Con el envión que le dieron las urnas en las elecciones del último domingo, el ministro de Economía, Sergio Massa, ordenó revisar en el Congreso una serie de gastos del Estado que totalizan casi un 5% del PBI, con la meta de alcanzar un superávit primario del 1% del PIB en 2024.
Se trata de la “separata” que acompaña el proyecto de Presupuesto 2024, y que incluye diversos beneficios impositivos, tratamientos diferenciales y subsidios presupuestarios que otorga el Estado para favorecer a determinados sectores (como jueces o titulares de inmuebles rurales en el exterior) o zonas geográficas (como la provincia de Tierra del Fuego).
El tema comenzará a debatirse este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside el oficialista Carlos Heller. Allí expondrán el titular de la AFIP, Carlos Castagneto; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; el director general de Aduana, Guillermo Michel; y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini.
La pérdida de recaudación estimada para el año que viene por estos tratamientos diferenciales es de 4,72% del PIB, entre gastos tributarios (2,34% del PIB, que comprenden los derivados de normas impositivas y los regímenes de promoción económica) y otros beneficios impositivos con impacto presupuestario (2,38% del PBI).
En la “separata”, Economía propuso limitar o derogar una serie de gastos tributarios y beneficios impositivos con impacto presupuestario negativo del 2,24% del PIB (1,47% en el primer caso y 0,77% en el segundo), “a fin de propender al logro de cuentas fiscales sostenibles que permitan el financiamiento de políticas públicas prioritarias y mantener resultados primarios positivos”.
Gastos tributarios: la propuesta de ajuste
El primer punto donde la cartera económica pone la lupa es la exención del impuesto a las Ganancias para todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial nacional y provinciales (hoy solo tributan los designados desde 2017). Para 2024, la exención genera una pérdida de $566.877 millones (0,16% del PBI).
“Este beneficio no parece estar asociado a una política pública con impacto social general. Influye negativamente en la equidad, igualdad y progresividad del impuesto con relación al resto de los contribuyentes asalariados”, consideró el Ministerio conducido por Massa.
En el apartado de impuesto a las Ganancias también aparece la exención para asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas (0,11% del PBI). En la cartera económica advierten que parte del universo beneficiado comprende a instituciones bancarias y empresas aseguradoras que deberían estar alcanzadas por el tributo.
En cuanto al IVA (Impuesto al Valor Agregado), se propone revisar las alícuotas reducidas que rigen para diversos productos y servicios (0,62% del PBI), como las obras de arte.
Por otra parte, sugieren analizar la reducción de las contribuciones a la seguridad social que rige, por ejemplo, para el Norte Grande o el Programa de Empleo Joven, y que significa en total un 0,08% del PBI. En otro orden, se propone gravar con Bienes Personales los inmuebles rurales ubicados tanto en el país como en el exterior.
Entre los regímenes de promoción económica, el que más gasto genera es el que beneficia a Tierra del Fuego (0,33% del PBI), vigente desde hace cuatro décadas con el objetivo de incrementar la población en la isla. Desde Economía proponen analizar una reducción gradual del beneficio “que incluya la revisión de sectores industriales alcanzados y de sus criterios de implementación”.
El último punto que propone revisar Economía es el régimen para el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Ley 27.264), en lo que hace al pago a cuenta en el impuesto a las Ganancias del 100% del impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente.
Otros beneficios impositivos
Economía también llamó a derogar la exención de inmuebles rurales en el impuesto a los Bienes Personales, que representa un 0,48% del PIB. Advierten que sólo con relación a inmuebles rurales localizados en el exterior, la titularidad se concentra en 450 personas residentes en el país.
Por último, promueven terminar con la dispensa del Impuesto al Valor Agregado que recae sobre los honorarios de directores de sociedades, que representará, en 2024, un 0,29% del PIB.
Compromisos
Tras el resultado electoral, Massa insistió en que en caso de llegar a la presidencia buscará el equilibrio de las cuentas públicas, una condición indispensable para recuperar el crédito y asegurarse los recursos para hacer frente a las obligaciones de deuda.
El actual programa con el FMI impone que este año el rojo primario sea de 1,9% del PBI y que se reduzca a 0,9% en 2024. Pero las últimas medidas de expansión del gasto público tomadas después de las PASO estaría aumentando en al menos 1 punto del PBI el desequilibrio primario, según estimaron diferentes estudios económicos.
Horas antes de las elecciones, el Ministerio de Economía informó que en septiembre el rojo primario trepara a los $ 380.000 millones de pesos, equivalentes a 0,21% del PBI. Pero cabe apuntar que este resultado no incluyó los efectos del “Plan Platita” que comenzarán a sentir con mucha más fuerza en el último trimestre del año.
Según cálculos de IARAF entre enero y septiembre el déficit primario acumulado es de 1,44%, contra 1,33% de igual período del año pasado.
Una evaluación similar de la situación fiscal realizó la consultora Ecolatina, quien además sugiere que ya estaría incumplido el acuerdo con el FMI en el plano fiscal.
“Los factores político-electorales sin duda afectarán la dinámica fiscal en el último trimestre del año. ¿A qué nos referimos? Estimamos que difícilmente el Gobierno cumpla con la meta fiscal para 2023 ¿Cuáles son nuestros argumentos? Tanto la confirmación del ballotage entre Massa y Milei en noviembre como la aprobación del segundo tramo del swap con China generan los incentivos suficientes como para que el oficialismo impulse una política fiscal más expansiva”, señaló la consultora.
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