El diputado Julio Cobos impulsó junto a un grupo de radicales, un proyecto de declaración para solicitarle al presidente Javier Milei que envíe las “bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, tal cual se titula el DNU 20/2023, como un proyecto de ley o dividido en varias iniciativas para que sea tratado en las sesiones extraordinarias que se darán hasta el 31 de enero. No acompañan con su firma los legisladores mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay.
Entre los fundamentos, los diputados ponen el valor el Artículo 99 de la Constitución Nacional, dónde se deja en claro que la potestad de emitir “leyes” le pertenece exclusivamente a la “función” ejercida por el Poder Legislativo. Por esto solicitan que las profundas reformas económicas planteadas cumplan con ese ejercicio y ponen en valor el espíritu de esas modificaciones.
Entonces citan: Art. 99 inc. 3: “... El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia…”.
Y ponen como ejemplo que el artículo 1 plantea la declaración de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. A propósito de esto, vale mencionar que el exjuez de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Pérez Hualde, había planteado un reparo sobre la inconstitucionalidad de declarar una emergencia sin haber pasado por el Parlamento.
También mencionan que en el artículo 2 del DNU se expresa que el Estado nacional “promoverá y asegurará la plena vigencia efectiva en todo el territorio nacional un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”.
Para cumplir con estas políticas, el Poder Ejecutivo nacional “procurará dictar y elaborar todas las normativas necesarias” para adoptar estándares internacionales en materia de comercio de bienes y servicios, armonizando con los demás países del Mercosur y otros, buscando cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), agregan en referencia al artículo 3.
Entonces los diputados comprenden que no es un obstáculo que las medidas lleguen al Congreso Nacional, que es el “depositario natural de la función legislativa” y dónde consideran existe “un consenso entre distintos sectores y grupos políticos para acompañar estas reformas orientadas hacia la desregulación económica”, que traerían aparejados beneficios para el sector privado y mayor empleo.
“De está manera, Sr. Presidente, entendemos la necesidad de realizar reformas o adecuar la normativa vigente a la realidad que atraviesa nuestro país y con ello proponemos que el lugar en donde se aprueben y debatan disposiciones de semejante envergadura sea el Congreso de la Nación”, completa el proyecto.
Los diputados firmantes son: Roxana Reyes, Julio Cobos, Facundo Manes, Karina Banfi, Jorge Rizzotti, Marcela Coli, Soledad Carrizo, Fernando Carabajal, Pedro Galimberti, Atilio Benedetti, Natalia Sarapura, Francisco Monti, Gerardo Cipolini, Juan Carlos Polini, Manuel Aguirre, Pablo Juliano, Martin Arjo
