El Departamento General de Irrigación (DGI) detectó sospechosas “anomalías” en la Inspección de Cauce Canal Vertientes Los Corralitos (Guaymallén) y resolvió la intervención. De esta forma, el inspector Alejandro Currenti quedará suspendido de su cargo hasta que concluya la investigación administrativa, arriesgando una posible destitución.
El Honorable Tribunal Administrativo (HTA), a través de su Resolución N° 337 firmada este lunes, decidió iniciar una investigación en el seno de la Inspección Canal Vertientes Corralitos y además dispuso la “suspensión preventiva del Cuadro de Autoridades de la Inspección”. Esto incluye además de Currenti, a los delegados Oscar Antonio Amer, Antonio Miguel Sánchez, Jaime Francisco Vices y José Alberto Sánchez.
Luego de que Irrigación confirmara irregularidades en la rendición de cuentas del año 2021 y suspendiera a Currenti por un plazo de 60 días el 19 de junio pasado, las denuncias por hechos de corrupción se fueron acumulando y llegaron a la Justicia. Salieron a la luz polémicos contratos realizados con su esposa Romina Cagol en enero de este año, un comodato firmado para trasladar la inspección de cauce a un terreno de su propiedad en 2018 y el uso del token de un hombre fallecido para realizar operaciones bancarias, como denunció penalmente el concejal de Guaymallén, José Pozzoli (PJ).
Vale decir que la primera sanción, correspondiente a faltantes de comprobantes para validar 1.368.232,74 pesos que eran destinados para obras hídricas, sigue vigente a la par y vencerá el próximo 19 de agosto. Pero no tendrá efecto concreto porque con la intervención resuelta, Currenti quedó suspendido de sus funciones de forma “precautoria” para “no entorpecer la investigación”, explicaron desde el DGI a Los Andes.
Los hechos que tomaron conocimiento público motivaron a que el Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, solicitara al Honorable Tribunal Administrativo el inicio de una auditoría sobre la inspección, a principios de julio. De esta forma, con la documentación recibida, la Dirección de Fiscalización del HTA confirmó las sospechas de irregularidades a “prima facie” y pidió la intervención del DGI en la inspección para profundizar la investigación.
“El Asesor Letrado de la Dirección de Fiscalización expresa, que en virtud de las distintas anomalías detectadas, existen determinados hechos que tendrían la entidad suficiente para ser considerados como irregularidades”, sostiene la resolución a la que accedió Los Andes.
El token fantasma
La irregularidad más grave que detectó la Fiscalización, sin dudas, fue el uso del token de una persona fallecida para realizar operaciones bancarias. “Se observa que no se ha indicado quienes son los sujetos autorizados a realizar operaciones bancarias mediante token, ni se ha brindado en el descargo presentado explicación suficiente para justificar la utilización del token correspondiente a un sujeto fallecido, para la realización de operaciones bancarias por parte de la Inspección de Cauce que el Sr Alejandro Currenti representa”, dice el informe.
Aunque el texto no aclara el nombre específico del fallecido, se trataría de Vicente Pelayes, quién formó parte de la “Lista Celeste” como primer delegado después de Currenti en 2022. El concejal Pozzoli denunció penalmente que el hombre perdió la vida antes de las elecciones de autoridades que se dio en noviembre de ese año, pero habría resultado “electo” de todas formas y el inspector de cauces habría hecho uso de ese “cargo fantasma” para utilizar su token. Es decir, podría tratarse de un caso de robo de identidad.
Es que los pagos de las inspecciones, en su gran mayoría, se realizan a través de transferencias bancarias que deben ser autorizadas por los token del Inspector y el primer delegado. “Uno de los puntos a investigar es, sí Pelayes fue elegido y aun más preocupante también, si su token aún seguía siendo utilizado para aprobar las transferencias y pagos, después de haber fallecido”, planteó el edil en su denuncia.
En tanto, en la Resolución N° 948 del 19 de diciembre del 2022, con la que el DGI oficializó a las nuevas autoridades electas, Pelayes no figura como primer delegado de la inspección, sino Oscar Antonio Amer. Será uno de los puntos importantes que profundizará el HTA con la investigación.
Deudas de aportes y comodato
También el órgano detectó que Currenti “habría percibido los viáticos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2023, adeudando el pago de aportes y contribuciones del personal ‘cancelando nominalmente’ la deuda 2023 con AFIP, recién en mayo de 2024″. Este hecho no había sido denunciado anteriormente.
En tanto, sobre el polémico traslado de la sede de la Inspección a un terreno propio en el Callejón Bilbao S/N del distrito Los Corralitos, en el año 2018, la Dirección de Fiscalización indicó que “tampoco se ha acompañado el acta dónde se puso a consideración de la Asamblea la realización del comodato que involucra al inmueble”, detalla entre los argumentos.
La intervención del DGI implica entonces que Currenti mantenga las puertas abiertas de su finca olivícola, a pesar de no estar en funciones. “Currenti entregó en comodato ese inmueble para hacer la sede de la inspección. Entonces no puede prohibir el ingreso. Tampoco se ha rescindido, el tenedor de ese derecho de uso y goce es la Inspección de Cauce, que en este caso pasa a manos de la intervención. Entonces no debería entorpecer el funcionamiento de la inspección”, contó una fuente del DGI.
Las disposiciones
Todos estos argumentos llevaron a que el HTA disponga la intervención preventiva de la inspección de cauce y se designó como interventora a la Subdelegación de Aguas del Río Mendoza, “quedando facultada para realizar los actos inherentes al cargo, hasta tanto sea esclarecida la investigación llevada a cabo”.
También se dispuso que el Cuadro de Autoridades, con Currenti a la cabeza, proceda a “entregar todos los bienes y documentación de la Inspección que se encuentre en su poder” en un plazo de 48 horas. Esto deberá realizarse bajo inventario, dejándose constancia en el Libro de Actas, informaron.
De esta manera, la Dirección de Fiscalización del HTA “deberá disponer de inmediato el inicio de la pertinente investigación” y “proceder a su desarrollo a fin de determinar las eventuales responsabilidades del caso que les pudiere corresponder a las autoridades de la inspección”, se detalla en la resolución.
Ampliarán la denuncia
El concejal Pozzoli se presentó como querellante en la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Juan Ticheli, y además denunció al exintendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, por los convenios firmados con Currenti para obras hídricas durante su gestión.
Después de conocerse la resolución, manifestó a este medio que “Irrigación nos está dando la razón a todas las denuncias que hicimos por el caso Currenti y Marcelino Iglesias”.
“Evidentemente estas desprolijidades arrastran al exintendente y todo lo que le dio por convenios y subsidios que ascienden hoy a montos de 7 mil millones de pesos, a valores actuales”, apuntó el edil peronista.
Y dijo que ahora “se abre un nuevo capítulo porque estamos esperando a que se nos dé fecha para aportar pruebas y testigos contra Currenti y el municipio. Es un primer paso que lo vemos como un acto de justicia, esperamos para poder ampliar la denuncia y creo que la fiscalía tendrá todos los elementos para realizar las imputaciones”
