El escándalo protagonizado el sábado pasado en Palmares por parte de sus familiares, decantó en un nuevo pedido de prisión domiciliaria del exjuez federal Walter Bento, acusado de liderar una asociación ilícita que se valía del cobro de coimas. El recurso fue solicitado por su defensa ante el Tribunal Oral Federal N° 2, a raíz de la internación de su esposa, Marta Boiza, quién se encarga de los cuidados de Facundo Bento, su hijo con discapacidades.
La mujer sufrió una fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda y se encuentra internada en el hospital Lagomaggiore, a la espera de una cirugía, después de haber sufrido una presunta “maniobra” violenta por parte del abogado y periodista Jorge Caloiro, en medio de un cruce la noche del sábado en el centro comercial de Godoy Cruz.
Sin embargo, este hecho no ha sido denunciado penalmente como tal y tampoco se lo menciona a Caloiro en el escrito presentado ante la Justicia. Por el contrario, el letrado sí realizó la actuación formal por supuestas agresiones y amenazas recibidas por parte de ella y su hijo Nahuel Bento. La causa está en manos del fiscal Lauro Monticone, de la UFI Correccional, y los acusados aún no han sido notificados.
Vale recordar que tanto Boiza, como Nahuel y Luciano Bento, están siendo juzgados con el exjuez por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Lo cierto es que la defensa de Bento, encabezada por el abogado Mariano Fragueiro Frías, se valió de la situación para presentar en las últimas horas un nuevo recurso ante el TOF N° 2, que preside la jueza Gretel Diamante. Solicitaron la prisión domiciliaria del exjuez y también su excarcelación.
Según el escrito que consta de 106 páginas y al que tuvo acceso Los Andes, los abogados plantean que “el pedido obedece a que el pasado 13 de julio de 2024, Marta Isabel Boiza -quien tiene a su cargo el cuidado y la atención de Facundo Bento, un joven con capacidades diferentes- sufrió una fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda que la incapacitó para hacerse cargo de las necesidades básicas de su hijo”, entonces señalan que se encuentra internada en el hospital Luis Lagomaggiore y “deberá ser sometida a una cirugía que insumirá un prolongado tiempo de recuperación”.
Y advierten también que la mujer “requerirá asistencia para acometer las tareas más básicas de la vida diaria” y por la “crítica situación descripta”, deben velar por el “interés superior” del joven con discapacidades. Por esto solicitaron la prisión domiciliaria de Bento, quien es su curador.
“Por tanto, el presente pedido se dirige a asegurar la situación global de la persona discapacitada, no como un beneficio para nuestro asistido, sino como una previsión legislativa tendiente a evitar que la permanencia en un establecimiento penitenciario implique una trascendencia de esa situación a terceros más allá de lo razonable”, indican.
También en el escrito se hace referencia a las imposibilidades de Nahuel y Luciano Bento para hacerse cargo de su hermano porque intentan “reinsertarse” en el mercado laboral, mientras se desarrolla el juicio. Incluso se mencionó que el resto de los familiares directos no viven en la Provincia, para tomar el rol de cuidadores.
Vale decir que, en las oportunidades anteriores, cuando la Justicia le rechazó la prisión domiciliaria, se argumentó que Facundo Bento tiene un círculo familiar disponible para su atención, más allá de su madre a quién se le otorgó el permiso de seguir las audiencias desde su casa.
Por otro lado, los abogados del exjuez solicitaron que “cumplida” la prisión domiciliaria y “en virtud de la prueba producida en el debate” se acredita la “manifiesta pérdida de vigencia de la calificación legal por la que fue procesado”.
En el texto plantean el “derrumbe de las cuatro columnas sobre las que reposa la imputación por asociación ilícita construida de manera artificial por el Ministerio Público Fiscal” y señalan los testimonios “bajo coacción” por Diego Barrera, al igual que los arrepentidos y las “utilitarias declaraciones de los condenados en procesos que tramitaron ante el Juzgado”.
El derrotero de recursos presentados
En diciembre pasado, con proximidad a las Fiestas, el TOF N°2 descartó una solicitud de prisión domiciliaria para Bento y ante la negativa, la defensa elevó un recurso de casación que también fue negado por los camaristas Diego Barroetaveña, Carlos Alberto Mahiques y Guillermo Jorge Yacobucci el pasado 6 de enero. Los argumentos de los fallos fueron los señalados anteriormente: el entorno familiar para el cuidado de Facundo Bento estaba garantizado con su madre y sus hermanos, respondieron.
Durante el juicio hubo también una serie de recusaciones planteadas para apartar del debate a las juezas que integran el tribunal y también a los fiscales Dante Vega y María Gloria André.
Primero fueron las propias juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá Rivas las que rechazaron correrse del debate durante abril y de forma simultánea, ratificaron a los fiscales y garantizaron la prisión preventiva del imputado.
Ante esto, la defensa elevó una nueva recusación contra las magistradas y los fiscales, pero ante la Cámara Federal de Casación y recibieron sendos reveses en dos fallos que repitieron la misma palabra: “inadmisible”. La defensa escaló entonces hasta el último escalafón, la Corte Suprema de Justicia, pero ya sin expectativa de que resuelvan la solicitud en un plazo prudencial.
El debate se reanuda el lunes
Antes de la feria judicial, el debate oral que tiene 33 imputados en general, ingresó en la etapa patrimonial con el desfile de testigos vinculados a la compra de inmuebles, vehículos y también partícipes de los viajes costosos al exterior que solía realizar el exjuez y su familia. Las audiencias se retomarán el próximo 22 de julio.
Tanto Bento como su esposa Marta Boiza y sus hijos, Nahuel y Luciano Bento, están acusados por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Para la Fiscalía son injustificables los incrementos patrimoniales que adquirió la familia desde el año 2005 hacia adelante, cuando Bento asumió su cargo como juez del Poder Judicial de la Nación.
Esto incluye la adquisición de propiedades de todo tipo y vehículos de alta gama, además de viajes recurrentes al exterior con gastos exorbitantes. Cabe señalar que los hijos imputados en la causa también son empleados judiciales.
En el caso del lavado de activos, la parte acusatoria asegura que se detectó conversión, transferencia y circulación en el mercado de “bienes provenientes de un ilícito penal con la consecuencia posible de que el origen de los bienes (originarios o subrogantes) adquiera la apariencia de lícito”.
