Los gobernadores ya están enfocados en el 2025 y en la discusión del primer presupuesto elaborado por la administración libertaria. Aunque en la Casa Rosada creen que podrán contar con el respaldo general de los mandatarios, varios de ellos expresan dudas sobre si brindarán un apoyo total.
Los dirigentes provinciales están decididos a exigir que el gabinete comience a cumplir las promesas de recursos que han hecho a lo largo del tiempo. Las señales indican que se avecina un nuevo enfrentamiento.
Dentro del bloque de gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), dan por hecho que habrá un “endurecimiento” en su postura durante las negociaciones por los fondos nacionales.
Incluso mencionan que esto ya se ha evidenciado en la forma en que votaron los diputados que les responden respecto al veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Además, ratifican que este año las provincias son algunas de las principales contribuyentes al ajuste.
De acuerdo con la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), en los primeros nueve meses del año, los giros corrientes a las provincias se redujeron un 69,8% en términos reales interanuales, mientras que los giros de capital experimentaron una caída aún más drástica del 95,4%.
Para 2025, se proyecta que las transferencias a provincias y municipios alcanzarán los $3,6 billones, de los cuales $3,3 billones corresponden a giros corrientes, lo que representa el 3,1% del gasto total. Esta cifra implica un aumento del 69,9% en comparación con el cierre estimado para este año, impulsado principalmente por las transferencias corrientes (77,4%) y, en menor medida, por las de capital (21,1%).
Politikon Chaco señala que este incremento es casi el doble del gasto general (32,8%), aunque el análisis no puede ser preciso debido a la falta de desagregados.
Un aspecto clave en esta proyección es la asignación de más recursos para la Ciudad de Buenos Aires (CABA) por el pago del 2,95% de coparticipación, en cumplimiento del acuerdo alcanzado a fines del mes pasado entre Luis Caputo y el alcalde Jorge Macri, mediado por la Corte Suprema de Justicia.
Cumplir únicamente con la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y comenzar a transferir fondos de Anses a los 13 sistemas previsionales gestionados por las provincias “podría consumir todo el volumen presupuestado e, incluso, quedarían cortos”, adviertió el economista Alejandro Pegoraro.
Un grupo de gobernadores ha acuñado el término “defaulteadores seriales de promesas” para referirse, de manera irónica, a los representantes de la Casa Rosada que periódicamente les aseguran que “ya se está solucionando, estamos en eso”, cuando plantean problemas como la falta de fondos para las cajas de jubilaciones no transferidas o los recursos prometidos para obras públicas.
Esta percepción es compartida por varios mandatarios, como el cordobés Martín Llaryora, el neuquino Rolando Figueroa, el santacruceño Claudio Vidal, el salteño Gustavo Sáenz y el rionegrino Alberto Wereltinek. Incluso, los gobernadores más alineados con Milei, como los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), reconocen su apoyo a pesar de tener “asuntos pendientes” con la Nación.
La próxima semana, Llaryora, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) se presentarán ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para abordar la situación que enfrentan las provincias, revisar las presentaciones realizadas ante la Corte Suprema de Justicia y actualizar los temas que han planteado al gabinete.
Cuando Milei presentó el proyecto de presupuesto en el Congreso, afirmó que las provincias tendrían que recortar sus gastos en 60.000 millones de dólares en 2025. Sin embargo, el diputado José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto, relativizó esta cifra, mencionando 25.000 millones de dólares. Esta diferencia provocó una rápida reacción por parte de los gobernadores, y la Casa Rosada intentó calmar la situación en una reunión con Luis Caputo y Guillermo Francos.
