Tras la renuncia de Jorge Nanclares y la nominación de Teresa Day por parte del gobierno de Rodolfo Suárez, salieron definitivamente a la superficie disputas políticas que la Suprema Corte mendocina había ocultado con bastante habilidad.
Las disputas se incrementaron luego de la renuncia de Alejandro Pérez Hualde, el juez filoradical que llegó postulado por Julio Cobos pero que supo mantenerse equidistante de las presiones políticas. Dejó la Corte por su propia voluntad en tiempos de Cornejo y éste, de algún modo, agradeció el gesto. Lo sucedió Dalmiro Garay, inspirador de las reformas judiciales del gobierno de Alfredo Cornejo.
La llegada de María Teresa Day generó tantos planteos políticos que llevó al máximo tribunal a tener que interpretar si se encuentra constitucionalmente habilitada para ejercer el cargo. No se podía esperar otra cosa: tres votos seguros a favor de Day y otros tantos en contra. No habría que culpar a ambas posturas; la línea divisoria interpretativa es muy fina. Por ello el voto de desempate de la conjueza Alejandra Orbelli, avalando a la doctora Day, debe merecer crédito. La Justicia politizada es detestable y ejemplos sobran en nuestro país.
Day es, a no dudarlo, una pieza judicial de confianza para un gobierno que necesita dar continuidad a las reformas puesta en marcha durante la gestión de Cornejo. Ese fue el mensaje que la gestión de Suárez pretendió dar.
El problema es que esta situación se dio, justamente, en el momento de mayor disputa partidaria e ideológica en el seno de la Corte. El opositor kirchnerismo mendocino cuenta con el estímulo de saberse fuerte a nivel nacional y este caso puntual le dio pie para el conflicto. Caducó el equilibrio que en gran medida garantizaban Pérez Hualde y Nanclares.
Si el Ejecutivo hubiese propuesto a otro de los muchos radicales con probada experiencia como abogados litigantes, “otro hubiese sido el cantar”, comentan varios en las mesas de café tan afines a la política. Pero el paso fue dado y el normal juego de la democracia, con sus mayorías y minorías, determinó que la Suprema Corte deba funcionar con los miembros que tiene.
El desafío que viene alcanza a los siete miembros del máximo tribunal. Deberán demostrar que la pulseada partidaria que los involucró a todos no será una constante y que en adelante superarán esas diferencias. Un fallo puede estar dividido por diferencias interpretativas, pero nunca ideológicas. Estas suelen trazar no sólo diferencias, sino también distancias.
