Después de la feria judicial, que se extenderá del 17 al 28 de julio, el jury de enjuiciamiento que debe definir la destitución o no del juez federal Walter Bento determinará si la prueba presentada por el acusado es “conducente” y de esa manera dará un paso importante en el proceso que, según el plazo establecido, deberá culminar a fines de noviembre.
El magistrado, que fue suspendido por unanimidad en el Consejo de la Magistratura, deberá afrontar el juicio político y, en paralelo, el proceso penal donde está acusado de cometer numerosos delitos, como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y recepción de sobornos a cambio del otorgamiento de beneficios procesales.
Fuentes vinculadas a tres de los integrantes del jurado de enjuiciamiento adelantaron a este medio que tras la feria judicial, en fecha aún no fijada, se resolverá sobre la prueba presentada por Bento hace unos días.
“Tenemos que resolver qué prueba es conducente y cuál se rechaza. Se está trabajando en establecer los límites de la prueba. La prueba ofrecida llevaría al menos un año, por eso se está acotando a la prueba conducente”, indicaron.
La defensa de Bento estará a cargo de los abogados porteños Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza, quienes se sumaron al letrado local Gustavo Gazali luego de que Mariano Cúneo Libarona, que llevó adelante la tarea desde 2021 hasta fines de junio, desistiera por compromisos en el exterior.
Además de presentar a sus abogados, Bento realizó su descargo y presentó la prueba que ya está en manos de los integrantes del tribunal. Una vez que se termine de analizar, se establecerá el cronograma de audiencias orales y públicas.
También presentó un escrito pidiendo “revertir” la medida que suspendió el cobro total de su sueldo (actualmente percibe la mitad) porque considera que “viola sus garantías constitucionales”.
“Ahora el presidente (el juez Javier Esteban de la Fuente) debe sacar una providencia, que seguro será en el sentido de mantener la medida”, informaron desde el jury. En la decisión también interviene la Dirección de Administración Financiera del Poder Judicial.
El tribunal está integrado por De la Fuente, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal; Javier María Leal de Ibarra, camarista de Comodoro Rivadavia; Alfredo Barrau, abogado de Tucumán; los diputados Anahí Costa (Frente de Todos) y Ana Clara Romero (Juntos por el Cambio), y los senadores José Torello (Juntos por el Cambio) y Daniel Bensusán (Frente de Todos).
La semana pasada, la Corte Suprema autorizó la contratación de siete secretarios para los integrantes del jury, que ejercerán funciones hasta el 27 de noviembre.
Por otra parte, el máximo tribunal confirmó la cesantía dictada por la Cámara Federal de Mendoza sobre Nahuel Bento, hijo del magistrado, quien es secretario judicial y también está procesado por lavado de dinero.
En paralelo al juicio político, el próximo 26 de julio comenzará el juicio oral y público, que no solo tiene como acusado a quien fuera titular del Juzgado Federal Número 1 de Mendoza, sino también a otras 29 personas.
El juez tiene pedido de prisión preventiva, pero no se hace efectiva porque goza de fueros. Es decir que solo podrá ser detenido si es destituido del cargo por el jury. Dado que los integrantes son siete, se necesita el voto concurrente de cinco de ellos para la remoción.
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