Este fin de semana, el fiscal Daniel Carniello, que tiene a su cargo la causa que investiga al humorista “Cacho” Garay, imputado por abuso sexual y amenazas a su expareja, ordenó el allanamiento y la captura de una empleada de la Legislatura Provincial, quien habría participado en los delitos contra la víctima. La situación generó un revuelo importante en la Casa de las Leyes, debido a que la mujer apuntada se desempeña como trabajadora en el Senado Provincial desde el 2020.
Según informó Los Andes este lunes, la orden de detención se realizó sobre Sandra A. (se resguarda el nombre porque aún no ha sido imputada), quien no se encuentra en la provincia. En el allanamiento, que se realizó el sábado pasado en su vivienda en Luján de Cuyo, se constató que la mujer no estaba, y se cree que está fuera del país. De hecho, fuentes de la investigación aseguran que viajó de vacaciones hacia el Caribe (podría ser Cancún) vía Chile.
Lo cierto es que Sandra A. es investigada por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en número indeterminado de hechos cometidos en contexto de violencia de género, en calidad de coautora.
Este medio se contactó con fuentes de la Legislatura Provincial, quienes constataron que la persona en cuestión trabaja como administrativa en el área de Recursos Humanos del Senado local. Además, confirmaron también desde el Senado que la mujer ingresó a trabajar por parte del radicalismo de Luján.
En diálogo con César Vázquez, secretario de Legal y Técnica de la Cámara Alta, comentó que la mujer ingresó a trabajar en 2020 al Senado y tiene el cargo de contratada temporaria.
El funcionario explicó además, que pidió en el mes de abril su licencia por 15 días, que inició el día 29 de mayo, por lo que deberá presentarse en su lugar de trabajo el próximo 16 de junio.
Sin embargo, declaró que no conoce cómo fue que ingresó a trabajar en su puesto, en el cual se le ha renovado el contrato (que es anual) en tres oportunidades. “Como empleada no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes ni sanciones”, mencionó.
Por otro lado, sostuvo a Los Andes que aún no han tenido tampoco algún tipo de comunicación con la Justicia. “Por ahora sigue trabajando en el Senado. No podemos iniciar ningún proceso interno administrativo si no hay un procesamiento judicial. Todo puede cambiar a futuro”, aclaró Vázquez.
En este sentido, en el caso que haya un procesamiento de la posible imputada, allí podría iniciarse un sumario administrativo “por la ley de empleado público” y luego la suspensión preventiva del cargo “hasta que termine la investigación judicial”.
La causa
Según se desprende de la investigación desde 2011 hasta el presente Garay –en diferentes viviendas que la pareja fue habitando- le habría exigido mantener relaciones sexuales (vaginales y anales) y en algunos casos obligándola a tomar tranquilizantes.
La denunciante sostiene que en el año 2013, en una vivienda de la calle 20 de septiembre de Luján Sandra A., ingresó al dormitorio de la pareja y se habría realizados diversos tocamientos con el humorista y luego la mujer habría realizados tocamientos a la denunciante practicándole luego sexo oral, siempre en contra de su voluntad, mientras Garay tenía sexo con la empleada de la Legislatura. Luego Garay habría abusado sexualmente de su pareja para luego irse de la habitación junto a Sandra.
La situación no terminó ahí ya que Verónica Macías, llorando, llamó a su hermana que reside en Córdoba. Entonces la empleada de la Legislatura, entró al cuarto, le quitó el telefono y lo estalló contra la pared, mientras le habría dicho a Garay: “hay que matar a esta pendeja”.
Seguidamente, la habría tomado de cabello, la tiró al piso y le habría propinado algunas patadas y por último tirarle un balde de agua, llevarla a ducha y darle dos tranquilizantes.
Luego se habría producido una situación más violenta. Sandra le dijo a Cacho que la mujer lo iba a meter en un “quilombo” y Garay en respuesta tomo un arma, le habría apuntado a la cabeza diciéndole: “no vas a ningún lado”.
Según la ampliación de la denuncia de Macías, Garay habría filmado esos encuentros sexuales grupales o orgías a pesar de que ella no quería. Esos abusos se habrían producido durante los fines de semana, repetidas veces desde el año 1011 al 2013. En todos los casos la víctima se negaba pero era amenazada con un arma y obligada a tener sexo, primero con la mujer, y luego con Garay.
Durante el allanamiento de la empleada legislativa se secuestraron en la vivienda teléfonos y memorias de teléfonos y cámaras y computadoras que pueden ser de interés para la causa ya que según la denunciante, la mujer junto a Garay la habría sometido durante años a tener relaciones sexuales sin consentimiento y habrían filmado estos actos, para asegurarse que la denunciantes se mantuviera en silencio.
