El Gobierno provincial ha conseguido que la Legislatura apruebe a toda velocidad un conjunto de reformas del sistema de salud. Sin embargo, uno de los proyectos importantes del paquete se ha estancado por problemas de aplicación y ahora el oficialismo legislativo y la oposición están buscando la manera de reformularlo, con el objetivo de que no naufrague la idea original: que aquella persona que protagonice un incidente vial por estar alcoholizada, le pague al hospital donde fue internado los costos de su atención.
La iniciativa que envió el Poder Ejecutivo a la Legislatura señala que “en materia de accidentes de tránsito, 1 de cada 4 muertes se vincula con la violación a la prohibición de conducir vehículos bajo los efectos de intoxicación alcohólica o por estupefacientes, a lo que debe adicionarse las víctimas que resultan lesionadas”.
Agrega que “en materia de vacunación debe destacarse que la misma es considerada un bien social, motivo por el que está sujeta a los principios de gratuidad” y sostiene que “la negativa infundada a la vacunación conlleva la reaparición en la población local de enfermedades que se consideraban erradicadas, como por ejemplo la poliomielitis, entre otras”.
Según los considerandos, “en ambos casos el sistema de salud pública debe hacer frente a las consecuencias de conductas que infringen normas, que ocasionan serios perjuicios a la comunidad y a las personas, detrayendo recursos que podrían ser destinados a aquellos que mantienen una conducta de convivencia social y de cumplimiento de la legalidad que no merece reproches”.
“Los responsables de las conductas descriptas deben asumir, de algún modo, el perjuicio que ocasionan a la comunidad”, concluye la argumentación del proyecto, que en breves artículos dispone que los infractores tendrán que pagar los costos.
Así es que el proyecto faculta al Ministerio de Salud a “establecer mecanismos de recupero del monto de las prestaciones de salud realizadas” y al juez de tránsito a fijar el pago de dicha prestación como una “sanción accesoria”, en los casos en que el accidente deriva de “la conducción en estado de intoxicación alcohólica o por estupefacientes”.
La iniciativa en cuestión es la única que se ha frenado en la Legislatura. Más concretamente, en el Senado, que fue la cámara por donde entraron 25 de los 26 proyectos enviados por el ministro de Salud Rodolfo Montero.
“Merece más estudio y la oposición quedó en hacer propuestas”, admitió la senadora radical Claudia Najul. No es que haya grandes diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre la idea del Poder Ejecutivo. El problema es que, tal cual está el texto, a ambos les genera dudas su implementación.
Najul explicó que en comisiones se ha analizado que a la hora de aplicar estas sanciones convendría modificar la ley de Tránsito de la provincia, para que haya mayores penalidades.
Explicó en este sentido que en las comisiones se está buscando “abrir el abanico” para estudiar qué tipo de lesiones quedarían abarcadas por la ley. “Hay que penalizar las conductas reiterativas y a quién daña a terceros”, apuntó Najul. El proyecto actualmente se analiza en las comisiones de Salud y Legislación.
“El objetivo era bueno, pero el proyecto era malo técnicamente. Es sólo una expresión de deseos”, sostuvo por su lado el senador de La Unión Mendocina, Ariel Pringles.
Pringles confirmó que, para cumplir el objetivo planteado, se debe reformar la ley de tránsito y darles nuevas facultades a fiscales, jueces de tránsito y los propios hospitales. Y señaló que en el nuevo modelo que se está estudiando no sólo se cobraría al infractor la prestación de salud, sino también la atención médica de terceros e inclusive los daños causados en la vía pública.
“El juez de tránsito no puede decir que alguien pague los daños porque no tiene la herramienta. Hay que ampliar competencias, porque hoy el seguro no cubre y nadie cobra”, señaló Pringles, quien agregó que las obras sociales tampoco se hacen cargo de la parte sanitaria.
El legislador de LUM cree además que la medida de cobrar atención médica y daños tendría un impacto disuasivo en los conductores.
Aunque a fines de la semana que viene, apenas se inicien las sesiones ordinarias, cualquier legislador podría presentar un proyecto nuevo sobre el tema, Pringles confirmó que las propuestas opositoras y antecedentes de proyectos anteriores se sumarían al que presentó el Poder Ejecutivo.
Único proyecto de salud sin sanción
Esta iniciativa es el único proyecto del amplio plan de reformas para la salud que envió el Gobierno a la Legislatura que quedó en el limbo. El tratamiento de los 26 proyectos comenzó a fines de febrero y apenas dos meses después, 11 ya se convirtieron en leyes y 14 más tienen la sanción de una de las dos cámaras (13 del Senado y una de Diputados).
Entre los proyectos que ya se han convertido en leyes aparece, por ejemplo, la creación del Registro Provincial de Financiadores de salud, cuyo objetivo será “auditar y controlar a los financiadores del sistema de salud”.
También figura una norma sobre residencias médicas que permitirá realizar pagos adicionales a aquellas residencias que formen profesionales considerados “críticos” para el sistema.
De los 26 proyectos, 25 ingresaron por el Senado y en muchos casos hubo debate y reproches opositores. Ha ocurrido particularmente con aquellos que modificaban el régimen laboral de los profesionales de la salud, algo a lo que se opuso el gremios Ampros y también el justicialismo y otras fuerzas opositoras.
Este martes se le dio en el Senado sanción inicial a seis proyectos y en todos hubo polémica con la oposición. Al punto que, en uno de ellos, el que cambia el régimen laboral de los farmacéuticos, la vicegobernadora Hebe Casado tuvo que desempatar la votación para que la iniciativa se sancionara.
Otro proyecto que dividió votos fue la modificación del régimen laboral de los técnicos radiólogos, quienes a criterio del oficialismo contaban con un beneficio “sectorial” muy viejo: 15 días de licencia cada cinco meses. “Es un periodo de descanso que no lo tiene nadie y la ley nacional no lo fija”, dijeron en el radicalismo, y señalaron que en la legislación nueva se destacan “el control exhaustivo de las radiaciones y las medidas de protección” del personal.
El oficialismo propició el martes, además, la aprobación de un proyecto que crea un nuevo régimen salarial para los profesionales de la salud y se sancionó también una declaración de emergencia sanitaria por la cual el ministerio podrá ampliar el horario y cambiar lugar de trabajo de los profesionales de áreas críticas, así como adquirir más insumos por compra directa.
A pesar de los choques con la oposición y el gremio Ampros en los debates, la diputada radical Najul destacó que la reforma de la salud es buena porque busca “ordenar el sistema, dar respuestas más rápidas, trabajar con el recurso humano crítico y estimular que se quede en el Estado”.
La legisladora destacó además que se modificaron leyes muy viejas y que se sancionó otra para que el ministro de Salud tenga la misión de “explicitar políticas y metas”. También consideró clave el avance para la digitalización de las prestaciones médicas, mecanismo a su juicio necesario para mejorar el servicio y generar información epidemiológica para la toma de decisiones.
