La Legislatura provincial comenzará esta semana el debate por la firma del contrato de la provincia con la empresa argentina Minera Aguilar SA y la brasileña ARG, que emprenderán la reactivación de la mina Potasio Río Colorado, en el departamento de Malargüe.
Desde la oposición ponen la lupa en la confidencialidad con la que se trató el tema y también el proceso de elección del oferente, teniendo en cuenta que no hubo licitación. No obstante, también adelantan que no es la idea “poner palos en la rueda de lo que podría ser una reactivación económica”.
Particularmente, la Casa de las Leyes tendrá que ratificar o no la venta del 88% de las acciones de PRC a Compañía Minera Aguilar Potasio SA (controlada por Integra Capital SA, empresa del exministro del Interior José Luis Manzano), una división dedicada a la explotación de potasio, el pasado 12 de septiembre, acompañado por la minera brasileña ARG. El otro 12% se transfiere a Impulsa Mendoza Sostenible, conformada por PRC y Fundación Pro Mendoza.
Más allá que hay plazos de 3 meses desde la firma del contrato para tener la ratificación legislativa lista, el Gobierno y por ende el oficialismo local, pretende en poco tiempo conseguir una amplia mayoría por parte del resto de los espacios políticos.
El contrato, junto al decreto firmado por gobernador Rodolfo Suárez, ya está en manos de los 48 diputados, quienes se centrarán en el análisis de todo el apartado legal y el paso a paso del Ejecutivo en dos comisiones: una de ellas será Hacienda y Economía; y la otra Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).
Si bien este martes martes será la reunión de la comisión de Hacienda, en primer lugar el tema pasará a ser discutido en plenario, para “ordenar” el tratamiento, aseguró a Los Andes Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados.
El plazo que tiene el Gobierno, como se dijo, vence a mediados de diciembre; pero hay optimismo oficialista en poder conseguir el apoyo opositor en octubre. “No tenemos apuro, pero esta semana ya arrancamos el análisis”, dejaron en claro.
Por otro lado, es importante marcar que, si bien el frente Cambia Mendoza tiene los números necesarios para aprobar con mayoría simple la ratificación de la venta del 88% de las acciones, espera que se con amplias mayorías para dar una señal “institucional y política” sobre el futuro de la reactivación de la mina de sales de potasio, que ha dado más dolores de cabeza que satisfacciones, tanto con sus primeros anuncios en la década del 2000; como su paralización en 2013, que dejó a 6.000 trabajadores sin empleo.
Dudas a resolver
Desde la oposición hay algunas miradas con mayor duda que otras, pero lo que está claro es que el tema de la fuerte confidencialidad con la que trató el tema el Poder Ejecutivo, y que fue marcado en el dictamen por el propio fiscal de Estado, Fernando Simón; será un punto a tener en cuenta.
No menos importante será también entender, por parte de los legisladores de la oposición, cómo fue todo el proceso de selección de las empresas a las que se le vendieron las acciones de PRC, teniendo en cuenta que no hubo una licitación, sino un largo proceso de selección que se realizó a través del banco suizo UBS.
Por ejemplo, desde el Partido Justicialista, el jefe de bloque, Germán Gómez, señaló a Los Andes que están estudiando el tema de forma minuciosa, pero adelantó que no pondrán “ninguna traba a todo lo que sea inversión y generación de puestos de trabajo”.
El legislador amplió que están analizando estos dos principales temas planteados: confidencialidad y proceso de selección; pero indicó que no habrá ningún tipo de postura que esté tendiente a complicar todo el trabajo del Poder Ejecutivo en encontrar inversionistas para la mina ubicada al sur de Malargüe.
Por otro lado, Gustavo Cairo, presidente del Bloque de Diputados de Pro, hoy en La Unión Mendocina, sí prepara algunos reparos ante el trabajo de Potasio Río Colorado por parte de la gestión de Rodolfo Suárez.
“Ha sido un procedimiento poco transparente, por eso de la confidencialidad. Pero primero vamos a ver qué contiene”, manifestó el legislador, que además sostuvo que no ha habido algún tipo de tratamiento interno del tema dentro del espacio que lidera Omar De Marchi.
Otro de los legisladores que dialogó con este medio fue Emanuel Fugazzotto, líder del Partido Verde, quien afirmó que más allá del proceso “queremos revisar bien lo que llego a la Legislatura, ya que finalmente es lo que va a marcar el camino de cómo se van a dar las cosas”.
Además, marcó la importancia de este tema, teniendo en cuenta que “hay muchos activos de todos los mendocinos en Potasio Río Colorado”.
No obstante, sostuvo que, al indicar que están “revisando” todo el proceso, incluye también al tema ambiental. “Si bien PRC se enmarcaba en la normativa ambiental, nosotros estamos revisando todo igualmente”, sostuvo el excandidato a vicegobernador de la provincia.
Datos sensibles
Quien ya había hablado sobre la ratificación legislativa había sido Lombardi; quien señaló que “Minera Aguilar nos autorizó a divulgar el contenido del acuerdo, pero también se analizará el proceso de selección, que incluye propuestas de otras dos empresas que compitieron para quedarse con la explotación de sales de potasio y esas mineras no nos han liberado de la confidencialidad”.
Además, agregó que “en los anexos del decreto también hay información del convenio de Vale, que tiene un acuerdo de confidencialidad por cinco años y han pasado tres y medio”. De esta manera, se entiende la importancia de no violar esos acuerdos de confidencialidad, debido a que podrían generar una demanda contra la Provincia de parte de las empresas.
Es importante recordar que la semana pasada se conoció también el dictamen de la Dirección de Asuntos Administrativos de Fiscalía de Estado, en el cual, si bien no hubo un rechazo, sí se recomendó al Gobernador que justifique precisamente la necesidad de confidencialidad en la que se desarrolló el proceso de selección de la nueva socia de PRC SAU (Sociedad Anónima Unipersonal).
Tal como informó Los Andes en la edición de este 29 de septiembre, en el dictamen se menciona que en el proceso de selección el Banco de Inversión UBS Securities LLC contactó a 60 empresas, de las cuales 14 suscribieron un acuerdo de confidencialidad que les permitió acceder a la información necesaria para hacer una oferta no vinculante.
Luego, cinco de las 14 hicieron esa oferta no vinculante y solamente tres llegaron a la instancia de hacer una oferta formal, las que finalmente fueron las evaluadas.
Desde la Dirección de Asuntos Administrativos de Fiscalía de Estado advierte que esa confidencialidad acordada con las oferentes está en tensión con el derecho a la información pública y hasta con la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dado que se considera la divulgación de cuestiones de interés público como un derecho humano.
Por esto es que Fiscalía advierte que la confidencialidad debe tener un plazo previsto, tal como sucedió con el acuerdo suscripto entre el Gobierno y la minera brasileña Vale para el traspaso de los activos de la firma al Estado provincial, en el que se estableció un plazo de cinco años.
En el dictamen también se hace la recomendación de argumentar de manera precisa la confidencialidad en el decreto que se remita a Legislatura para la ratificación: “de lo expresado, entiendo que deberá fundarse en debida forma la causal correspondiente en el Decreto Ratificatorio a emitirse recomendando que, podría encuadrarse en el secreto comercial-industrial, intereses comerciales y económicos legítimos y en el desarrollo estratégico de políticas públicas”.
