El Ministerio de Seguridad y Justicia plasmó a través de la nueva Ley Orgánica del Servicio Penitenciario, una “reingeniería” en su estructura y su funcionamiento. Uno de los principales objetivos es fortalecer la seguridad intramuros para evitar que proliferen bandas que dañen la convivencia interior y sobre todo, puedan impactar de forma delictiva en el exterior.
Tras la sanción de la ley, la ministra Mercedes Rus aclaró que con las autoridades del Servicio Penitenciario, el director Eduardo Orellana y el titular de Inteligencia Penitenciaria, Diego Asencio, vienen trabajando con un “reglamento de alto perfil” que clasifica a las personas privadas de la libertad, según su “peligrosidad”.
El perfil de peligrosidad de un interno no corresponde solamente con el delito por el cual fue condenado, sino a un cúmulo de variables donde converge la ejecución de la pena, el comportamiento que demuestra en su estadía y también el acompañamiento familiar que tiene. Es decir, es un tratamiento dinámico y complejo.
Para simplificar la explicación de ese abordaje, Orellana diferenció en diálogo con Los Andes a aquellos internos que “entienden lo que hicieron y buscan de alguna manera pagar con años de privación de libertad el delito que cometieron sobre la víctima o las víctimas”. Se trata de las personas prestas a aprender oficios, terminar sus estudios y mantener una convivencia pacífica con sus pares, que son la gran mayoría y es lo que debería ocurrir con normalidad.
Sin embargo, el funcionario sostiene que “hay personas que creen que la delincuencia sigue siendo su medio de vida y les interesa más incluirse en agrupamientos o en círculos sociales con ese concepto”. Orellana aclaró que “solo un 10% de los internos son considerados de alto perfil”, hoy por hoy, de los 6.500 internos que abarca el sistema penitenciario con sus 22 unidades.
Y explicó que generalmente “tienen otros hábitos, otras culturas y se resisten al tratamiento que le propone el Servicio Penitenciario, que no es ni más ni menos lo que dice la ley. Entonces, dentro de las cárceles se convierten en personas conflictivas, porque muchas veces consideran al preso que quiere hacer las cosas bien como un alcahuete, como un débil”.
“Otras veces ven la oportunidad de comandar una organización que impacte no sólo dentro de las cárceles, sino afuera a través del tráfico, la influencia, el manejo de la prostitución, la droga o la extorsión”, apuntó Orellana.
El alerta máximo se pone entonces sobre aquel que “tiene condiciones de liderar un pabellón, que sepa imponerse sobre los demás y a partir de ahí teja influencia hacia afuera que le permita someter a otros presos a través del poder económico o la fuerza que ejerzan sus contactos de afuera sobre los familiares de los internos”.
Esas características se detectan a través del trabajo de inteligencia, que se nutre de diversas fuentes humanas y tecnológicas. Se analiza el “potencial criminal negativo” del interno con estas características y también “como puede corromper a nuestro personal”, sostuvo Orellana.
Claro está que no se puede aplicar una requisa masiva todos los días, por ejemplo, por esto mismo existen los filtros de disciplina mencionados anteriormente. “Tenemos que saber dónde apuntar e intensificar”, dijo el titular del servicio penitenciario.
“Esa gente es a la que nosotros le decimos que, como no cumple con ninguna de nuestras propuestas y se resiste al tratamiento, pasará a vivir bajo el reglamento del alto perfil y en ese lugar sí, nosotros tenemos un muy estricto control de seguridad sobre los presos y los funcionarios que trabajan ahí. Intentamos que no haya ningún tipo de comunicación”, sostuvo Orellana.
“Si vos asistís a la educación y progresas, porque no es lo mismo ir a sentarte en un banco y no pasar nunca de grado que hacerlo; si certificas buenos trabajos; si te relacionas bien con tu entorno y tu familia te asiste regularmente, tu perfil de peligrosidad baja”, aclaró el funcionario.
El servicio de inteligencia es el que asesora a los directores de que un interno puede cambiar de perfil, tal determinación no se realiza de forma estrictamente temporal, sino que es dinámico. Es un equipo de no más de cinco especialistas que analiza información “alimentada” por unas 2 mil personas del SPP. Y el objetivo, aclaró Orellana, no es bajar a un determinado número los altos perfiles, sino que “las cárceles no tengan violencia como teníamos hace ocho años atrás”.
“Hoy en día el 10% de los 6.500 internos son de muy alto perfil, porque vamos desalentando esa postura”, aseguró el funcionario. Esos 650 internos se ubican en los pabellones de máxima seguridad de los complejos de Almafuerte I y II, en Luján de Cuyo, con estricto seguimiento de videovigilancia, restricción de sus movimientos y de visitas.
Vale aclarar que no todos los reclusos se ubican allí son considerados proclives a liderar bandas delictivas, algunos directamente son extremadamente violentos con otras personas y entonces deben alojarse apartados. En el caso de Almafuerte II, el pabellón para los internos de alto perfil está compuesto por uniceldas con manejo tecnológico a distancia.
Orellana, de todos modos, remarcó que el “peligro es el que tiene tendencia” a convertirse en alto perfil dentro de la cárcel, ya que que muchos internos conocidos en la Provincia por haber cometido delitos importantes, no generan problemas en el curso de sus condenas y “entienden perfectamente” que una buena conducta “es una forma de empezar a reinsertarse”.
“Algunos apuntan a que hay que endurecerse como si fuéramos Rosario, pero no lo somos. Cada región tiene sus problemas. Y Mendoza en su conjunto, no solo el Servicio Penitenciario, sino la Justicia, el Poder Legislativo y la ciudadanía, hemos hecho una sociedad mucho más fuerte”, manifestó el director del Servicio Penitenciario.
Categorías de los penales
En el marco de esta reingeniería que se aplica en el Sistema Penitenciario Provincial, se lleva adelante una clasificación de sus dependencias, desde una categoría “A” hasta la “E”. Para determinar esa escala, no se tiene en cuenta solo la ubicación o la capacidad de alojamiento, sino también la prestación de servicios (educación y salud, por ejemplo), el personal disponible, el armamento y la tecnología.
Desde Seguridad indicaron que en la categoría A se ubican los complejos Almafuerte I y Almafuerte II; mientras que en escalafón B se consideran a las cárceles de Bolougne Sur Mer y San Felipe. En tanto, la prisión de San Rafael aparece como categoría C. Y por último, las alcaidías se ubican en el plano “D” y cierran las colonias, en el escalón “E”.
La ley también establece el nombramiento de directores para la Región Centro, Oeste y Sur del Servicio Penitenciario, que nuclea a todas los complejos y dependencias. “Los directores tendrán como misión acelerar las respuestas que hoy únicamente dependen de la respuesta de la Administración Central del servicio. Para las unidades del Centro no es un problema, pero las que están en el Oeste y el Sur, se inician procesos burocráticos que demoran la toma de decisiones”, explicó Orellana.
Estos funcionarios también van a concentrar el recurso material financiero y jurídico, para que no solamente sea más rápido, sino más eficiente la respuesta, explicó. De todas maneras no implicará el incremento de personal, sino un “reacomodamiento”. A fin de año se espera que se materialicen las designaciones, con los ascensos correspondientes.
En la estructuración que plantea la ley también se elimina un escalafón administrativo, en razón de que todo ese sistema pasa a ser absorbido por la tecnología. Aseguran que esto significará un 20% de ahorro y el personal que hacía tareas burocráticas, será reubicado al campo operativo que no solamente se trata de seguridad, sino incluye los servicios de salud, educación y el mantenimiento de las 22 unidades penitenciarias.
