La causa por el millonario fraude en la Dirección Provincial de Vialidad avanza en la Justicia y en el último tiempo se incorporó un elemento clave. Una pericia caligráfica determinó que se falsificaron las firmas del ex administrador del organismo, Oscar Sandes, para autorizar gastos irregulares que derivaron en sanciones del Honorable Tribunal de Cuentas por unos 5 millones de pesos.
La auditoría del órgano de control sobre los ejercicios 2018 y 2019 había detectado facturas adulteradas, gastos en gastronomía, regalos, objetos personales y combustible que violaban la reglamentación del uso del Fondo Fijo de Tesorería, entre otras irregularidades. Por lo tanto, multó y estableció cargos millonarios contra funcionarios de Vialidad. Sandes debía pagarle al Tribunal de Cuentas 4.871.964 pesos.
Así, la pericia implica un respiro para el ex titular de Vialidad, no sólo en la causa penal que lo tiene como acusado, sino también en la causa que se tramita ante la Suprema Corte provincial, en la que Sandes pretende zafar de devolverle al Estado casi 5 millones de pesos.
En medio del escándalo, Sandes renunció en julio de 2020 a su cargo para jubilarse. Sin embargo, desde un primer momento buscó desvincularse de la malversación de fondos de la “caja chica” de esta dependencia pública y radicó una denuncia para que se investigue penalmente lo sucedido.
Es así que en el marco de ese proceso judicial, la Fiscalía de Delitos Económicos ordenó una pericia caligráfica al cuerpo médico forense sobre las firmas en las órdenes de pago que autorizaron los desembolsos de dinero. El objetivo era determinar si las rúbricas correspondían a Sandes o fueron falsificadas, como sostenía la defensa del ex funcionario.
La apuntada en este sentido era la ex gerenta de Recursos Humanos, Corina Gallardo, quien expresó haber falsificado las firmas de quien era su jefe en el marco del sumario administrativo ante un escribano público, aunque aún no ha replicado esa declaración en sede judicial.
El hecho novedoso es que el peritaje determinó que las firmas no fueron realizadas por el ex administrador de Vialidad Provincial. En diálogo con Los Andes, Alejandro Jofré, abogado defensor del ex funcionario, manifestó que “la pericia indica que todas las firmas que le atribuye el Tribunal de Cuentas a Oscar Sandes no son de él y obviamente han sido falsificadas por un tercero que las ha usado en provecho propio”.
“Con lo cual, toda la sospecha o la teoría de que había sido él quien había autorizado las compras y los viajes, se cae, porque evidentemente él no ha sido. Él ha sido también víctima de un manejo de gente de la administración”, explicó el letrado.
Resaltó que el resultado del examen forense “le quita toda responsabilidad porque él no ordenó ningún tipo de compra por fuera de la reglamentación y no se le puede imputar algo que fue producto de un delito”.
De todas maneras, la causa todavía sigue en curso y se deberá establecer quién fue la persona autora de las firmas apócrifas y la responsabilidad o no de Sandes quedará resuelta en la eventual sentencia del juez.
En este sentido, en los fallos del HTC se expresa que el titular del organismo tenía el deber de controlar el uso que se hacía de los fondos. “Independientemente de la falsificación que se hizo de la firma del Administrador, éste tiene una clara responsabilidad, correspondiendo que se le formule también cargo. La misma deviene por incumplimiento de su ‘responsabilidad in vigilando’”, esgrime el fallo 17.362.
El abogado defensor desestimó la afirmación de los integrantes del órgano de control y señaló que “en la medida que en la administración pública va subiendo la responsabilidad, el control se hace más difuso”.
Puso como ejemplo que según el planteo del Tribunal de Cuentas “cualquier irregularidad sería culpa del Gobernador”. “Sandes tenía control de que se produjeran actos dentro de la ley de sus subordinados y eso él lo controló. Lo que no puede controlar, porque es imposible en una administración gigante como la de Vialidad, son estos actos ilícitos que se han producido. La ‘culpa in vigilando’ es limitada a funciones directas que una persona tiene por debajo de él”, añadió.
Jofré resaltó que la denuncia penal la impulsa Sandes y que lo determina por la pericia caligráfica “termina de ratificar que más allá del uso político que se quiso hacer para imputarlo como responsable de actos de corrupción, ha quedado claro que él no tenía nada que ver”.
No obstante, los cuestionamientos contra el ex titular de Vialidad siguen al interior del organismo. El secretario General del Sindicato de Trabajadores Viales de Mendoza (Sitravi), Claudio Díaz, ha pedido ser querellante en la causa.
Desde el gremio sostienen que Sandes no puede no haber sabido nada de las irregularidades que estaban sucediendo bajo su órbita. En tanto, remarcan que ya habían denunciado a Gallardo en el 2016 y que pese a ello el ex administrador la sostuvo en la dependencia y la nombró gerenta de Recursos Humanos.
Reclamo en la Corte
Paralelamente a la cuestión penal existe un proceso abierto en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, luego de que el tribunal hiciera lugar a dos cautelares presentadas por Sandes y suspendiera los millonarios cargos y multas que había dictado en su contra el Tribunal de Cuentas, hasta tanto determine si efectivamente corresponde cobrarle.
La defensa del ex funcionario ofreció la pericia de las firmas para que sea considerado por el Alto Tribunal antes de resolver. “Lo hemos ofrecido como prueba, con lo cual la Corte antes de dictar sentencia pide el expediente para tenerlo en vista”, sostuvo Jofré.
Una vez que sea incorporado solicitarán presentar un escrito alegando sobre la prueba y ahí la los ministros estarán en condiciones de elaborar el fallo. Según los plazos actuales que maneja el máximo órgano de justicia de la provincia, se estima que para febrero o marzo del año que viene habría sentencia.
El escándalo de Vialidad
El escándalo en la Dirección Provincial de Vialidad salió a la luz a mediados del 2020 por las sanciones aplicadas por el Tribunal de Cuentas a los funcionarios de ese organismo.
Además del entonces titular Oscar Sandes se estableció el pago de multa y cargos a Elías David Jurado (Gerente de Economía y Finanzas), Juana Miriam Herrera (Jefe División Tesorería), Adriana Flores (Jefe Departamento Contaduría), José Mariano Yanzón (Jefe División Equipos) y Corina Gallardo (Gerenta de Recursos Humanos y Administración).
Mientras Sandes terminó renunciando para jubilarse y hubo sanciones administrativas a otros involucrados, Gallardo volvió a un cargo reservado en la Municipalidad de Godoy Cruz, en el cual se desempeñó hasta el mes pasado cuando terminó siendo cesanteada por la comuna.
