La semana pasada el Departamento General de Irrigación (DGI) decidió suspender al inspector de cauces de Los Corralitos, Alejandro Currenti, y confirmó las sospechas que circulaban sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos para obras hídricas en Guaymallén.
La decisión que tomó el Honorable Tribunal Administrativo (HTA), compuesto por el superintendente Sergio Marinelli y los cinco consejeros de las cuencas de la Provincia, fue por faltantes de comprobantes de gastos de 1.368.232,74 pesos, correspondientes al año 2021.
Entonces decidieron suspender a Currenti de su función como inspector durante 60 días y se ordenó la devolución inmediata de los fondos de remanentes no invertidos, con intereses desde el 04/10/22, fecha de la última entrega que se hizo a la Inspección de Cauce.
Además se puso a disposición de la UFI y del Tribunal de Cuentas, la información correspondiente para iniciar una causa judicial o no. Es decir, Irrigación no denunció a Currenti directamente, lo que llamó la atención de la oposición, que se abroqueló en reclamos por más información al respecto.
El peronismo y La Unión Mendocina buscan que el DGI y el Tribunal de Cuentas den a conocer la rendición de los ejercicios 2022 y 2023 de esa inspección de cauce. Mientras que el concejal del PJ, José Pozzoli, hace lo propio con la Municipalidad de Guaymallén para que se revelen los convenios que firmó el exintendente Marcelino Iglesias con Currenti, para la entrega de materiales de construcción durante el período 2019-2023. Según datos oficiales, entre esos años se construyeron 32.838 metros de canal en esa inspección de cauce.
Con la olla destapada, primero fue Iglesias el que salió a defender el plan de obras hídricas llevado adelante y ahora el intendente Marcos Calvente, rompió el silencio en diálogo con Los Andes. Vale aclarar que él fue el Secretario de Obras Públicas durante ese período.
El jefe comunal indicó a este diario que “es una pena que esta situación empañe el enorme e inédito trabajo que se hizo en Guaymallén en drenajes”.
“En las últimas dos gestiones se construyeron más de 400 km de drenajes; 30 km fueron construidos en la zona rural mediante la articulación con el DGI. El municipio, en el marco de un convenio, aportó los materiales para la construcción de los canales”, manifestó.
Y aseguró que “los materiales que aportó la municipalidad fueron entregados in situ, durante la construcción de los mismos”.
En ese tono, destacó que “la utilización de los materiales aportados para la construcción de los más de 30 km de canales construidos fue auditada por el municipio. Además, se siguen realizando auditorías para asegurar la correcta ejecución de los trabajos”.
Por último señaló que durante su gestión, que comenzó hace seis meses, no tienen ningún convenio firmado con Currenti: “Por el momento no tenemos vigente un convenio de colaboración para la construcción de nuevos canales”.
Los reclamos en la Legislatura
Desde el peronismo ya advertían maniobras sospechosas de Currenti, tras recibir testimonios de vecinos y regantes, por lo que el senador Félix González presentó a mediados de mayo un pedido de informes para que Irrigación remita una copia del expediente iniciado por la Dirección de Fiscalización del organismo, el día 27 de septiembre de 2023, bajo la carátula “Sobre irregularidades Inspección Canal Vertientes Corralitos Unificada-Río Mendoza (repartición 24-letra2 -N° de orden 802812)”.
Esta documentación aún no ha sido revelada y según entienden desde el PJ, los balances de los años 2022 y 2023 presentaron déficits aún más graves, y dan cuenta de que las irregularidades no fueron un caso aislado del 2021. Precisamente sostienen que hay rojos de $22 millones y $12 millones, que deben ser esclarecidos y puestos a disposición de la Justicia.
En el mismo sentido se plegó ahora, La Unión Mendocina en la Cámara de Diputados. Los legisladores Jorge Difonso y Rolando Scanio elevaron un pedido de informes al Tribunal de Cuentas, postulando que al inspector “se le abrió un expediente por el supuesto desmanejo de recursos públicos por una cifra que, en principio, ronda los $30 millones, los cuales estaban destinados a la construcción de obras que nunca se hicieron”.
“Al respecto, llama la atención que los concejeros Eloy Guerrero -del río Tunuyán Inferior- y Alejandro Gennari -del río Mendoza-, no prestaron su acuerdo para que se aprobara la rendición de cuentas presentada por Currenti por los gastos de su inspección”, apuntaron.
Y agregaron en sus fundamentos, que la Dirección de Fiscalización generó un expediente interno, “ante la posible irregularidad cometida en el manejo de, al menos, tres obras financiadas por el DGI que no se hicieron”.
Entre los argumentos, los diputados sancarlinos también involucraron al actual senador provincial Marcelino Iglesias. “El exintendente contó cómo la municipalidad aportó miles de kilos de hierro y más de ocho camiones de hormigón por día (unos 100 mil metros cúbicos) para las obras cuestionadas”, manifestaron.
Por esto, tras aclarar que el pedido se complementa con el del senador González, solicitaron al Tribunal de Cuentas que remita el informe oficial sobre la rendición de cuentas de los balances del año 2022 y 2023, de la Inspección de Cauces.
Presión sobre Guaymallén
A nivel municipal, el concejal Pozzoli (PJ) presentó una resolución para que el Ejecutivo Municipal informe “sobre todos los hechos y actos administrativos en que la Municipalidad de Guaymallén, actuó directa o indirectamente, con la Inspección de Cauce Vertiente Corralitos” y en la realización del “Programa de Mejoramiento de la Red Hídrica – Zona Rural del Dpto. Guaymallen”, llevado a cabo por el Departamento General de Irrigación.
El edil peronista instó a que se pongan a consideración del Concejo Deliberante todos los convenios suscriptos entre el municipio y la inspección de cauce, con los detalles de los materiales otorgados y los metros construidos.
También solicitó que “no se formalice ningún nuevo convenio entre las partes invocadas, hasta tanto no se aclare la situación legal del Inspector Currenti, en el marco de las investigaciones mencionadas” y que se “suspendan” los que estén vigentes, aunque Calvente ya confirmó que no hay ninguno en pie con esa inspección de cauce actualmente.
