El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Flavio D’Amore, imputó a tres personas vinculadas a la causa que investiga a una veintena de contratos de la Municipalidad de Las Heras con cooperativas de trabajo de la comuna. Los imputados son el subsecretario de Políticas Sociales de la comuna, Osvaldo Oyhenart, su yerno Juan Pablo Pandolfi, quien se desempeña como directivo de alguna de las cooperativas; el tercer imputado el supuesto dirigente cooperativo, Adrián Alejandro Pérez.
Los tres son acusados por D’Amore de fraude a la administración pública en la modalidad de estafa, (cuatro hechos en concurso real); además Oyhenart fue acusado de uso de documentos públicos falsos.
El caso es uno de los cuatro expedientes que investiga el Ministerio Público Fiscal y que enturbia la compleja trama política del departamento, marcada por la salida del intendente Daniel Orozco de Cambia Mendoza, el espacio que lo llevó a conducir la comuna, para ser candidato a vicegobernador de La Unión Mendocina, secundando al también ex oficialista Omar de Marchi.
El ahora funcionario de Las Heras, Osvaldo Oyhenart, es un ex dirigente del radicalismo de Capital y fue secretario de Gobierno en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza durante la gestión del ex intendente Raúl Vicchi. Cuando Orozco dejó Cambia Mendoza para ir a La Unión Mendocina, Oyhenart siguió los pasos del jefe comunal lasherino y retuvo su cargo actual. Ahora que está imputado, surge una pregunta. ¿Orozco lo mantendrá en el cargo y se arriesgará a salpicar su candidatura a la vicegobernación?
La compleja trama judicial
La turbulenta situación judicial que salpica la campaña electoral en Las Heras se desató al ventilarse la grabación de una turbia conversación entre un funcionario municipal de Las Heras y una contratada de la comuna, terminó de generar una polémica con derivaciones judiciales insospechadas.
En la grabación el funcionario dialogaba con la empleada sobre asuntos de trabajo, le recomendaba cómo zafar de los conflictos con su jefa (la secretaria de Gobierno municipal, Janina Ortiz) y le ofrecía una ocupación diferente: que trabajara para él (o que simulara que trabajaba) facturando supuestas de prestaciones para cooperativas que están bajo su control.
La charla se dio cuando el funcionario y la empleada iban camino de un hotel alojamiento.
La novela judicial comenzó con la entrega de este audio en tribunales por parte de la propia implicada en la conversación y la apertura de más de una investigación en el Ministerio Público Fiscal. La denuncia y el contenido del audio revelaron el nombre del funcionario implicado: Osvaldo Oyhenart, subsecretario de Políticas Sociales del municipio.
Se produjo entonces la apertura de cuatro investigaciones. Dos en la Fiscalía de delitos no especializados por “coacción”. La primera porque la denunciante asegura que la secretaria Ortiz la obligó a tener relaciones sexuales con Oyhenart y a grabar conversaciones con él.
La segunda se origina cuando la mujer, luego de grabar la conversación, fue obligada a entregar esa evidencia. La mujer declaró que la forzaron con “un 38 sobre la mesa”. Por esta segunda causa está imputada la directora de Relaciones con la Comunidad, Patricia Rivero, y su hija Carolina Murúa, quien también se trabajaría en la municipalidad.
La tercera causa se abrió en la fiscalía de delitos contra la integridad sexual, en la que hay un imputado: un hombre llamado Franco Cortez, también funcionario de la comuna, quien el 8 de junio de 2020 habría abusado de una mujer en un baño de una delegación municipal. Y la cuarta en la Fiscalía de delitos económicos, por el aparentemente oscuro manejo de cooperativas que prestaban servicios al municipio.
Precisamente este último expediente judicial es el que motivó uno de los momentos más calientes de la política lasherina en los últimos meses. El viernes 16 de junio, el fiscal D’Amore se presentó en la sede municipal en busca de documentación sobre los contratos con cooperativas durante varias horas, con el apoyo de la Policía de Investigaciones.
La revisión se realizó en las oficinas de la Secretarías de Gobierno, Legales y Hacienda. Pasado el mediodía concluyó su revisión y se retiró de la municipalidad con una caja con expedientes, sin dar declaraciones a la prensa.
Mientras se desarrollaba el operativo en el municipio, personal de la Fiscalía de Delitos Económicos allanó también la casa del subsecretario Oyhenart en el barrio Dalvian y el domicilio de su yerno, Juan Pablo Pandolfi, quien estaba al frente de unas de las cooperativas que han brindado servicios al municipio.
El fiscal D’Amore se llevó del municipio numerosos expedientes de pago a unas 25 cooperativas de trabajo.
Mas malas noticias
Esta vez, las noticias no vienen de la Justicia Provincial, sino del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). Ese organismo nacional ordenó suspender las actividades de una de las organizaciones que investiga el fiscal Flavio D’Amore. Se trata de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra, que en los papeles aparece conducida por uno de los imputados por el fiscal: Adrián Alejandro Pérez.
La resolución del Inaes fue firmada el martes 25 de julio pasado. En el artículo 2 de la resolución ordena que se instruya un sumario a cargo de la Dirección de Infracciones, Liquidaciones e Intervenciones Judiciales de ese organismo. Además, se pidió notificar a la AFIP, a la Anses y al “organismo local competente”, es decir la Dirección de Cooperativas de la Provincia.
En los considerandos de la resolución, se indica que el 16 de junio pasado, el Inaes ordenó una inspección de la Cooperativa Manos a la Obra (el mismo día que el fiscal D’Amore allanó la Municipalidad de Las Heras).
“La Dirección de Supervisión de Cooperativas y Mutuales detectó una serie de irregularidades que denotan la obstrucción de las facultades de fiscalización pública. Que en tal sentido se constató que la entidad no funciona en el domicilio denunciando ante este Organismo como sede social, el que no ha sido actualizado”, dice el documento.
“Efectuadas las averiguaciones pertinentes, los inspectores se dirigieron hacia el denominado Espacio Verde radicado en la Calle 3 y 8 localidad y departamento Las Heras, provincia de Mendoza, lugar en el que tampoco se ha podido localizar a la entidad en cuestión”.
A párrafo siguiente, se indica que “los funcionarios de este Organismo se entrevistaron con el señor Santiago Ariel Ruiz Arce, quien se presentó como capataz del centro de reciclado y los comunicó telefónicamente con la señora Florencia Fernández en carácter de referente del predio, la cual facilitó los teléfonos de contacto pertenecientes a los señores Gustavo Pérez y Alejandro Pérez, quienes se relacionan con la entidad en cuestión. No obstante esto, los inspectores no pudieron lograr comunicación alguna como tampoco han podido detectar indicios que denoten la existencia de la Cooperativa”
Además, la resolución indica que “los inspectores destacaron que las personas que se encontraban en el predio no se las identifican como recicladores sino como albañiles dedicados al rubro de la construcción”.
Por este motivo, “la Coordinación de Fiscalización Cooperativa informó que la Cooperativa incumple las prescripciones contempladas en los artículos 41, 48, 56 y concordantes de la Ley Nº 20337 al mantener pendiente de presentación toda la documentación ordinaria desde la fecha de su constitución que data del 28 de noviembre de 2019″.
