Al leer el libro de Julián Maradeo, La DEA en Argentina, hay una sensación de irrealidad. O mejor, de estar en una ficción de esas que Netflix ha difundido en los últimos años. Agentes estadounidenses aparecen portando, ilegalmente, a narcotraficantes en aviones secretos. Hay jueces trabajando con ellos y policías que les responden. Y dólares, muchos dólares a disposición.
La diferencia con la ficción es que Maradeo describe, con una prosa atrapante, lo que hizo y hace la DEA (Drug Enforcement Administration) en nuestro país. El escritor logra así una minuciosa reconstrucción de los hechos. Y revela una relación compleja.
–Uno no imaginaba que eso podía pasar en Argentina. ¿La ficción está lejos o se acerca mucho a la realidad?
–La mayoría de los que consumen ficciones relacionadas al narcotráfico y la investigación piensan que la DEA actúa como actúa solamente en Colombia o en México, que suelen ser los casos que estamos acostumbrados a ver en la pantalla chica. Y la DEA actúa sistemáticamente igual en todos los países. Esto está muy relacionado con la injerencia en el territorio de manera ilegal. No importa si se trata de México, de Colombia, de Uruguay o de Paraguay. En el caso argentino, desde el primer momento la DEA tuvo una oficina en Buenos Aires, con la particularidad de que en 1973 esa oficina (la DEA se creó el 1° de julio de ese año) tenía un status regional. La pregunta es por qué tenía una oficina en Buenos Aires, ya que en ese momento no había ni incautación de cargamentos ni el narcotráfico formaba parte de la agenda de la problemática nacional. Fue porque la DEA utilizaba Argentina como base ilegal de operaciones de cara al país que realmente le interesaba, que era Bolivia. Esto lo relata Michael Levine, un agente encubierto en Argentina entre 1977 y 1981, que en abril de 1976 formó parte de una operación en la que, a un mes del golpe de Estado, se secuestró a tres narcos a cuya extradición, durante los años previos, la dictadura se había negado. Cuando a la DEA le toca negociar con la dictadura, lo que acuerdan es que se iban a expulsar a estos tres narcotraficantes y que, como cualquier persona que se expulsa de un país, tenían el derecho a elegir a dónde ir. Lo hicieron bajo tortura y “eligieron” Estados Unidos, donde estaban esperándolos para encarcelarlos. A esto lo cuenta Levin, a quien entrevisté, y quien además lo contó en un libro que sale en Argentina en 1994 y que se llama Mentira blanca. Un dato de color: en ese libro, Levin lo que relata es no solamente lo que hacía en Argentina en asociación con la dictadura, sino también todas las ilegalidades que cometían en Bolivia, incluso apoyando el golpe de Estado que derrocó a Lidia Gueiler. Ese es el libro que utiliza Evo Morales en 2006 para anunciar que estaba echando a la DEA de Bolivia.
–¿Cuán común y fácil puede ser para cualquier ciudadano cruzarse, sin saberlo, con agentes de la DEA en la vida diaria?
–Puede llegar a ser común si se tiene algún tipo de cercanía con instituciones policiales, por ejemplo, en la triple frontera. Pero hay una particularidad y es que los agentes de la DEA en Argentina están bajo resguardo de la inmunidad diplomática. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, cometen una ilegalidad y algún fiscal pide que se los investigue, solamente la Corte Suprema es la que puede llegar a hacerlo. Eso está muy relacionado con las dificultades para identificarlos. El Ministerio de Seguridad de la Nación no tiene dato alguno sobre cuántos y quiénes son los agentes de la DEA en Argentina. Uno lo puede deducir en función de fuentes, pero eso es un trabajo periodístico, no del Ministerio de Seguridad nacional. Hay un caso particular: en octubre de 2020, fue condenado por primera vez en la historia argentina un informante reconocido oficialmente por la DEA, se llama Julio César Pose. En esa causa, se lo acusa de instigar el delito de narcotráfico con el paraguas de la DEA detrás, protegiéndolo. El fiscal Marcelo Colombo, en ese momento, dijo: “Conseguimos la condena de Pose, ahora vamos por los agentes que lo resguardaron”. Y ahí se topa con que están bajo inmunidad diplomática y solamente la Corte es la que podría iniciar una investigación. Es decir que el Ministerio de Seguridad no tiene ni el nombre ni la cantidad de agentes que tiene la DEA y tampoco conoce la cantidad de informantes argentinos que trabajan para ellos. Y los informantes son una pieza clave en la investigación de esta clase de delitos porque son los que aportan el dato interno de la banda. Hay dos grandes poderes –policías y exespías– que le venden “info” a la DEA, por supuesto, a cambio de dólares.
–¿Ese es un trabajo paralelo que hace la Embajada de Estados Unidos con la gente que tiene desplegada en Argentina? ¿Una especie de gobierno dentro del Estado?
