Hace apenas tres días, el Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento de un hecho importante que había ocurrido hace varios meses. Más concretamente el 27 de febrero.
El ahora juez suspendido Walter Bento, junto a todos los integrantes de su familia, irrumpió aquel día en la sede del Consulado de España en Mendoza con el objetivo de iniciar trámites para obtener la nacionalidad española.
La esposa de Bento, Marta Boiza, y dos de sus hijos, Nahuel y Luciano, están procesados junto al juez por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Pero también se presentó para hacer el trámite el otro hijo de Bento, Facundo, quien tiene una discapacidad. Es el único miembro de la familia que no está procesado por la Justicia.
Bento era el acompañante del grupo. O sea, no fue a realizar el trámite para él, pero sí obviamente marcaba presencia como juez federal en el consulado. Tanto que no hizo la fila. En principio debido a que Facundo tiene una discapacidad y por lo tanto prioridad para pasar, el juez logró que el grupo familiar no tuviera que someterse a la larga cola de los mendocinos que sueñan con emigrar.
No se trataba de una fila cualquiera. La gente se aglomeraba y llegó a acampar en las cercanías de la sede de calle Agustín Álvarez para acceder a los turnos y acogerse al beneficio de la “ley de nietos” española. Aquel 27 de febrero, Bento fue recriminado por alguna de las personas que habían quedado atrás suyo en la fila y se produjo un incidente, en el que tuvieron que intervenir efectivos de la Policía Federal.
Lo sorprendente es que de este episodio no hubo ningún acta y lo ocurrido llegó a oídos de los fiscales federales que investigan a Bento meses después, recién luego de que el magistrado fuera suspendido por el Consejo de la Magistratura de Nación, hecho que ocurrió la semana pasada. Y la “novedad” que muchos se cuidaron de no divulgar en su momento, porque el juez cuestionado todavía estaba en pleno uso de funciones, encendió inmediatamente alarmas en la Justicia Federal de la provincia.
Los fiscales hace tiempo contemplan la posibilidad de que el juez y su familia traten de irse del país para zafar de las imputaciones que hay en su contra, que los tienen cada vez más acorralados. Saber que iniciaron trámites ante el Consulado de España les demostró que la hipótesis no era una locura.
La palabra del Cónsul
En este contexto, el cónsul de España en Mendoza, Ramón Blecua Casas, accedió a hablar con Los Andes y confirmó que la esposa de Bento y sus tres hijos presentaron en febrero la solicitud para acceder a la ciudadanía española. Señaló que el juez, en cambio, “no realizó ningún trámite”, como había señalado uno de los abogados de Bento, aunque sí “acompañó a su familia hasta la sala de espera”.
“Hubo un intercambio allí, alguien del público lo increpó y tuvo una discusión”, reconoció también el cónsul.
Blecua Casas agregó que la familia Bento inició en febrero el trámite de la nacionalidad española pero que éste se encuentra “en etapa de subsanación porque faltaron algunos documentos”.
Asimismo, aclaró que los Bento pueden acceder a la nacionalidad española (paso previo a obtener un pasaporte español), a pesar de casi todos los integrantes de la familia están procesados por la Justicia. “Tienen el mismo derecho que los demás ciudadanos. Si estuvieran condenados, tendrían limitaciones de la ley”, explicó el diplomático.
No obstante dejó en claro que “si recibimos notificación del juez de que estas personas están en situación legal de no salir del país, seguiremos las instrucciones judiciales”. Según pudo saber Los Andes, el tribunal que juzgará a Bento ya ordenó notificar oficialmente al consulado del impedimento que tienen para irse al extranjero.
“Ese caso es hipotético porque estas personas recién han empezado el trámite, no pueden solicitar el pasaporte porque no tienen nacionalidad española. Una vez que la tengan podrían solicitarlo, pero si la Justicia argentina informa que hay orden de detención, evidentemente actuaremos en consecuencia”, agregó Blecua Casas.
El Consulado de España en Mendoza tiene actualmente unas 5.000 solicitudes de nacionalidad en trámite y entrega unos 30 pasaportes por día. En cuanto a las nacionalidades, están resolviendo las iniciadas entre noviembre y diciembre, es decir, las de los meses anteriores al pedido de la familia de Bento.
La nacionalidad tarda, según explicó Blecua Casas, unos 6 meses si no hay complicaciones. Luego se solicita el pasaporte que puede demorar un mes más, dependiendo de cuántas personas saquen el turno correspondiente.
Llamado de atención
Teniendo en cuenta los tiempos de la Justicia, que tampoco son breves, los fiscales no consideran extraño que Bento y su familia puedan armar un plan de fuga en estos meses. “Tienen los medios y los contactos”, insisten en ese ámbito.
En esa línea de razonamiento, el pasaporte español puede ser un buen instrumento, ya que de tenerlo no necesitarían visa para entrar a muchos países del mundo. Hay que recordar que los Bento viajaron al exterior en los últimos años en muchas oportunidades, principalmente a los Estados Unidos, pero los investigadores creen que el pasaporte argentino (que nunca entregaron a la Justicia) tiene que tener la visa cerca de vencerse.
Si bien los fiscales no descartan un “plan de fuga en conjunto” de la familia Bento, esta semana también buscaron que se tomen “medidas cautelares” con los acusados. En otras palabras, al enterarse del episodio del Consulado de España, intentaron “llamar la atención” del Tribunal Oral Federal Número 2, que es el que juzgará a los Bento desde fines de julio.
Al tribunal lo integran tres juezas subrogantes de otras provincias (Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá) ya que todos los colegas de Bento en la Justicia Federal de Mendoza se excusaron o fueron recusados.
En ese ámbito señalan que el juez suspendido y su familia son los únicos imputados que no están sometidos al control de la Justicia, de los 34 que comparecerán en el juicio que arrancará a fines del mes que viene. “Los otros pasan a firmar por tribunales cada 15 días”, dicen.
Bento es el principal acusado en este juicio, ya que la Justicia lo considera jefe de una asociación ilícita que daba beneficios judiciales a cambio de coimas. Sin embargo, no son menores las imputaciones contra su esposa Marta Boiza y sus hijos Luciano y Nahuel Bento. Los hijos del juez están acusados de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito agravado, ya que habrían cometido estos delitos a pesar de ser funcionarios de la propia Justicia.
