Tras quedar en el ojo de la tormenta al ser acusado de fomentar la suba del dólar blue, el candidato presidencial Javier Milei volvió a votar a favor de un proyecto de ley de su rival Sergio Massa. Se trata del programa “Compre sin IVA”, que la Cámara de Diputados aprobó este martes con 134 votos a favor, ninguno en contra y 107 abstenciones.
La iniciativa del Ministerio de Economía, que ahora pasó al Senado, es la segunda que acompaña el postulante de La Libertad Avanza después de la eliminación del impuesto a las Ganancias, lo que reavivó las sospechas de Juntos por el Cambio respecto de un “pacto” entre Milei y Massa.
El proyecto aprobado busca perpetuar el programa vigente desde el 18 de septiembre por el cual se reintegra el 21% del Impuesto al Valor Agregado por las compras de productos de la canasta básica realizadas con tarjeta de débito, con un tope de 18.800 pesos mensuales por beneficiario.
Milei votó a favor, pero no habló en el debate. Solo intervino en la sesión para repudiar el atentado terrorista de Hamas en Israel. Sus pares Victoria Villarruel (compañera de fórmula) y Carolina Píparo (candidata a gobernadora bonaerense) también acompañaron el proyecto de Massa.
Durante el debate, el candidato de La Libertad Avanza fue señalado como responsable de la corrida del dólar, que superó los 1.000 pesos. “Hay una acción clara y decidida de terrorismo económico y desestabilización económica y política por parte de sectores ligados a los fondos buitre que están claramente vinculados a uno de los candidatos que está aquí presente en el recinto”, denunció el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez.
Compre sin IVA
Además de Milei, los demás votos a favor fueron del Interbloque Federal, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y otros bloques minoritarios. Juntos por el Cambio, en tanto, se abstuvo. “El kirchnerismo sigue votando leyes en Diputados que promueven la hiperinflación. Milei ayuda. No digan que no sabían lo que hacían”, advirtió el jefe del bloque radical, Mario Negri.
El interbloque opositor propuso modificaciones que no fueron aceptadas por el Frente de Todos: incluir a los trabajadores informales en el beneficio; prohibir el financiamiento del Banco Central al Tesoro; y limitar la vigencia del “Compre sin IVA” hasta el 9 de diciembre para no “condicionar” al próximo gobierno. Estas últimas dos modificaciones también fueron rechazadas por Milei.
Según cifras aportadas por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, ya se efectuaron reintegros por más de 36.000 millones de pesos y ya hay 18 millones de personas beneficiadas, sobre un universo potencial de 20 millones. “Es un resultado exitosísimo”, celebró el oficialista.
Los beneficiarios son trabajadores en relación de dependencia públicos y privados que cobren hasta seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, jubilados que cobren hasta seis haberes mínimos, monotributistas de todas las categorías que no tengan otros ingresos en relación de dependencia, beneficiarios de prestaciones sociales y personal de casas particulares.
Heller explicó que se apunta a “ir modificando la progresividad del sistema tributario para llegar a que paguen más los que ganan más y los que tienen mayor riqueza”. A su vez, resaltó que esto “genera un inmediato impacto positivo en la formalización de actividades”. También negó que sea una medida “electoralista” porque, señaló, entrará en vigencia en enero de 2024.
Críticas de Juntos por el Cambio
La principal oposición advirtió que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley tendrá un impacto fiscal del 1,29% del PBI en 2024 (Heller habló de un 1,01%). “Perdemos recaudación pero seguimos gastando lo mismo, entonces profundizamos el déficit fiscal, recurrimos a la emisión para financiarlo y profundizamos la inflación”, describió Alejandro Cacace (Evolución Radical).
Cacace, encargado de defender la propuesta alternativa de Juntos por el Cambio, también advirtió que “haciéndolo por ley, se puede afectar los ingresos coparticipables de las provincias”, que ya se vieron perjudicadas por la eliminación del impuesto a las Ganancias. “Se está llegando a afectar entre tres y cuatro meses de salarios de muchas provincias argentinas”, dijo.
También cuestionó que no se incluya entre los beneficiarios a los trabajadores informales ni a los desocupados, y sostuvo que “más que darle continuidad a la medida, se busca condicionar la política tributaria del próximo gobierno”. “Nosotros elegimos el camino de la responsabilidad. Hagamos una devolución ahora, sí. Pero no profundicemos este camino de irresponsabilidad para con el Estado y sus finanzas”, pidió.
En el mismo sentido se expresó José Luis Espert (Avanza Libertad). “Otra vez la burra al trigo. Otra vez votamos una baja de impuestos sin la correspondiente baja del gasto público”, se quejó. Afirmó que el déficit debería ser considerado un “pecado mortal” y pronosticó que “el año que viene arranca con casi 5 puntos de déficit”.
Otro economista, Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) habló de “un descalabro fiscal que se inscribe en una inflación en ascenso a un ritmo estremecedor”, y acusó a Massa de cometer “la tentación de hacer de Papá Noel y que lo pague otro”.
Antes, Heller se había adelantado a las críticas. “Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, pero creemos que tenemos que ser enemigos del ajuste como mecanismo para resolverlo. Hay que trabajar en las políticas de ingresos, de progresividad impositiva, en atacar las fugas del sistema impositivo”, opinó.
El proyecto aprobado, que ahora pasó al Senado, sufrió dos modificaciones: se incluyó el diferencial del 22% por zona patagónica, y se incorporó como beneficiarios a destinatarios de prestaciones sociales de diversos programas dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Ley de alquileres
De madrugada, Diputados se encaminaba a sancionar la nueva ley de alquileres, pero los números eran ajustados y se presentaba un final abierto, sujeto a posibles ausencias y un puñado de votos clave.
El oficialismo buscaba aceptar los cambios introducidos por el Senado, es decir, mantener los contratos de tres años de duración, como en la actualidad, y fijar ajustes semestrales según el coeficiente “Casa Propia”, que utiliza el índice más bajo entre el promedio de inflación y salarios del último año.