–Lo que sostengo es que los informantes que están a la búsqueda de los dólares de la DEA, como premio a partir de aportar información, construyeron una estructura de inteligencia paralela. Por otro lado, hay una flaqueza de la estrategia local que hace que no se acceda a datos sobre quiénes son los informantes que trabajan para la DEA y quiénes son las personas que se contratan –cooptan– de Gendarmería o de la Policía Federal, bajo el título de investigadores (algo que se hace porque la DEA no puede intervenir en territorio). Y después, se le suma el desinterés de funcionarios, jueces, fiscales, jefes policiales de las provincias y de las fuerzas federales por cortar el vínculo con la DEA, al punto que la mayoría de los entrevistados coincide en una idea: la relación se trata de una cuestión de grado. ¿Qué significa? Que cada uno que tiene un vínculo, según sea fiscal o policía, le va a poner más o menos límites a la DEA. En simultáneo, si hay algo que entendió la DEA, por la característica diplomática que tienen sus instituciones, es que tiene que aprovechar las flaquezas que tienen los diferentes actores que están alrededor de la investigación y de la prevención en Argentina. Por ejemplo, el actual jefe de la Procunar, Diego Iglesias, que es un fiscal muy bien conceptuado, establece su primera relación cuando la DEA descubre que no estaba teniendo los recursos necesarios para acceder a estudios que le permitiesen detectar una sustancia. Entonces, la DEA le abre la puerta y la entrega esos estudios. Otro tipo de relación es cuando a las policías le faltan recursos económicos o tecnológicos para desarrollar investigaciones, a lo que se suman los escasos sueldos. Doy un ejemplo de algo que me relató un policía jujeño, provincia que le interesa mucho a la DEA. Me contaba que en 2016 la DEA los convocó a un curso de capacitación en Buenos Aires, con todo pago durante una semana, y que además les daba mil dólares para que se movieran. Cuando esos integrantes del área de drogas peligrosas volvieron a su provincia, lo comentaron... ¡Los colegas hacían cola para empezar a trabajar con la DEA! ¿Por qué es importante la relación con las provincias? La DEA entendió, a partir de que hubo gobiernos que se llevaron mal con ellos (al punto tal de romper el vínculo, como en 2012 con Cristina Kirchner), que debía fortalecer los vínculos con las provincias. Lo que hacen es puentear a los gobiernos nacionales y mantener las relaciones con gobernadores, ministros y jefes de policía.
–¿Las provincias tienen un acceso directo por necesidad? ¿Porque el Estado nacional no termina de igualar nunca a la DEA en la lucha contra la droga?
–La DEA se aprovecha del acceso a recursos, y los pone a disposición de las provincias con las que les interesa establecer vínculos. Y también, de su red de inteligencia global. La DEA tiene acceso a información que no tiene nuestro Estado nacional. Hace dos años, un fiscal le pidió a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que en ese momento era comandada por Gustavo Arribas, un informe de inteligencia sobre qué hacía el Primer Comando Capital, que es un cartel de San Pablo, en Misiones. Y la AFI le devolvió un informe hecho con Google. Ese mismo fiscal le pidió el mismo dato a la DEA, que le devolvió un informe muy detallado sobre cómo había crecido el cartel, cómo se había expandido en Asunción y por qué, y acerca de que, a pesar de que había algunos movimientos en Argentina, no se podía decir que estaba trabajando orgánicamente. Esa es la dimensión del problema.
La DEA en Rosario
–¿Y en Rosario, que está pasando, hay presencia efectiva de la DEA?
–Lo que está pasando en Santa Fe, más que Rosario, es algo de manual. Hace tres meses, el gobernador Omar Perotti anunció la creación de una unidad de élite (la Unidad Especial de Investigación del Crimen Organizado) que va a ser formada por la DEA. En el anuncio se mencionó que esa unidad de élite va a acceder a equipamientos y seguramente a recursos, y que sus agentes van a ser enviados al programa que se desarrolla en Bogotá desde 2013. El programa forma en técnicas militarizadas. ¿Cuál es la gravedad? Que no hay nadie, salvo por la escalada de violencia en Rosario, que señale que en Argentina se viven situaciones de características similares a México o a Colombia, donde sí intervienen los ejércitos en el territorio. Y además, el Ministerio de Seguridad de la Nación ha logrado constatar que aquellos agentes que han sido formados en técnicas militarizadas han sido propensos a cometer excesos en el momento que actúan. Pero, más allá de Santa Fe, hoy el foco de la DEA está puesto en el NOA y en el NEA. En 2017, bajo resolución de Patricia Bullrich, se crearon los grupos operativos conjuntos que estaban enfocados en la investigación del narcotráfico. Ese fue el sueño de la DEA, porque estos grupos son equipos interfuerzas compuestos por agentes de diferentes fuerzas federales, y también provinciales. Las particularidad es que la DEA impuso algo ilegal desde el comienzo: en el momento en el que se estaban reclutando, esos agentes tenían que tener una reunión final con la DEA. Y la imposición fue que no tenía que estar presente nadie del Ministerio de Seguridad. Son agentes argentinos, formados en las instituciones policiales argentinas, que van a actuar en territorio argentino... pero comandados por la DEA. El Ministerio actual sabe que el problema no fue desactivado. Y no solo eso. Además, la DEA hizo lo mismo que ha hecho a lo largo de los años en Argentina, que es poner cajas de dólares en negro a disposición de estos grupos operativos; dólares que están en la contabilidad norteamericana, pero no figuran en la de Argentina.
