Paralizado por un conflicto político en torno a la elección de los integrantes que representan al Senado nacional, el Consejo de la Magistratura de la Nación no reiniciará sus actividades por lo menos hasta febrero.
La consecuencia directa de esta situación es que el juez federal y electoral de la provincia, Walter Bento, arrancará un nuevo año en pleno uso de sus atribuciones, a pesar de que, en contraste, a fines de febrero comenzarán las audiencias del juicio al cual estará sometido por ser el presunto líder de una banda que cobraba coimas a cambio de beneficios judiciales.
Las acusaciones contra el juez mendocino todavía no tienen ningún impacto en su vida laboral. El Consejo de la Magistratura, que precisamente controla el desempeño de los jueces federales, lo investiga desde hace casi un año y medio, pero todavía no define si ha cometido o no irregularidades.
Este proceso tuvo varias dilaciones, por la causa Bento y por otras cuestiones ajenas al expediente. Cerca de fin de año se aceleró, pero como los consejeros actuales terminaron sus mandatos en noviembre, quedó inconcluso.
El último paso importante lo dio el presidente de la comisión de Acusación del Consejo, el diputado del PRO Pablo Tonelli, quien 24 horas de dejar el cargo presentó un dictamen contundente en el que solicitó la suspensión en el cargo de Bento y la apertura de un procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Tonelli acusó a Bento de cometer “conductas enderezadas a recibir dinero u otros bienes a cambio del dictado de resoluciones judiciales favorables a quienes han realizado dichos pagos, en su rol de jefe u organizador de una asociación ilícita”. También señaló que el titular del Juzgado Federal Número 1 de Mendoza había “experimentado un enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado”, además de desplegar “maniobras destinadas a dar apariencia de lícitos a fondos de origen ilícito”.
Sin embargo, el duro dictamen de Tonelli quedó en un limbo, del que no va a salir hasta que el órgano judicial tenga confirmados a la totalidad de sus 20 miembros.
No ocurre eso por ahora. La semana pasada asumieron los cuatro nuevos representantes de la Cámara de Diputados de la Nación y antes habían prestado juramente también el representante del Poder Ejecutivo, los dos académicos, cuatro personas que referencian a los jueces y las otras cuatro que actúan en nombre de los abogados de todo el país.
Los únicos que falta nombrar son los cuatro senadores nacionales, pero fuentes cercanas al Consejo de la Magistratura señalan que su presidente, el titular de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, no activará el organismo hasta que ellos se incorporen. “Y eso no ocurrirá antes de la segunda semana de febrero”, pronostican.
Sólo cuando estén todos los consejeros designados, se avanzaría con la elección de las autoridades y miembros de las comisiones. La Magistratura tiene cinco comisiones y los senadores forman parte de varias.
Por ejemplo, los cuatro senadores nacionales tienen voz y voto en la comisión de Disciplina, que trata las causas de jueces a quienes podrían aplicarles sanciones menores. Y uno de ellos tiene participación también en la comisión más importante para la causa Bento: Acusación.
Hasta noviembre, el integrante por el Senado de esta comisión era precisamente el kirchnerista Martín Doñate, a quien la vicepresidenta Cristina Kirchner ha vuelto a nominar para el Consejo de la Magistratura, a pesar de que la Corte ha señalado que la maniobra de dividir los bloques para tener un lugar más fue ilegal.
Las demoras y conflictos políticos entre la Corte y el kirchnerismo permiten que Bento gane tiempo, a pesar de que, por lo menos hasta la renovación de autoridades del Consejo, no se percibía que el juez mendocino contara con alguna protección.
Sin embargo, el proceso exige que antes de avanzar se designen las autoridades y miembros (8 en total) de la comisión de Acusación, para que entonces, en su seno, se vote el dictamen que dejó Tonelli. Si lograra la mitad más uno esa opción, la causa dará un paso más, y entonces será el turno de que el plenario de 20 miembros se expida en otra votación. En este caso, de contar con dos tercios a favor el dictamen acusatorio, el juez será finalmente suspendido.
La defensa de Bento sostiene en este sentido que, para que la causa avance, algún consejero nuevo debería tomar e impulsar el dictamen de Tonelli. Y se prepara en este sentido para objetarlo, porque “no cumple con los requisitos formales”, según dijo uno de los abogados de Bento a Los Andes.
El juicio
En este contexto, la Justicia Federal marcó más diferencias con la Magistratura al fijar fecha ayer para el inicio de las audiencias preliminares. Eso ocurrirá el 22 de febrero, según ordenaron los jueces Pablo Salinas, por Héctor Cortés y Daniel Doffo.
A partir de ese día, correrán 10 días hábiles para que las partes ofrezcan pruebas y realicen recusaciones. De esta manera, el juicio penal arrancaría en marzo y podría durar entre seis y siete meses más.
La causa judicial tiene a 29 personas imputadas, entre funcionarios, abogados, policías y familiares del magistrado federal: su esposa Marta Boiza y dos de sus hijos, Luciano y Nahuel Bento.
Al juez se lo acusa de haber participado en 15 casos de cohecho y en 10 hechos de incumplimiento de los deberes, aunque también se encuentra con procesamiento firme por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, prevaricato y falsificación ideológica.
