Este mediodía la familia de Florencia Romano, la joven asesinada en Maipú en diciembre del 2020, recibió el apoyo del peronismo mendocino y se manifestó en la explanada de la Casa de Gobierno contra la defensa que esgrimió el Poder Ejecutivo, en la demanda judicial que llevan adelante.
El asesor del Gobierno, Ricardo Alberto Canet, había responsabilizado a los padres de la víctima por haber “incumplido abiertamente con las obligaciones que la responsabilidad parental ponía a su cargo, no actuando con la vigilancia activa correspondiente” y por eso rechazó la indemnización de $300 millones que reclaman los familiares de la joven asesinada.
Como respuesta este mediodía los padres de la joven, José Romano y Cristina Mopardo, junto a los abogados Cristian Vayra Leiton y Agustín Magdalena, y la diputada provincial Laura Chazarreta (Frente de Todos), realizaron una conferencia de prensa en las escalinatas del edificio del Poder Ejecutivo. Además, decenas de mujeres del movimiento Ni Una Menos se hicieron presentes.
La mamá de la joven dijo que en el tiempo que ha pasado desde el femicidio “no ha cambiado nada”. “No tengo palabras. Así van a haber más muertas por femicidio y más hombres violentos”, aseguró muy consternada y afirmó: “Será muy brusco lo que digo, pero sí seguimos así, las mujeres no podrán salir a la calle porque no hay política que las defienda. Nos echan la culpa”.
A su turno la diputada Chazarreta recordó que hoy se cumple una semana del crimen de Agostina Trigo y acusó al gobierno de “hacer apología de la violación y el femicidio, responsabilizando a la familia y los vecinos” en el caso Romano.
“El Estado mostró una posición completamente feminicida, tanto en el caso Romano con estas expresiones misóginas, como en el de Agostina, reprimiendo y deteniendo a mujeres por manifestarse”, comentó la legisladora.
Y afirmó: “Esto es lo que pasa en Mendoza. Viéndolo como hechos aislados, desde 2015 a la fecha tenemos 80 femicidios. La provincia está en sexto lugar en todo el país. No puede ser que el gobierno de Suárez lo único que haga es responsabilizarnos a nosotras”.
Por su lado, el abogado Vayra Leiton comentó: “No podemos dejar pasar esto y tenemos que decir públicamente que la contestación de la demanda, más allá de lo técnico, jurídico y legal, es totalmente descabellada e improcedente. Es una brutalidad lo que dice el asesor del Gobierno, echándole la culpa del femicidio el cincuenta por ciento al condenado a perpetua (Pablo Arancibia) y el otro cincuenta por ciento a los padres de Florencia”.
Y agregó: “En la sentencia penal, el juez (David) Mangiafico fue muy claro en sus fundamentos. Dijo que hubo responsabilidad del Estado por la policía que cortó el llamado al 911, cuando un vecino denunciaba que escuchaba los gritos de auxilio de Florencia”.
“Los fundamentos fueron brillantes e hizo su recomendación al Ejecutivo, para que cambiara el funcionamiento del 911 y haya un protocolo de actuación ante estos casos, que al día de hoy, no existen”, añadió el abogado.
Por otro lado, afirmó que esperan que la jueza civil Marina Lilén Sánchez, quien deberá decidir sobre la millonaria demanda de la familia de Florencia Romano, realice una “sentencia ejemplificadora y sancionatoria para el Estado”
“Que sea un castigo para que las cosas cambien. Porque sino pasa siempre lo mismo: hay otro femicidio, se habla de ese hecho y se olvida de lo que viene pasando. Cuántas víctimas siguieron y no ha cambiado nada”, sostuvo el abogado.
BUSCAN CREAR LA “FUNDACIÓN FLORENCIA ROMANO”
Luego de que en julio del año pasado, en un juicio abreviado, Pablo Arancibia (33) fuera condenado a prisión perpetua por el femicidio de la adolescente y de que en octubre de mismo año se condenara a Soledad Herrera, la mujer policía que ignoró el llamado al 911 que hizo un vecino del asesino, la familia de chica asesinada en diciembre de 2020 inicio un juicio civil contra el Estado provincial por la suma de 300 millones de pesos. Este proceso se lleva adelante en el Tribunal de Gestión Asociada 3.
Canet consideró ante esta solicitud que la suma pedida no es “justificada y equitativa” y negó que “la víctima falleciera pura y exclusivamente por desidia estatal” ya que “no hay relación de causalidad entre la omisión imputada a la Provincia en el funcionamiento regular del servicio CEO y el resultado dañoso reclamado”.
Mientras se resuelve la causa, el abogado Magdalena aclaró que con parte del dinero de la demanda crearán la fundación Florencia Romano para asistir a víctimas de violencia de género.
“Lo que quiere la familia es hacer lo que el Estado no cumple, que es apoyar a las víctimas, que muchas veces no tienen recurso ni pueden contar con un estudio jurídico para que busquen Justicia”, sostuvo el letrado.
