El proyecto de ley del Poder Ejecutivo para la exploración de Cerro Amarillo volvió a reunir a los integrantes de las Comisiones de Ambiente e Hidrocarburos. Esta vez fue para escuchar las explicaciones del rector de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza, Ing. José Balacco junto al Lic. Julio Salvarredi que es profesor adjunto de la Cátedra de Geología Aplicada de la Casa de Estudios.
Los especialistas remarcaron que no se advierten consideraciones que justifiquen cabalmente la desaprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para las tareas a realizarse en Malargüe. Aseveraron que desaprobarla sin justificativos racionales, sería perjudicial para la región.
El gobernador Rodolfo Suárez indicó días atrás que probablemente el proyecto para aprobar la DIA para la exploración en Cerro Amarillo se trate las sesiones legislativas de febrero. En la Casa de las Leyes, las comisiones de Ambiente e Hidrocarburos del Senado, presididas por Ernesto Mancinelli (Libres del Sur) y Rolando Baldasso (Pro) recibieron a los expositores de la UTN.
La iniciativa oficial contempla la exploración del yacimiento para evaluar sus características geofísicas y el potencial geológico con el objetivo de determinar si en el mismo podría desarrollarse un proyecto minero dentro de la legislación vigente.
Tanto José Balacco como Julio Salvarredi destacaron que la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) mencionada, iniciada en el año 2006, ha resultado en un detalle completo de los aspectos exigidos por la autoridad de aplicación.
“Los trabajos a realizar, descriptos, realizados según las prescripciones ambientales existentes implican un completo control sobre los escasos impactos ambientales, que resulten mínimos y cuyos efectos no exceden al reducido lapso de ejecución de los mismos”, remarcaron.
Salvarredi enfatizó que dada la baja incidencia ambiental de las labores mencionadas y programadas, no se advierten consideraciones que justifiquen cabalmente la desaprobación de la DIA.
“Más aún la desaprobación a la misma, no justificada racionalmente, sería una obstaculización a las tareas de exploración de recursos mineros estratégicos, resultando en un perjuicio para la región y el país, que necesitan de su evaluación y conocimiento correspondiente para adoptar decisiones de gobierno respectivas y acertadas con el bien común”, aseveró.
Y finalmente remarcó que “una consideración referible a esta clase de yacimientos, que excede a esta DIA, es la conveniencia que el aprovechamiento cuidado de tales recursos debiera tener como finalidad importante la refinación e industrialización de cobre en el país por sustitución (parcial) de exportaciones, desarrollo de conocimiento y capacidades correspondientes, mayor independencia en relaciones comerciales globales y mayor ocupación laboral”.
Hasta el momento no hay objeciones
Las rondas anteriores de expositores tampoco trajeron reparos a la iniciativa. Los primeros en defenderla fueron, por parte del Ejecutivo, el director de Minería, Roberto Zenobi, y la directora de Protección Ambiental de la Provincia, Miriam Skalany.
Después llegó el turno del fiscal de Estado, Fernando Simón, y la ingeniera Laura Najar, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo. Con ellos se despejaron varias dudas, por el lado legal y la situación ambiental de la zona, respectivamente.
Simón manifestó que la DIA “aún no ha entrado en vigencia”, porque la Ley 7722 establece que esto se aplica una vez aprobada por la Legislatura y también sostuvo que no observó “ningún obstáculo legal” para su tratamiento.
En tanto que Najar afirmó que según las revisiones que realizó a través de imágenes satelitales, “no ha habido afectación por alguna actividad antrópica, que hubiera sucedido en el transcurso del año 2014 a la fecha”.
“De alguna forma eso justifica que no es necesario la actualización y que es válida la ratificación que se está solicitando en la Cámara de Senadores”, sostuvo la ingeniera.
