La exsecretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras quedó más complicada en la causa Cooperativas que la tiene imputada por peculado.
La exsecretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz.
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Archivo Los Andes La diputada provincial suspendida, Janina Ortiz (La Unión Mendocina), quedó contra las cuerdas tras un informe caligráfico que validó la autenticidad de sus firmas como secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras, en los contratos realizados con cooperativas truchas entre 2021 y 2023.
La pericia solicitada por el fiscal de Delitos Económicos, Juan Ticheli, la llevó adelante la caligrafa Patricia Mattei y reveló que seis documentos investigados por la contratación de cooperativas truchas, fueron firmados de puño y letra por Ortiz, quien se encuentra imputada por peculado en esta causa. Por la misma figura delictiva se lo acusa también a su marido, el exintendente Daniel Orozco.
En el documento, al que tuvo acceso Los Andes, la perito explica que "en todo el material auténtico analizado, desarrollado en distintas etapas de ejecución, fue posible estudiar técnicamente la habilidad, habitualidad y modalidad gráficas de Janina Ortiz, tanto en construcción como en movimiento, tanto en automatismos pericialmente trascendentes como en modismos generales que le son propios a su conducta escritural".
"Se debe destacar además, que esa documentación aporta importantes detalles, siendo parte de la historia gráfica de la nombrada, en que deben reflejarse necesariamente los diferentes estados psico-físicos que tienen influencia en la escritura", sostuvo Mattei.
Y agregío que "provista ya de este indispensable conocimiento, se analizaron de idéntica -forma las firmas cuestionadas y, por último, se confrontaron ambos grupos, con el objeto de establecer a través de la valoración de sus convergencias y/o divergencias, si entre ellos existe o no comunidad de origen".
"Este examen comparativo puso de manifiesto, en las firmas cuestionadas importantes concordancias gestuales con las auténticas", sostuvo la especialista en su informe y llegó a la conclusión de que "las firmas insertas en los documentos cuestionados, PERTENECEN al puño y letra de Janina Ortiz Occhionero".
En tanto, la defensa de Ortiz rechazó la validez del informe. "Nunca fue avalada, ni tuvo intervención en esas operaciones periciales un perito de control", sostuvo el abogado Alfredo Paturzo a este diario.
El fiscal Juan Ticheli imputó por peculado a la diputada suspendida Janina Ortiz el pasado 20 de septiembre, después de que la Suprema Corte de Justicia rechazara un recurso de casación que había interpuesto su defensa. De esta manera, la exsecretaria de Gobierno lasherina acumuló su segunda causa penal, ya que antes había sido acusada por coacciones.
Según la Fiscalía, durante el año 2021 y hasta el año 2023, un grupo de funcionarios encabezados por Orozco, Ortiz y el exsubsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, planificaron y ejecutaron “una operación conjunta”, mediante la “manipulación administrativa y el direccionamiento de las licitaciones públicas N° 1112 y 1127 y de las contrataciones directas N° 3086 y 3101, utilizando una cooperativa de trabajo radicada en el Departamento de Las Heras, creada para realizar tareas de reciclaje, pero que en la realidad de los hechos tenía por fin obtener el pago de dinero de parte del municipio por servicios que no fueron prestados en las condiciones legalmente establecidas”.
“En efecto, la maniobra u operación antes mencionada, fue ejecutada utilizando deliberadamente la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada, la que había sido constituida bajo el Programa Las Heras Verde, pero que antes de ocurrir los hechos investigados se encontraba inactiva y sin funcionamiento, y de la que los sindicados se valieron y utilizaron para acceder a licitaciones públicas y a contrataciones directas promovidas y direccionadas, para obtener de esta manera recursos dinerarios del ente municipal referido”, dice el avoque del fiscal Ticheli.
Esos tres exfuncionarios están sindicados como coautores materiales del peculado; mientras que el exJefe de Licencias de Conducir, Hernán Matías Mostaccio, el agente municipal contratado Juan Pablo Pandolfi, el contador Daniel Germán Herrera y el agente municipal contratado Adrián Alejandro Pérez alias “Moco”, se agregan en la acusación como “partícipes necesarios”.
Además, fueron acusados de “peculado culposo” los exfuncionarios Carlos Arturo Nofal (Hacienda); el exdirector de Asuntos Legales, Mauro Sebastián Homan; el exdirector de Compras y Suministros, Mauricio Rafael Valle; el exdirector de Contaduría Leandro Tassi; el exsubdirector de Contaduría Javier Tolín y la exdirectora de Tesorería Patricia Díaz, ya que “actuando por negligencia y/o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, permitieron, al no cumplir con el deber legal y funcional de control que su posición individual e institucional les imponía, que los funcionarios del primer grupo ya referido concretaran la obtención del dinero municipal”, indica el texto.
Para los acusadores, el delito se encuadra en peculado, ya que “en virtud de las distintas acciones desplegadas por los sindicados en los expedientes referidos, lograron obtener del patrimonio del Municipalidad de Las Heras la suma total de TREINTA y CINCO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA y SEIS con 14/100 ($ 35.511.386,14) ”, que “egresaron del patrimonio municipal e ingresaron a la cuenta bancaria de Banco Supervielle de titularidad de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada, manejada por los autores de los hechos, con la participación necesaria aludida”.