El 27 de setiembre de 2010, hace hoy 10 años, la de nuevamente estatizada Obras Sanitarias Mendoza empezó a operar bajo el nuevo nombre de Aysam. Un año antes, el por entonces gobernador Celso Jaque había decretado la intervención de la empresa de aguas y a los pocos meses le rescindió el contrato. El decreto N° 1.737, ratificado por la ley N° 8.213, estableció el traspaso de manos privadas a la ya constituida sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado.
La reestatización fue impulsada por el peronismo que gobernaba la provincia en ese momento y tuvo el apoyo de la oposición. Los argumentos fueron unánimes: la empresa volvía a manos del Estado por incumplimiento del contrato convenido con el Gobierno por parte de OSM SA, en manos de varios accionistas privados. Las denuncias fueron dos: fallas en el suministro del agua y desinversión, lo que llevó el servicio al colapso.
En ese momento, la ley N°8.270 estableció que Agua y Saneamiento Mendoza Sociedad Anónima debía autofinanciarse con aumentos tarifarios graduales y que las inversiones debían hacerse con aportes del Poder Ejecutivo. Este objetivo nunca se cumplió y durante una década, la Provincia ha desembolsado 104 millones de dólares para que Aysam siga funcionando. De ese monto, solo la mitad se destinó a inversiones; el resto fue a gastos operativos, según el análisis de las cifras que informaron desde la empresa a Los Andes.
Si se acerca la lupa a estos números, entre 2010 y 2013 no hubo inversión alguna. Recién en 2014 se destinaron 400 mil dólares a este rubro, monto que fue creciendo con los años. En 2018 se concretó la partida más grande por 13 millones de dólares. A la par, el aporte del Estado para los gastos operativos fue casi una constante; osciló entre los 2,5 millones de dólares en 2010 y los 8 millones de dólares en 2016. Solo en 2018 no se usaron fondos provinciales para cubrir gastos operativos, aunque después volvieron los aportes para sostener a la empresa.
“La meta del contrato de concesión era una inversión de 10 millones de dólares por año. Pero la mitad de lo que aportó el Estado fue para gastos operativos (producción de las plantas, potabilización, guardado, depuración, distribución y reparación de la red)”, explicó el presidente de Aysam, Alejandro Gallego.
“Los gastos operativos deben financiarse con la tarifa, pero cuando los gobiernos no permiten un aumento de la tarifa tienen que financiar estas erogaciones con partidas del Presupuesto”, agregó quien fuera ministro de Hacienda durante la gestión provincial del radical Roberto Iglesias.
Además, el funcionario señaló que si se hubiera respetado lo que la ley indicaba, la inversión se hubiera duplicado y hoy no estaría el 40 por ciento de la red de agua en malas condiciones. “La ley no se cumplió, no se incrementó la tarifa y obligó a usar mal los recursos”, dijo, señalando a los años que gobernó el peronismo por no haber hecho los aportes necesarios. Según aseguró, de 2010 a 2015 los pocos fondos que había se destinaron a reparaciones.
Sin embargo, Guillermo Amstutz - presidente de Aysam durante la gobernación de Francisco Pérez- aseguró que durante su administración la empresa logró ser eficiente. “El aumento de tarifa y cuánto se destina del Presupuesto es una decisión del Gobierno, una decisión política. Yo sinceré el cuadro tarifario para lograr una correcta conservación del sistema de agua y cloaca. Mantuvimos el estado de la red y dejamos un stock de máquinas y caños”, afirmó.
“Sí hubo un déficit de inversión en obra nueva, porque el dinero que estaba presupuestado no llegó. Al momento de darle destino a los fondos, no fue prioridad Aysam. Hubo un plan de inversión compartido con el sector privado pero no fue suficiente”, reconoció el hoy titular de la delegación Mendoza de Vialidad Nacional.
