En los Tribunales Federales de Mendoza, y en el Consejo de la Magistratura de la Nación en Buenos Aires, siguen adelante procesos paralelos que tienen al juez federal Walter Bento como protagonista. En la causa penal, que se sigue en el edificio de España y Pedro Molina de la Ciudad de Mendoza, la defensa de los principales acusados se encamina a días clave en un escándalo judicial que intentará desmarañar el juez federal Eduardo Puigdéngolas, que lidera la instrucción junto con el fiscal general Dante Vega.
Con sus abogados en la provincia, está previsto que hoy preste declaración indagatoria Marta Isabel Boiza, esposa de Bento y funcionaria judicial. Un día después lo hará el propio magistrado. “Pregúntele a los jueces de Mendoza cómo sigue después, que manejan esto como quieren” le dijo Mariano Cúneo Libarona, letrado patrocinante del juez federal, con ironía a Los Andes.
El “caso Bento” empieza a tener avances en lo penal luego de la denuncia que presentara el fiscal Dante Vega a principios de mayo y que desplegó varios delitos por los que se acusa al juez federal con competencia electoral.
Mariano Cúneo Libarona, uno de los abogados defensores, confirmó a este medio que hoy declarará la esposa de Bento, Marta Isabel Boiza y que mañana será el turno del juez en el edificio de calle España. No obstante, aseguró que no tiene confirmado el horario ni el formato, es decir si será presencial o virtual: “dependo de ellos (los jueces), estoy esperando que me avisen”, aunque aclaró que será en la mañana.
La investigación tuvo avances en junio y se amplió la imputación para el juez Bento, quedando de la siguiente manera: jefe de una asociación ilícita en concurso real con “el delito de cohecho pasivo en concurso ideal con delito de prevaricato por diez hechos”. Además se le atribuye enriquecimiento ilícito de lavado de activos de origen delictivo.
La pregunta es qué sucederá después de las declaraciones. Para Cúneo Libarona “es tan difícil predecir estos casos” y espera que “lean la causa, tendrán que leerla y resolver”. Y aportó también que “hay gente que está presa, pasándola mal en lugares espantosos y en 10 días tienen que resolver su situación. Ya llevan dos meses con esto”.
Junio había sido un mes importante en la causa luego de que el fiscal Dante Vega le solicitara al juez federal Puigdéngolas la imputación, detención, incomunicación, citación a prestar declaración indagatoria (y, en algunos casos, la prohibición de salir del país) a otros involucrados: el abogado Jaime Alba, el comisario José Gabriel Moschetti, Walter Anibal Costa Sgró, Rosa Isabel Fernández Morales. Además, se ordenó el arresto domiciliario de Alfredo Rodolfo Aliaga (el padre de Diego, por la edad).
También se solicitó la imputación y citación a prestar declaración indagatoria de Jorge Miranda (abogado), Javier Leónidas Angeletti (abogado) y Martín Rodolfo Bazán (policía). Y se sumó la ampliación de las imputaciones del juez Bento, Walter Bardinella, y los abogados Martin Ríos y Luciano Ortego. Otra novedad había sido la inhibición de los bienes de Bento, de su esposa, y de sus hijos Nahuel, Luciano y Facundo Bento.
Además se realizaron allanamientos de los lugares de residencia y trabajo de las personas involucradas, con autorización de requisa y registro de toda persona y vehículo que se encuentren.
El Consejo de la Magistratura envió oficios y notificó a Bento
Por otro carril sigue su curso la investigación que lleva adelante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, que podría determinar la suspensión o la remoción del juez federal mendocino.
A mediados de mayo, se determinó mediante un sorteo que el diputado nacional por el Pro y representante de la Cámara de Diputados en el organismo, Pablo Tonelli, oficie de instructor para llevar adelante la investigación contra Bento, a raíz de la denuncia del fiscal Dante Vega en su contra.
“La semana pasada se concretó la notificación al juez, que tiene 20 días hábiles para presentarse, decir lo que quiera y ofrecer pruebas”, indicó Tonelli a Los Andes. Sin embargo aclaró que el magistrado “no tiene por qué venir”, puede enviar un escrito o no realizar ningún acto. En caso de que esta última opción sea la elegida “no pasa nada, la investigación sigue su curso”.
También se libraron los oficios con los pedidos de pruebas, en donde al juez de la causa se le solicitó copia de las últimas actuaciones y al Consejo de la Magistratura pidiendo las declaraciones juradas patrimoniales de Bento y de su esposa, también funcionara judicial.
Si no hay resolución, Bento deberá avalar las alianzas partidarias
El juez federal sigue en funciones, y al tener competencia electoral hay actos que están bajo su órbita. Una de las tareas que se avecinan es la de avalar las alianzas de agrupaciones políticas nacionales en Mendoza para competir de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuya fecha límite es el 14 de julio (la semana próxima).
Días después también recibirá las listas de precandidatos a senadores y diputados nacionales de parte de las juntas electorales partidarias y deberá darles el visto bueno. Además, tendrá la tarea de autorizar las asignaciones de colores a las distintas agrupaciones y los modelos de boletas que estarán en el cuarto oscuro.
Por otro lado, el magistrado tiene que definir la designación de las autoridades de mesa y tendrá a cargo la difusión de lugares y mesas de votación. Una vez realizada la votación, supervisará el escrutinio definitivo en las PASO previstas para el 12 de setiembre.
