativos. Se trata de la golpiza que recibió la secretaria de Gobierno, Janina Ortiz, el pasado 20 de junio en Guaymallén.
En un juicio abreviado realizado este miércoles, el acusado de golpearla fue condenado a seis meses de prisión efectiva por lesiones leves. Se trata de Francisco Daniel Guardia Reale (25), quién admitió que fue el autor del hecho y si bien se trata de un delito excarcelable, deberá cumplir la pena tras las rejas porque se sumó a otra condena por homicidio agravado por el uso de arma en grado de tentativa, por la cual fue recapturado el pasado 28 de junio. Entonces se le unificó la condena de forma composicional a 6 años y dos meses, según definió la jueza Julieta Espínola.
En tanto, Ramiro Augusto Farina, quién estaba imputado como partícipe primario del hecho por ser el conductor que trasladó a Guardia Reale hasta el lugar fue sobreseído porque se comprobó que desconocía el verdadero motivo por el que él le pidió trasladarse hasta allí. Farina declaró que el agresor le pidió ir hasta San José a cobrar un dinero y la Justicia lo comprobó con los mensajes que habían intercambiado. Tampoco fue acusado de encubrimiento, ya que no estaba al tanto de la situación judicial del prófugo.
Al juicio abreviado se llegó por acuerdo de la Fiscalía a cargo del Doctor Darío Tagua, la defensora pública Alejandra Ferrara y la abogada querellante de Ortiz, Elena Quintero.
Guardia Reale admitió que fue él quién atacó a la funcionaria lasherina el pasado 20 de junio, cuando ella caminaba con Priscila Maturano y Mayra Frías por la calle Matienzo de Guaymallén. Según cuenta el expediente le propinó un golpe de puño en su rostro, provocándole lesiones varias. El hecho despertó un revuelo político, con acusaciones de La Unión Mendocina contra Cambia Mendoza.
Cabe señalar que el chofer de Ortiz, Guido Molina, fue convocado por la querella para rectificar que había mantenido una charla con su jefa por la realización de un presunto auto ataque, pero al ser consultado nuevamente si ella se lo dijo en serio, no pudo confirmarlo y consideró que pudo haber sido una broma, informaron fuentes judiciales.
“Hace un mes o mes y medio antes del hecho, cuando ella empezó con sus problemas políticos, no sé si en chiste o no, me tiró que tenía ganas que la golpearan para que quedara mal algún político o alguien, pero no me dijo quién”, declaró Molina en primer momento.
Y reconoció el chat que mantuvo con un amigo suyo, que es policía. “Ella me pidió hace un mes que hablara con unos amigos que yo tenía para que le pegaran y le dije que no me metía en eso”. “Espero que no sea así porque sino se volvió loca”, dice otro de los extractos del chat que fue viralizado.
La querella no extendió la investigación
En el contexto político electoral que se dio el hecho, llamativamente la querella aceptó el juicio abreviado y no extendió la investigación para determinar sí Guardia Reale fue efectivamente enviado por alguien a golpear a Ortiz.
La abogada que representa a Ortiz, Elena Quintero, indicó a Los Andes que su objetivo era llegar al “autor intelectual” del hecho pero sostuvo que con las pruebas recolectadas se iba a volver muy engorroso “investigar cada una de las líneas telefónicas a las que se consideran desconocidas”.
“Teníamos que transformar en expediente a Investigación Penal Preparatoria y dejaba de ser Correcional, con probabilidades escasas de que verdad sepamos quien es, porque cuando entra la política el derecho se va y la justicia también”, comentó.
Y explicó: “Consideramos que era mejor obtener justicia efectiva porque el hecho sí existió, que era hasta algo que se había puesto en duda. Como letrada consideré que se obtenga justicia en el caso concreto y no permanecer dos años, tratando de dilucidar quién mandó a golpear a Janina Ortiz”.
De todos modos, manifestó que seguirá trabajando de forma particular en líneas investigativas porque tiene “vía expedita” para hacerlo, ya que no prescribe por tratarse de una funcionaria pública. “Si obtengo información y puedo aportar una denuncia concreta en la justicia, lo haré”, sostuvo.
Además, dijo que el condenado en ningún momento aclaró si fue enviado o no y no está obligado a decirlo tampoco. “Eso es declarar en contra de sí mismo y es un derecho constitucional”, dijo.
Sin embargo, la propia Ortiz señaló en una rueda de prensa que “falta una parte, quién lo mandó”. “Por lo menos se ha hecho justicia y a ver si esto se viraliza”, desafió la funcionaria, y cerró: ”Él dijo el nombre”, en referencia al autor intelectual.
“Si él admitió su culpabilidad, es suficiente para que tengamos el hecho concluido y dejar que la Justicia pierda tiempo en una investigación que no sabemos a dónde nos va a conducir. El hecho está probado, existió y él la golpeó”, aseveró la letrada.
Sobre la hipótesis de auto ataque, Quintero manifestó que el chofer de Ortiz se “desdijo” en su nueva declaración pero esto fue cuestionado desde el Ministerio Público Fiscal y confirmaron a este medio que eso no sucedió efectivamente.
Una audiencia postergada
La Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras, Janina Ortiz, no tiene definiciones en la causa de coacción por la que está denunciada pero no imputada formalmente. Esto se debe a que una audiencia programada para este martes, en la que un juez de garantías debía resolver dos planteos de la defensa, postergó la resolución.
Sebastián Sarmiento, magistrado que ingresó a la Justicia como juez de Ejecución Penal antes de la reforma del fuero penal que implementó la colegiatura de jueces, es cuestionado por la defensa de Ortiz por su competencia en el caso. Además, debía expedirse sobre la solicitud de archivar la causa.
El expediente por delitos de coacción se abrió en la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados a partir del audio que grabó una empleada en conversación con Osvaldo Oyhenart, subsecretario de Políticas Públicas de la comuna. Ese audio ventila manejos de fondos con cooperativas por el que está imputado el funcionario, pero además impulsó una investigación por coacción, dado que la empleada municipal asegura que fue obligada por Ortiz a realizar la grabación.
