El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, fue imputado este jueves por el delito de fraude a la administración pública, en el marco de la investigación por desvíos de fondos millonarios a una cooperativa trucha. Más temprano había presentado su renuncia en el municipio, con durísimas críticas, su excandidato Martín Bustos.
El jefe comunal arribó al Polo Judicial en horas del mediodía, escuchó la acusación en su contra por parte del fiscal de Delitos Económicos, Flavio D’Amore, y luego se marchó por una puerta alternativa para evitar el contacto con la prensa. Más tarde desde su equipo de prensa anunciaron que dará una conferencia este viernes, para hablar de esta situación.
El delito por el cual fue procesado es “fraude en perjuicio de la administración pública en la modalidad de administración infiel en concurso ideal con uso de documentos falsos”, en un total de 16 hechos, y de encontrarse culpable arriesgaría una condena de hasta 8 años de prisión. En un principio se estipulaba que la imputación implicaba la prohibición de salida de la Provincia, pero finalmente desde el Ministerio Público Fiscal aclararon a Los Andes que no está impedido de hacerlo, bajo autorización de la Justicia.
También están acusados con esa carátula su esposa, la secretaria de Gobierno del municipio, Janina Ortiz, quien trabó la notificación de la imputación por contar con fueros por ser diputada electa (La Unión Mendocina).
Además serán acusados los siguientes funcionarios actuales y otros que han renunciado: el exjefe de Licencias de Conducir, Hernán Matías Mostaccio, el director de Compras y Suministros, Mauricio Rafael Valle, el subsecretario de Políticas Sociales Osvaldo Alberto Oyhenart (quien ya tenía una imputación), el secretario de Hacienda Carlos Nofal, el exdirector de Asuntos Legales Mauro Sebastián Homan y el agente contratado Juan Pablo Pandolfi (yerno de Oyhenart, a quien también le habrían ampliado la imputación); el ex subdirector de Contaduría Daniel Germán Herrera y una persona llamada Adrián Alejandro Pérez, alias “Moco”.
Según la Fiscalía, a partir del año 2021 y hasta el 2023, con el fin de “defraudar” al Municipio de Las Heras, el grupo de funcionarios mencionado con la participación necesaria de “Moco” Pérez, orquestaron mediante el “direccionamiento de las licitaciones públicas N° 1.112 - 1.127 y las contrataciones directas N° 3.086 y 3.101″, el empleo de una cooperativa de trabajo radicada en el Departamento de Las Heras para realizar limpieza de calles y espacios públicos, que en los hechos tenía por fin “hacerse del pago de recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas”.
“En efecto, la maniobra antes expuesta, fue llevada adelante gracias a la utilización de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Ltda, la cual había sido constituida bajo el programa ´Las Heras Verde´, pero que al momento de los hechos se encontraba inactiva y sin funcionamiento, y de la cual los sindicados se valieron y utilizaron para acceder a las distintas licitaciones públicas y contrataciones directas promovidas y direccionadas para su exclusivo beneficio”, indica el expediente.
Entonces señalan que el intendente Orozco fue quién ordenó la maniobra, solicitándoles a los funcionarios Pandolfi y Mostaccio que regularizaran la cooperativa de trabajo Manos a la Obra Ltda, de manera que esta pudiera participar de licitaciones, contrataciones directas y/o el posible otorgamiento de subsidios, circunstancia por lo cual estos coordinaron y gestionaron las distintas inscripciones, altas y autorizaciones de la cooperativa antes señalada y las de su Presidente Adrián Alejandro Pérez, ante organismos públicos como INAES, AFIP y ATM, todo a espaldas de sus verdaderos integrantes cooperativistas.
Posteriormente, mediante el accionar directo del Sub Secretario de Políticas Sociales Osvaldo Oyhenart, y bajo el pretexto de reforzar el servicio de limpieza departamental, potenciar políticas de inclusión y contención social, trabajo remunerado y digno para personas vulnerables de Las Heras, dieron origen a cuatro procesos administrativos licitatorios y de contratación directa que fueron “direccionados y utilizados para que la cooperativa antes nombrada accediera a los mismos y así hacerse de distintas sumas de dinero”.
“En conclusión, fue así que en virtud de las distintas acciones desplegadas por los sindicados, lograron percibir de las arcas del Municipio de Las Heras la suma total de TREINTA y CINCO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA y SEIS con 14/100 ($ 35.511.386,14), sumas estas que ingresaron a la cuenta bancaria de Banco Supervielle de titularidad de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Ltda, y que lejos de ser administrada por y en favor de los verdaderos integrantes de dicha cooperativa, fue utilizada y administrada por los sindicados en su favor y el de terceras personas”, completa la acusación de D’Amore.
A quién apuntó Orozco
Cuando trascendió que el intendente iba a ser imputado por esta investigación, decidió romper el silencio con Radio Mitre Mendoza y culpó a un exfuncionario radical. El 27 de octubre pasado, Orozco dijo que “hay mucha gente involucrada, incluso gente que yo no conozco” en el escándalo de contrataciones millonarias a cooperativas que no brindaron servicios.
“El intendente tiene una comisión preadjudicataria y tiene un marco legal, a través de los cuales el director de Asuntos Legales, que era hasta hace poco Mauro Homan, es quien nos daba la premisa de que todo estuviera legal”, manifestó.
Homan es un exfuncionario radical (esposo de la diputada Daniela García), que renunció a su cargo días antes de las elecciones PASO provinciales de junio y también figura entre la lista de acusados. Se trata de un hombre cercano al intendente electo Francisco Lo Presti, por lo cual se advierte que busca salpicarlo.
“En el año de la pandemia lamentablemente mucha gente no pudo trabajar y estuvo resguardada por justa razón. De cuadrillas de 10, teníamos 6 o 7, por lo cual los servicios estaban resentidos. Cuando se generan estas necesidades, se cursan los canales pertinentes”, aseguró el jefe comunal.
Y agregó: “Estos canales significan que tienen que la generación de recursos tiene que ir primero a una subsecretaría de Políticas Sociales, después pasa a Secretaría y a la parte de Compras, a la Legal y después a la Contable. La parte legal es fundamental porque tiene que decir ´esto está en condiciones y tenemos que presentar una licitación´. A las licitaciones deben presentarse todas las que estén en condiciones. Como cualquier administración por la Ley de Administración Financiera”.
“El señor Mauro Homan es el que estaba totalmente de acuerdo esto y es el que me daba la premisa. El intendente es el último que verdaderamente actúa. Tenemos un circuito de preadjudicación y un circuito legal que es la parte fundamental”, apuntó el intendente y dijo que “entonces tenemos que ver dónde se corta el hilo”.
“Esto nos ha generado angustia verdaderamente, hay una injusticia en esta imputación tanto en mí como en mí señora y no se han ocupado de las otras personas involucradas, algunas que ni conozco”, comentó. Y se defendió: “Tengo 4 mil empleados en planta, cómo vamos a conocer a cada uno de ellos”.
