El Gobierno provincial busca mejorar el control de ausentismo en todas las dependencias estatales, principalmente en escuelas, comisarías y centros de salud, con la instalación de controles biométricos para marcar ingreso y egreso del personal.
“Dispóngase que todas las Dependencias del Poder Ejecutivo Provincial deberán implementar un sistema de control biométrico de datos a fin de que se registre adecuadamente el ingreso y egreso del personal al solo efecto de ACREDITAR su asistencia al lugar de trabajo, no revistiendo ello prueba suficiente del cumplimiento de sus tareas normales y habituales”, sostiene el Artículo N° 2 del Decreto 1944, publicado en el Boletín Oficial este lunes, con la firma de la vicegobernadora Hebe Casado (en ejercicio del Poder Ejecutivo).
Además, la Provincia firmó un convenio con la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) para llevar adelante el seguimiento de las licencias por enfermedad. Se destinarán $35 millones por mes para que la obra social realice “hasta 5.000 controles de ausentismo” y “hasta 2.000 juntas médicas por mes”.
El decreto también establece un plazo para la instalación de los controles biométricos en las dependencias estatales. Indica que el procedimiento “se realizará de forma gradual, garantizando su plena operatividad en un plazo máximo de seis (6) meses a partir de la fecha del dictado de la presente norma legal”.
Una fuente del Gobierno provincial aclaró que “no es que no haya tal sistema actualmente, lo que sucede es que no en todas las escuelas, comisarías y centros de salud los hay. Entonces todas esas áreas tienen un plazo para contratar o instalar algunos de los sistemas de control biométrico”. De todas maneras, aún no trascendió cuantos dispositivos deberán adquirirse e instalarse puntualmente en cada sector.
“En las distintas áreas tienen distintos sistemas de control. En muchísimas hay relojes, donde se generan reportes en los que se marca el horario de ingreso y el de salida. Los días en que no hay ingresos o salidas, se cruza con los certificados médicos o pedidos de licencia”, ampliaron desde el Ejecutivo.
Según pudo saber Los Andes, en la Administración Central y edificios ministeriales se utilizan dispositivos de reconocimiento facial para el ingreso de personal. Lo mismo ocurre en los hospitales públicos. Mientras que en centros de salud y comisarías se utilizan relojes biométricos.
En el caso particular de las escuelas, al inicio del primer mandato de Alfredo Cornejo se instalaron relojes biométricos en varios establecimientos, pero el sistema no funcionó como se esperaba y el control asistencial terminó siendo absorbido por el GEM.
Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) le informaron a este diario que “la idea es que, a partir de esta nueva disposición, en un futuro sí comiencen a usarse, ya que los relojes biométricos están instalados en muchas escuelas, pero la realidad es que hoy la asistencia se carga a través de GEM”.
En el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) creen que se trata de una apuesta que “ya fracasó” porque “no había conectividad en las escuelas o cuando se rompían, no había forma de arreglarlo”, entre otros motivos. “No creemos que sea la manera”, dijo un dirigente gremial a Los Andes.
“El sistema GEM es de gestión educativa. Además, cargan novedades de Personal. Lo que se busca es que lo que registre el reloj biométrico impacte en GEM”, explicaron desde Casa de Gobierno para aclarar cómo será la metodología de aplicación.
Por el lado de las comisarías, el Ministerio de Seguridad y Justicia indicó a este medio que “hay relojes en casi un 100% de las dependencias”, salvo en algunos establecimientos de zonas alejadas, que carecen de buena conexión a internet. Allí se realizan controles mediante actas, que luego son enviadas a Recursos Humanos.
En tanto, el Ministerio de Salud y Deportes no pudo aclararle a este medio cuántos centros de salud están alcanzados hoy por controles biométricos. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confiaron por su parte que “el 50% de los centros de salud no tienen esos controles”.
“La idea es que teniendo sistemas de control biométrico, estos puedan emitir reportes que después puedan ser interpretados por otro sistema, sumando al control médico que hace la Osep. Y en una etapa posterior sumando a las licencias de una manera automática, se determinen cuáles son las inasistencias injustificadas que tiene el personal”, completó una fuente del Gobierno provincial.
El convenio con OSEP
Según explica el Ejecutivo, mediante el convenio firmado, OSEP “brindará el servicio de control de ausentismo y junta médica para los agentes alcanzados por el mismo, logrando el control y seguimiento de las patologías garantizando la rápida incorporación de los empleados a los programas de asistencia disponibles, permitiendo no solo el control de las patologías prescriptas por su médico sino también la examinación por parte del profesional verificador que OSEP considere de acuerdo al caso a tratar”.
Además, se deja en claro que la “correcta implementación” del control de ausentismo se debe seguir con “controles de presentismo que brinden a la administración, datos fehacientes y completos que permitan realizar auditorías de manera eficaz para garantizar la correcta gestión del capital humano”.
En el convenio que está publicado en el anexo del decreto, OSEP se compromete a realizar “hasta 5.000 controles de ausentismo por mes”, así como también “hasta 2.000 juntas médicas por mes”.
Allí se establece que OSEP brindará el control “de ausentismo y junta médica para los agentes alcanzados por el convenio, logrando el control y seguimiento de patologías, garantizando la rápida incorporación de los empleados a los programas de asistencia disponibles”.
Además, se establece que el precio para la prestación de estos servicios será de $35 millones por mes; mientras que todos los trabajos extra de OSEP, o que superen los límites, serán abonados por el Poder Ejecutivo con $30.000 por cada Junta Médica y $8.000 por cada verificación domiciliaria.
El convenio, en tanto, tendrá una vigencia de 24 meses, a partir del 1 de agosto del 2024 y la renovación del mismo “será automática por períodos de 12 meses”.
Qué dicen los gremios
El secretario general de ATE, Roberto Macho, consideró que “hacía falta un control centralizado del ausentismo dentro del Estado provincial. Es una de las cuestiones que habíamos pedido porque al día de hoy, cada una de las instituciones o entes del Gobierno tomaba un criterio distinto y no respetaba los convenios colectivos de trabajo”.
Desde la entidad gremial aclararon que en el protocolo de seguimiento “no hay mucha disidencia” con el establecido por CCT con ATE, pero no han sido consideradas las personas que se ausentan por motivos de violencia de género o enfermedades psiquiátricas. “Son cuestiones que vamos a plantear mediante nota esta semana y en el ámbito paritario. Creemos que se puede hacer una aclaratoria”, comentó Macho.
Por otro lado, consideró que “Osep no está dando abasto en las prestaciones para sus afiliados y se plantea que hagan el control de ausentismo”. Y pidió que se realicen capacitaciones para la app que deberán descargarse los empleados públicos para notificar sus certificados médicos y respectivas ausencias.
En tanto, desde el SUTE respondieron que “el decreto amplía lo que ya se aplica en DGE, sobre control de ausentismo a todas las reparticiones y empleados públicos. En este momento nosotros ya tenemos a OSEP laboral en control de ausentismo y junta médica”.
Por el lado de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) respondieron que están analizando los alcances de la norma.
