El juez federal Sebastián Casanello denunció “filtraciones” sobre el contenido de la investigación en curso sobre posibles irregularidades en los comedores sociales. En la causa hay 28 personas implicadas y varios comedores vinculados con el Polo Obrero.
La acusación surge luego de que se filtraran detalles de la investigación, que inicialmente había delegado al fiscal Gerardo Pollicita. Esta semana, el juez otorgó exenciones de prisión a los principales imputados en el caso.
A pesar de haber ordenado medidas de investigación bajo secreto para asegurar su efectividad, parte de esta información se filtró a las partes involucradas y a los medios de comunicación.
La denuncia, que podría implicar al propio juez debido a su responsabilidad en el expediente, ha sido recibida por el juzgado federal número cinco, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, con la fiscal Alejandra Mángano interviniendo en el caso.
Fuentes judiciales han revelado que Casanello ha identificado una serie de incidentes que deberían haber permanecido en secreto, pero cuyo contenido ha sido publicado en los medios y conocido por las partes involucradas en el expediente.
La investigación sobre las presuntas irregularidades actualmente se encuentra en la etapa de análisis del contenido de los teléfonos móviles confiscados durante los 28 allanamientos ordenados por la Cámara Federal.
