El lunes 27 de julio pasado, Alberto Fernández y Cristina Fernández compartieron un almuerzo en la quinta presidencial de Olivos. En ese encuentro a solas, que duró tres horas, los socios políticos que llevaron al Frente de Todos al poder acordaron dos decisiones importantes: los últimos detalles de la reforma judicial y que el Gobierno nacional desistiría de la expropiación de Vicentin.

Cuarenta y ocho horas después de esa cumbre en Olivos, el Presidente anunció la reforma judicial. Y más tarde, el 31 de julio, confirmó el retiro del proyecto de estatización de la cerealera santafesina.

Cuando se reunió con la vicepresidenta, Alberto Fernández ya tenía el proyecto de reforma. El texto fue redactado por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, con aportes del propio Presidente, según admiten los funcionarios albertistas.

También hubo colaboración de la secretaría Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

Aunque en el caso de Béliz, dicen que le sacó el cuerpo a la propuesta, ya que no contendría sus ideas sobre el funcionamiento de la Justicia federal (el exfuncionario menemista tiene escrito un proyecto judicial desde hace varios años).

Es decir, la reforma tiene el sello del Presidente. Y por lo bajo, los senadores cristinistas se han encargado de remarcar esta situación a los opositores.

“Es una reforma insulsa, escrita por frepasistas tibios, pero a las críticas las recibe Cristina”, razonan quienes responden a la vicepresidenta.

Por si hacía falta una confirmación de que Cristina Fernández no tuvo participación directa en el proyecto, la propia vicepresidenta lo dejó claro en un texto que el último martes posteó en las redes sociales. Fue evidente el ninguneo al proyecto oficial.

“El país se debe una verdadera reforma judicial, que no es la que vamos a debatir en el Senado”, aclaró la expresidenta.

Otro dato corrobora esta situación. Un día antes de que el Presidente anunciara el proyecto, el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena –dirigente muy próximo a la vicepresidenta– admitió ante un miembro de la Justicia federal de Córdoba que “no conocía” el texto que sería enviado al Senado.

Influencia

La vicepresidenta no participó en la redacción original pero el Senado, a través de senadoras y senadores de su confianza, le agregó algunos artículos a la reforma, que es rechazada por la oposición y algunos sectores del PJ.

En aquel almuerzo, 48 horas antes de oficializarse la reforma, Cristina Fernández terminó de convencer al Presidente para que José Beraldi, su abogado, integre la Comisión de Expertos.

Este grupo de juristas analizará el funcionamiento de las cabezas del Poder Judicial: la Corte Suprema, el Concejo de la Magistratura y la Procuración General de la Nación.

Alberto Fernández no desconocía los méritos y trayectoria de Beraldi, pero veía venir los cuestionamientos de la oposición al sumar al abogado penalista que defiende a la vicepresidenta en las causas más importantes de presunta corrupción.

Finalmente, el Presidente aceptó a Beraldi. Pero, para compensar, nominó para la comisión a Inés Weinberg de Roca, candidata a la Procuración General propuesta en su momento por el presidente Mauricio Macri.

Aquella designación, en tiempos de Cambiemos, nunca se concretó porque el PJ no le brindó el apoyo para llegar a la mayoría agravada que exige el Senado.

Prioridades

Lo dejó claro en su texto en las redes sociales. Para Cristina Fernández, la “verdadera” reforma judicial pasa por el funcionamiento de la Corte Suprema, el Concejo de la Magistratura y la Procuración General.

“Se ha titulado erróneamente Reforma judicial”, opinó la vicepresidenta de la Nación sobre el proyecto del Poder Ejecutivo al Congreso.

De todos modos, hay artículos que agregaron cristinistas en el tratamiento en comisión en el Senado. Todos fogoneados por la vicepresidenta.

Se generó una gran polémica por la denominada “cláusula Parrilli”, que impulsó Oscar Parrilli, hombre de confianza de Cristina Fernández.

Se trata del artículo 72, inciso E, que es una amenaza para la libertad de expresión, que dice textualmente: “Comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole”.

Sin embargo, en el mismo artículo 72, los cristinistas sumaron el inciso I, clave para Cristina Fernández, que se refiere a la regla de actuación de los jueces. Que podría tener impacto en la causa de los cuadernos de la corrupción, que tiene como procesa a la vicepresidenta.

“Asegurar que toda la prueba que aporten las partes en una causa judicial haya sido obtenida legalmente”, dice el texto.

“Si se aprueba la reforma, al otro día Beraldi pedirá la anulación de la causa de los cuadernos”, coinciden los senadores de Juntos por el Cambio.

Es que el principal cuestionamiento de los defensores de Cristina Fernández y de los exfuncionarios kirchneristas involucrados en esa investigación que realizó el fallecido juez Claudio Bonadio, precisamente, apunta a que las pruebas fueron recolectadas, supuestamente, de "manera ilegal".

Como se recordará, esa causa, que involucra también a importantes empresarios, surgió de las anotaciones en varios cuadernos que realizó Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, poderoso exministro de Planificación Federal, durante los 12 años de gestiones kirchneristas.

Cristina Fernández dice que no le gusta esta reforma judicial. Pero le podría aliviar su situación en una de las causas que más le preocupa.

* Este texto fue publicado originalmente por La Voz. Se reproduce aquí con la autorización correspondiente.