En 2016, Aysam presentó su Plan Estratégico con una serie de ambiciosos proyectos a implementar hasta 2022, entre ellos la micromedición, muy limitada por el entonces titular de la empresa Richard Battagión. Sobre este tema, Gallego señaló que aún no han realizado una evaluación pormenorizada pero sí han realizado grandes inversiones. “En los últimos 4 años se han destinado 50 millones de dólares a inversiones. El plan sigue vigente y se cumplirá en la medida que tengamos presupuesto”, aclaró.
Infraestructura en mal estado
Aysam presta el servicio de agua potable y saneamiento al 60% de los mendocinos. También hay operadores municipales como Maipú y Luján, algunos privados y otros de gestión comunitaria en zonas rurales.
Actualmente, el 47% de la red de agua está en mal estado porque la más nueva es de PVC y tiene 35 años. Un 33% es de asbesto cemento y tiene 65 años; y hay un 16% de la red que tiene unos 100 años y es de hierro fundido. En cambio, el 35% de la red de cloacas está en mal estado y más de la mitad es de plástico.
Estas diferencias en las condiciones se traducen en los reclamos. En 2019, Aysam recibió 65.482 llamados por la red de agua y 47.075 por las cloacas. Los reclamos también muestran el empeoramiento del servicio. En los 10 años de vida de la empresa, las llamadas por problemas de agua se incrementaron un 43% y las de saneamiento, un 16%.
Hoy, en Aysam se plantean tres desafíos: disminuir los reclamos de los usuarios, mantener un ritmo sostenido de inversiones (reemplazar redes e instalar medidores, ampliar plantas depuradores) y una tarifa eficiente.
“Para que todo funcione de forma óptima tiene que haber medidores en cada casa, plantas que generen en relación a la cantidad de usuarios, una red nueva y plantas depuradores que generen aguas grises para el agro. Esto no va a pasar de un día para el otro, hay que invertir como lo venimos haciendo”, dijo Gallego.
Según el cálculo, para poner todo el sistema en condiciones se necesita una inversión de 800 millones de dólares (en una década solo fueron 50 millones) y una actualización del 50% de la tarifa, ya que el año pasado se logró un incremento del 130%.
Entre los datos a destacar, Gallego resaltó que en estos 10 años no se ha incrementado la planta de personal: “A fin de año se van 20 personas por jubilación. El índice debe ser de 3 empleados cada mil conexiones y estamos en 2 cada mil conexiones”.
En cuanto a las inversiones, señaló las mejoras en La Paz en 2016, la ampliación de la Planta Benegas en 2017, las tareas al año siguiente en Santa Rosa y los trabajos en el colector Lisandro Moyano en 2019. “Ahora vamos a invertir 200 millones de pesos en Alto Godoy para incrementar la producción de agua. Y en ejecución están la planta depuradora de San Carlos por 400 millones de pesos e inversiones por 400 millones en Rivadavia y por 2.500 millones en Paramillos”, indicó.
Historia
Los vaivenes de la ex Obras Sanitarias
En los ’80 Obras Sanitarias pasó de la Nación a la Provincia. En 1994 se convirtió en sociedad anónima previo a la privatización, que se concretó en 1998 con la venta del 70 % de las acciones de OSM, que adquirió un grupo de empresas extranjeras y nacionales por U$S 150 millones. Del 30% restante, 20% quedó en manos de la Provincia y el 10% se destinó al programa de propiedad participada.
En 2009 se decidió la intervención por la mala prestación del servicio y porque no se cumplió el plan de inversión y en 2010 se le quitó la concesión a OSM SA. Esto generó que las sociedades Saur Internacional SAS, Aguas de Mendoza, Inversora del Aconcagua SA, Aguasur Mendoza SA e Inversora de Mendoza SA presentaran ante la Suprema Corte un pedido de nulidad de los decretos que dispusieron la intervención y la rescisión del contrato. Recién en enero de este año, el máximo tribunal de la provincia dejó firme la reestatización de OSM.
