En medio de los allanamientos dirigidos a líderes piqueteros, durante los cuales se confiscaron fondos y documentos presuntamente vinculados a programas sociales estatales, Eduardo Belliboni, figura destacada del Polo Obrero, defendió su posición y rechazó las acusaciones. “Es crucial determinar la veracidad de esas denuncias, ya que este asunto se inició el 20 de diciembre. Aunque no tenemos acceso completo al expediente, nos presentaremos para debatir. Si hay alguien señalado que sea real, deberá ser expulsado de la organización”, afirmó.
Además, afirmó: “Mi conciencia está tranquila, he vivido en Burzaco durante 50 años. No me llamaron porque saben que no soy un criminal. Los allanamientos fueron llevados a cabo ilegalmente, de noche, y se desactivaron las cámaras de seguridad de un local cercano”. Durante una conversación con radio Mitre, añadió: “No tengo temor de ser encarcelado. He estado luchando con las mismas tácticas y convicciones durante muchos años, y varios gobiernos han amenazado con encarcelarme”.
“Está mal y por supuesto que lo rechazamos y repudiamos, pero se probará en la Justicia. Siento persecución política, fuimos salvajemente reprimidos el pasado 20 de diciembre. Volvimos a serlo cuando nos movilizamos en el Congreso, volvimos en la 9 de julio también con torturas”, opinó el líder piquetero sobre el esquema de castigos para piqueteros expuesto en la investigación.
Al mismo tiempo, respaldó a su organización y afirmó que “darán la cara”. “No tenemos intención de escapar, no somos como Pepín (en referencia a Fabián Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri que enfrenta una citación judicial)”, declaró, y añadió desafiante: “Que vengan, estoy en Burzaco. No he recibido ninguna denuncia después de enfrentar a tres gobiernos que me han atacado. Intentaron encarcelarme durante la administración anterior y la de Macri”.
“Esto no es personal, hay una situación social en los barrios muy delicada después de la destrucción del programa Potenciar Trabajo y de que vaciaran los comedores, está pasando otra cosa”, acusó y detalló: “Lo que avanza en los barrios son los narcos. Conozco un caso puntual del primer comando de la capital de Brasil, unos narcos un poco pesados, que mataron a cinco personas en La Matanza, en el barrio 14 de enero”, dijo Belliboni.
Castigos para piqueteros que no iban a marchar
La investigación liderada por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello esclareció una trama de extorsión que involucra a agrupaciones piqueteras en Argentina. Los detalles de los chats obtenidos en la causa comprueban sobre la coerción ejercida a los beneficiarios de planes sociales a cambio de asistencia a movilizaciones y pagos monetarios.
“Patry, quería saber si me toca la mercadería. Estoy castigada” o “Buenas noches compañeros. Estos son los que no van a retirar la mercadería de Nación porque tienen cero movilizaciones”, son algunas de las frases que forman parte de la investigación.
La denuncia inicial se presentó tras una convocatoria del gobierno de Javier Milei, para que se reportara cualquier forma de extorsión por parte de las organizaciones piqueteras a la línea 134 del Ministerio de Seguridad.
Más de 13,000 llamadas fueron recibidas, de las cuales pudieron ser atendidas 2.720. De esa cantidad, 924 denuncias fueron consideradas pertinentes para la investigación. La Fiscalía, en colaboración con el Departamento de Crimen Organizado de la PFA, recopiló pruebas de las actividades ilícitas, incluidos mensajes de texto, informes administrativos y registros de llamadas telefónicas.
De esta forma, la información permitió identificar a los referentes denunciados, corroborar o descartar sus condiciones tales. Todo ello, para la fiscalía, fue conformando un cuadro probatorio que siguió con intervenciones telefónicas de los sospechosos, con los listados de comunicaciones y activación de antenas.
