El ex concejal a cargo de la intendencia de Guaymallén, Luis Lobos, se deberá enfrentar en diciembre a un nuevo juicio en su contra, por presunto enriquecimiento ilícito no sólo en la época en la que comandó los destinos de la comuna (entre 2013 y 2015) sino también cuando fue empleado municipal en la década del 2000. Además, está acusado por fraude a la administración pública y cohecho, caso que se desarrollará en la misma audiencia (unificada), prevista para que comience el 15 de diciembre.
Lo cierto es que es posible que todo se resuelva en un juicio abreviado. Fuentes del Ministerio Público Fiscal admitieron que está la chance latente de acordar esta resolución tanto para el ex dirigente peronista Lobos como también a su ex pareja, Claudia Sgró, quien también está acusada de enriquecimiento ilícito. El objetivo para la fiscalía es que queden firmes no solamente una nueva condena para ambos (que se sumará a las que ya tienen), sino que también el proceso de extinción de dominio, por el cual le despojaron bienes a la pareja, y que se transformó en una “causa emblema” tanto para Mendoza como también a nivel nacional, ya que fue el primer caso con este tipo de resolución en todo el territorio nacional.
Ambos llegan a esta etapa de negociaciones previas al juicio con una condena en su contra por administración fraudulenta en mayo del 2019; Lobos a 4 años y medio de prisión, mientras que Sgró a 3 años y 4 meses (ambos con inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos). No obstante, el Tribunal Penal Colegiado Número 2 resolvió recién el 22 de abril de este 2022 desestimar los pedidos de mantención de libertad y de prisión domiciliaria; por lo que fueron trasladados a prisión.
Negociaciones
Con respecto al caso de Lobos y Sgró, hay varios puntos a tener en cuenta. Por un lado, está la posibilidad real de acordar una pena menor a la que la defensa de los acusados cree que podrían tener los acusados si se enfrentan a un juicio tradicional. No obstante, en el Ministerio Público Fiscal agregan a la balanza la posibilidad de que la extinción de dominio quede firme para Lobos y Sgró.
“Es cierto que siempre se pretenderá la condena mayor y la que corresponde. Pero está la posibilidad de llegar a un juicio abreviado, en la cual si uno quiere asegurarse una condena, necesariamente en algo debe ceder. Lo que creemos importante es la posibilidad de que quede firme la sentencia de extinción de dominio”, señalaron fuentes que han seguido el caso en Tribunales a Los Andes.
Respecto a este tema de extinción de dominio, la sentencia de la causa civil fue resuelta por la jueza María Paz Gallardo, que despojó a la pareja de inmuebles que podrían haber sido adquiridos fruto de la corrupción, basándose en la ley de Extinción de Dominio de 2021. La Justicia retuvo tres inmuebles de la pareja de todos los bienes que estaban en discusión y la sentencia estableció que los demandados pudieron acreditar “solo parcialmente” el origen lícito de lo que tenían.
Si bien la defensa apeló el fallo, que se consideró histórico por ser el primero de este tipo, el mismo fue ratificado por la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil en julio del año pasado. No obstante, hoy el recurso de casación está en la Suprema Corte de Justicia, donde recayó en la Sala 1 (civil), integrada por Teresa Day, Julio Gómez y Pedro Llorente.
No obstante, desde la defensa de Lobos aseguraron en su momento que más allá del fallo que pueda tener la Corte local, “seguramente no será la última instancia” y ya se piensa incluso en intentar interponer otro recurso (sea la defensa de Lobos o la Fiscalía que investiga) en la Corte Suprema de la Nación.
Éste es el punto que preocupa en parte a un sector de la Justicia mendocina, ya que si bien creen que la Sala 1 seguirá la línea de la jueza Gallardo y la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil, no tienen la misma certeza con la Corte Suprema nacional.
Desde el Ministerio Público acotaron que no están las garantías completas que la extinción de dominio ya que “es un tema muy cuestionado y se tratarán cuestiones de fondo. Hay quienes creen y sostienen que la ley debe ser nacional y no provincial, como tenemos en Mendoza”, indicaron.
Sobre este punto, fue en abril del 2019 cuando se sancionó la ley de extinción de dominio, en el que se habilitó a la justicia civil a disponer la recuperación de los bienes que provengan de la corrupción, aunque no exista una sentencia definitiva. En este sentido, se basó en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el ex presidente, Mauricio Macri.
Las causas
Por un lado, ha sido imputado (en esta causa junto a Sgró) por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que también enfrenta la acusación de administración fraudulenta por sobreprecios en el alquiler de una planta de asfalto y maquinaria de la empresa Wanka SA.
En la imputación por fraude a la administración pública, también están imputados el ex secretario de obras públicas Federico Sampieri y el empresario Héctor Núñez.
El expediente de enriquecimiento ilícito ha sido considerado la “madre de las causas” contra el ex intendente de Guaymallén. Lobos y Sgró arriesgan penas de 2 a 6 años de prisión, según se determina en el artículo 268 (2), que establece que “será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años, multa de dos (2) a cinco (5) veces del valor del enriquecimiento, e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos (2) años después de haber cesado en su desempeño”.
A Lobos se lo acusa de haberse enriquecido a costa de su trabajo como empleado municipal, vínculo que comenzó en 2000, aunque sobre todo la investigación se centra en los años que, tras ser concejal, pasó a convertirse en intendente (2013 a 2015).
Según la acusación de la fiscal Susana Muscianisi, Lobos no pudo demostrar un aumento en su patrimonio de $3.923.099 (valores de ese momento) entre bienes muebles e inmuebles entre el 2003 y el 2015. En tanto, Sgró incrementó su patrimonio en el ejercicio de la función pública del año 2000 al 2013 en $1.188.837 “sin justificar dicho incremento”, manifestó la fiscal en el escrito.
De acuerdo con el detalle del expediente, siendo funcionarios, Lobos y Sgró adquirieron una vivienda de 620 metros cubiertos en Guaymallén, un departamento y dos lotes, una camioneta Volkswagen Amarok, un Peugeot 308 y un cuatriciclo Can Am.
Por otro lado, se manifestó en el expediente que Lobos no pudo justificar que realmente adquirió supuestamente U$S 200.000 en Canadá, y que no fueron declarados cuando ingresó a la Argentina en 1992, tras haber trabajado en una empresa de limpieza. Con parte de ese dinero, aseguró Lobos que había podido adquirir dichos bienes.
