El Gobierno de Alberto Fernández abrió oficialmente ayer el período de consultas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el inicio de la negociación formal para refinanciar un pasivo superior a los 44.000 millones de dólares, con la promesa de achicar el déficit fiscal.
Según pudo saber este diario de fuentes oficiales, en las conversaciones se pedirá un plazo de gracia de unos tres años para comenzar a pagar en marzo de 2024 y alargamiento en el plazo de repago, con cuotas más chicas.
El acuerdo firmado en 2018 por la gestión de Mauricio Macri ya fue cancelado. Tenía un cronograma de 39.000 millones de dólares a ser abonados entre 2022 y 2023, además de los vencimientos semestrales de intereses. La deuda total ya asciende a 47.000 millones.
El inicio de las negociaciones fue acordado ayer por el jefe de Estado y la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, en una comunicación telefónica a la que se sumaron Martín Guzmán, ministro de Economía, y Sergio Chodos, representante argentino ante el organismo.
“Pudimos intercambiar ideas sobre lo que pasa, y saber que, sin prisa pero sin pausa, nos pondremos a trabajar para ordenar el desorden que heredamos”, dijo Fernández en un acto de gestión.
E insistió con que la lógica de las negociaciones rondará en torno a “no hacer sufrir a los que ya mucho han sufrido”. Más tarde, Guzmán y Miguel Pesce, del Banco Central, se comprometieron a bajar el déficit fiscal ante el Fondo.
A media tarde habló Georgieva. Dijo que la conversación fue “constructiva y positiva”. Señaló que Fernández le habló de “prioridades”, en particular la necesidad de “revitalizar la economía y seguir protegiendo a los más vulnerables”. Y señaló que está lista para empezar a trabajar.
Argentina llega a este punto en medio de una crisis fiscal y de divisas, con presiones sobre su tipo de cambio (por una brecha que supera el 80%) y las reservas en caída: ayer cerraron en 42.980 millones, el nivel más bajo en casi tres meses.
En los próximos días habrá otras novedades en el frente financiero de la Argentina. El viernes cierra el canje de deuda en ley extranjera y el 1 de septiembre finaliza el período de adhesión temprana al canje en ley local.
Entre esos canjes, el Gobierno a apunta a reestructurar 107.953 millones de dólares. Además, lo del FMI. Si cierra todo con éxito, la Argentina habrá alargado plazos de su deuda en dólares con un alivio en el flujo de caja que superará los 100.000 millones de dólares hasta 2024.
Además, Guzmán tiene abierta una negociación con el Club de París por un pasivo de 2.100 millones de dólares. Esto es porque considera impagable la tasa del 9% anual que firmó en mayo de 2014 Axel Kicillof, entonces ministro de Economía de Cristina Kirchner.
Una carta con reproches
Guzmán y Pesce firmaron en el Palacio de Hacienda la carta para el inicio del diálogo formal con el FMI. “En los nueve meses de diálogo fuimos capaces de comprender la perspectiva del otro”, dice el texto.
Con esa frase, el Gobierno abrió un paraguas ya conocido: Argentina no puede pagar lo que comprometió Macri. En esa línea, el Gobierno se despachó con un pase de factura al Fondo por su rol ante la gestión de Juntos por el Cambio.
Para Guzmán y Pesce, el acuerdo Stand By (SBA) firmado en 2018 ha “descarrilado”. Ambos sostienen que Macri cumplió con todas las imposiciones aceptadas por Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Luis Caputo y sin embargo la crisis se profundizó.
“Argentina cumplió con los criterios del el SBA y la fuga de activos denominados en pesos continuó y el país no fue capaz de obtener tasas de refinanciación satisfactorias, ni de asegurar la sustentabilidad de la deuda pública”, escribieron los funcionarios.
Señalan que la actividad económica se contrajo 2,6% en 2018, con una inflación del 47,6%; y 2,1% en 2019 con los precios en un record de 53,8%. “Esto, combinado con una contracción monetaria sin precedentes”, dijeron.
Más adelante sostienen que la Argentina fue “severamente impactada” por la pandemia del Covid-19, registrando ya más de 351 mil personas infectadas por el virus y más de 7.366 fallecidos.
Tras señalar las políticas contracíclicas del actual gobierno, Guzmán y Pesce señalan que el esfuerzo fiscal y la caída de la recaudación por la pandemia incrementaron el déficit primario hasta el 3,3% del producto interno bruto en el primer semestre de 2020.
La promesa y pedido
La gestión de Fernández le comunicó al FMI que está determinada a “recomenzar un sendero fiscal consistente una vez que los efectos de la pandemia desaparezcan, reduciendo el déficit de un modo que sea compatible tanto con la sustentabilidad de la deuda pública, como con la recuperación económica”.
Para el Gobierno, el SBA fue inútil ante la necesidad de Argentina en 2018 de restaurar la confianza y generar robustez a través de un incremento del nivel de reservas internacionales. Y ahora, el país enfrenta necesidades de balanza de pagos para el período 2021-2024.
Con los canjes de deuda soberna en ley local y extranjera casi en caja, la Casa Rosada ven en el pasivo con el Fondo la mayor presión para los próximos años. Por eso, pide asistencia financiera (para refinanciar) bajo un nuevo programa.
Tras el envío de la misiva, Guzmán enfatizó: “No es posible la estabilización sin recuperación económica”. El ministro de Economía será el encargado de liderar las negociaciones que, al menos por ahora, se harán por videoconferencia debido al contexto de pandemia.
