Productores de varias zonas de Mendoza realizaron un caravanazo en contra diversas políticas llevadas a cabo por el Gobierno de Alfredo Cornejo, centradas particularmente en la decisión de retirar la lucha antigranizo con aviones; al igual que la reforma del Código de Aguas, que se prevé que pueda llegar el proyecto en septiembre a la Legislatura.
Durante la mañana los productores salieron de puntos como el este provincial y llegaron pasadas las 11 a la explanada de Casa de Gobierno; donde fueron recibidos por el subsecretario de Agricultura, Sergio Moralejo.
El caravanazo fue convocado, en parte, por “Productores Unidos y Autoconvocados” de la provincia. Participarán entidades de la zona Sur de Mendoza, Valle de Uco, zona Este y también el norte, particularmente con productores de Lavalle.
Respecto a los productores el este, impulsores de la actividad, salieron a las 8 desde la ruta nacional 7 (acceso Este) y carril costa canal Montecaseros, con dirección a la Capital provincial. Luis Cañas, de Productores Unidos y Autoconvocados de Mendoza, estimó que unos 100 vehículos se desplazaron respetando las velocidades mínima y máxima, para no entorpecer el tránsito, para reunirse en la explanada de Casa de Gobierno con la intención de hacer llegar el petitorio al gobernador.
Tal como informó Los Andes en la edición del 22 de julio, la gran mayoría de estas organizaciones rechaza el proyecto del Código de Aguas, por considerar que “compromete gravemente el acceso al agua para la agricultura”.
Puntualizan el artículo 69, que prevé habilitar al Ejecutivo provincial a “alterar” las prioridades de uso del agua, “cuando se acreditare fehacientemente que el beneficio económico-social es notoriamente superior que el de la solicitud preferentemente competitiva”.
Desde la entidad pidieron al gobernador Alfredo Cornejo, además de la anulación del nuevo Código de Aguas, la continuidad de la mitigación con aviones en la lucha antigranizo, medida que fue tomada por el Gobernador, junto con el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, quienes indicaron que “no está probado científicamente” que sea una operatoria efectiva.
Por otro lado, pedirán también la reapertura o sustitución del IDR y el IDC para garantizar el desarrollo rural y comercial de la provincia; la mejora de la ley de contratos “que se pretende derogar, para garantizar la transparencia y equidad en la comercialización de la producción”.
También solicitan que persista y que se “amplíe” la denominada “ley Mansur” para “poder tener un precio de referencia oficial (de la uva) todos los años”.
