El fiscal federal Carlos Rívolo presentó un escrito al juez Julián Ercolini solicitando que del análisis del teléfono del expresidente Alberto Fernández, secuestrado tras la denuncia por violencia de género de su expareja Fabiola Yáñez, se extraigan elementos que puedan ser relevantes para otra causa en la que se investiga al exmandatario por presuntos negocios de corrupción relacionados con seguros en el Estado.
En el escrito de esta mañana, Rívolo señaló: “Independientemente de los límites con los que Vuestra Señoría eventualmente ordene el análisis de la información que pueda llegar a obtenerse de esos dispositivos y su posterior inclusión en el expediente mencionado y, teniendo en cuenta que las herramientas técnicas usualmente utilizadas para realizar este tipo de extracciones no admiten limitación, sino que extraen la totalidad del contenido de los dispositivos; es que vengo por medio del presente a requerir a V.S que, ante la posibilidad de que al momento de efectuarse el análisis y evaluación sobre toda esa información extraída de esos dispositivos, V.S constate la existencia de elementos que sean de interés para la presente causa en la que se encuentra investigado el nombrado, se agreguen como prueba en estas actuaciones”.
Este escenario es especialmente delicado para Fernández, cuyo teléfono no había sido requisado en la causa de los seguros cuando otros investigados, como el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero, fueron allanados.
Fue precisamente el contenido del teléfono de Cantero, secretaria de Alberto Fernández, lo que desencadenó la denuncia de Fabiola Yáñez. En esos mensajes y fotos, Yáñez relató los maltratos que sufría por parte del entonces presidente.
El juez Julián Ercolini, a cargo de la causa junto al fiscal Rívolo, separó el material encontrado en el teléfono de Cantero y contactó a Fabiola Yáñez a través del abogado Juan Pablo Fioribello para invitarla a denunciar los hechos. Inicialmente, Yáñez decidió no hacerlo, pero el 5 de agosto, tras la difusión pública de las acusaciones, decidió comunicarse nuevamente con el juzgado y formalizar su denuncia. Durante una audiencia virtual de 40 minutos, la exprimera dama afirmó estar sufriendo “terrorismo psicológico” y “acoso telefónico” por parte de Fernández.
Entonces, el juez Ercolini dictó una serie de medidas cautelares contra Fernández, que incluyeron la prohibición de cualquier tipo de contacto con Yáñez, así como la prohibición de salida del país y una orden para reforzar la custodia de la denunciante. A pesar de la distancia física que los separa (ella reside en España), la orden incluye una restricción de acercamiento en un radio de 500 metros.
El 9 de agosto, a pedido del fiscal Rívolo, el juez Ercolini ordenó que el caso de violencia de género se separara de la causa de los seguros mediante sorteo. La denuncia recayó nuevamente en manos de Ercolini y del fiscal Ramiro González, quien estaba de licencia en ese momento. Rívolo, quien escuchó a Yáñez durante la audiencia virtual, solicitó el secuestro del celular de Alberto Fernández tras la afirmación de su expareja de que el hostigamiento había continuado a pesar de la orden de restricción.
El fiscal Ramiro González, encargado de la causa por violencia de género, tiene como prioridad corroborar si Fernández violó las medidas precautorias dictadas cuando se abrió el expediente penal.
Mientras tanto, el fiscal Carlos Rívolo, que investiga los presuntos hechos de corrupción en los contratos firmados por diversos organismos del Estado con Nación Seguros S.A., espera que la información del celular de Fernández también arroje luz sobre la presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Seguí leyendo:
