El Gobierno Provincial avanza en las negociaciones con la Capital sobre el reparto de los recursos y busca destrabar un conflicto interno que mantiene con la Ciudad de Mendoza, que podría haber generado coletazos políticos dentro del radicalismo; y que sí desembocó incluso en una demanda en la Justicia.
En conflicto entre las partes es por el Fondo Compensador, mecanismo que se creó en los ‘90 y que establece una cifra anual para comunas que fueron desfavorecidas en 1996 con el reparto de la coparticipación, y que tenía el propósito, como marca su nombre, de “compensar” lo que fue en su momento una nueva forma de distribuir los recursos en los 18 departamentos en desmedro de dos comunas: Capital y La Paz.
Dicho Fondo nació en su momento con unos U$S 4,1 millones anuales (Capital se llva el 96% y La Paz el 4%); y que actuamente solamente son unos magros $13 millones (U$S 12.400 dólares al cambio oficial).
La Capital, bajo el mando de Ulpiano Suárez, comenzó un derrotero de reclamos ante el Poder Ejecutivo. Ante la negativa de la gestión provincial de actualizar el monto, que quedó completamente desfasado por acción y gracia de la inflación en los últimos 30 años, decidió presionar a través de la Legislatura, e incluso protestó con una medida directamente en la Justicia.
“Alternativa transitoria”
Lo cierto fue que este lunes acercaron posiciones entre las partes. Si bien Capital habla de una “actualización” del Fondo Compensador, el Gobierno asegura que la “solución” o el acuerdo “no consiste en actualizar el fondo”, por lo que sería una medida en paralelo.
“Estamos analizando alternativas transitorias para mitigar los efectos del congelamiento del fondo luego de tantos años con elevada inflación y sin actualización”, expresaron desde el Ejecutivo.
Los Andes pudo conocer desde el Gobierno Provincial que hay un acuerdo en ciernes y que se espera la publicación en el Boletín Oficial de la “solución transitoria” para mitigar el impacto negativo de la falta de actualización del Fondo.
Una de las partes asegura que el acuerdo está prácticamente cerrado, mientras que otros destacaron que este lunes hubo “una instancia más en el proceso de negociación” y que no hay detalles aún para informar.
En tanto, se especula que entre esta semana y la que viene el gobernador Alfredo Cornejo firmaría los decretos, que aparecerán oficializados en los próximos días.
De igual forma hay cautela desde el municipio que administra Suárez, sobre todo porque el objetivo ha sido volver a llegar a esos montos de los U$S 4 millones, que representarían hoy unos casi $4.200 millones, pero que, según cálculos del municipio, deberían recibir unos $7.300 millones. Pero no será posible por ahora.
De lo que ha trascendido es que será una suma anual, al igual que el fondo inicial, y que se pagará en principio en 12 cuotas con un índice de actualización. No obstante, no es lo que ha pedido de primera el intendente Suárez, quien ha pretendido que el Gobierno establezca un porcentaje total de la masa coparticipable, lo que generaría automáticamente una actualización conforme evolucionen los recursos, tal cual ocurre con la participación municipal.
Si bien no es lo que Capital espera, de una u otra manera podría ser un avance el hecho de mejorar los números de recursos, teniendo en cuenta que el Gobierno Provincial en un primer momento se mostró impermeable a la hora de actualizar estos recursos a Capital y La Paz; lo que desembocó en dos pedidos de informes por parte de las Cámaras de Senadores y Diputados. Sólo una cuestión de forma.
Procesos e “incompetencias”
Tras las presentaciones de la Capital, el Gobierno Provincial publicó el 3 de junio un decreto, el 1045, en el que se declaró incompetente para resolver el reclamo del intendente radical luego de una serie de explicaciones sobre los motivos de la decisión.
Acto seguido, remitió el Poder Ejecutivo a una Comisión Bicameral, que se creó por la ley 6396, que establece lineamientos sobre la coparticipación municipal.
De esta forma, la Capital decidió avanzar en el orden legislativo, con presentaciones de la diputada capitalina, Cecilia Rodríguez; y la senadora Claudia Najul, en las que veían “con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Mendoza, implemente la adecuación del Fondo Compensador creado por Ley N° 6396 (Art. 7°) para los municipios Ciudad de Mendoza y La Paz”.
En paralelo, Capital presentó una Acción Procesal Administrativa (APA) ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza cuestionando el mencionado decreto 1045. A fines de octubre, la sala integrada por José Valerio, Omar Palermo y Pedro Llorente admitió formalmente la demanda y corrió traslado a las partes involucradas, a la espera, en términos políticos, que pudiera darse un acuerdo extrajudicial, que es donde habrá novedades en breve.
