La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dio despacho en mayoría este martes al proyecto del Ejecutivo por el cual se propone la adhesión al Régimen de Regulación de Activos -conocido como blanqueo de capitales-, que fue votado con el Paquete Fiscal en el Congreso Nacional y que está explicitado en el Artículo 42° de la Ley Nacional 27743.
El proyecto tuvo mayoría de votos positivos por parte del oficialismo (Frente Cambia Mendoza) y ningún voto en contra. No obstante, sí hubo varias abstenciones, que provinieron de los diputados peronistas Verónica Valverde, Juan Pablo Gulino y Gustavo Perret; y la presidenta del interbloque La Unión Mendocina (LUM), Laura Balsells Miró.
Votación este miércoles
La ley, que se votará este miércoles en el recinto de la Cámara Baja y se aguarda una media sanción sin problemas para el oficialismo, invita a las provincias a adherir a este Régimen de regularización de Activos, adoptando medidas “para liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar”.
El objetivo, señala la fundamentación, es “estimular la economía al permitir que quienes ingresen al régimen, incrementen los niveles de inversión y con ello, la generación de empleo”.
Durante el tratamiento en la comisión, Jorge López, diputado radical y presidente de la Comisión, aclaró que en el caso de Mendoza, “no adherimos a la moratoria y establecemos un requisito para incorporarse al blanqueo en relación a los impuestos provinciales, que es estar al día; es una exigencia para dar igualdad de condiciones a los contribuyentes cumplidores”.
En ese sentido, los alcances de la adhesión de Mendoza a este Régimen, estará disponible exclusivamente para aquellos contribuyentes que al 31 de diciembre de este año no posean deudas devengadas con anterioridad al 30 de setiembre, en Impuestos provinciales.
“En el plano local hay que recordar que desde 2016, el plan de consolidación fiscal ha sido un pilar de la política económica del Gobierno de Mendoza. Con la convicción de que el alivio fiscal sobre el sector privado promueve la inversión y la creación de empleo, el gobierno ha implementado ininterrumpidamente medidas tributarias que alivian la carga sobre los contribuyentes. Entre estas se destacan la reducción de alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos, alivio en impuestos patrimoniales y la disminución de la carga del impuesto de sellos”, dice al respecto el texto de elevación del proyecto a la Legislatura.
Esta reducción de la carga fiscal “ha sido acompañada de la gestión eficiente de la morosidad. En este contexto, durante los últimos años se han mantenido los esquemas de beneficios para contribuyentes cumplidores y se han incrementado las tasas de interés por mora ubicándolas en niveles superiores a la inflación para evitar la licuación de la deuda de los contribuyentes morosos”, agrega.
Recordemos que la norma aprobada por el Congreso establece que los contribuyentes que no tienen sus activos declarados en el país podrán blanquear hasta US$100.000 sin abonar ningún impuesto fijo, y sin ningún tipo de penalización por los bienes que no hayan sido declarados, hasta el 31 de marzo de 2025. Además, la medida abre como posibilidad que pueda ser prorrogado hasta el 31 de julio de 2025.
Dinamizar la economía
En diálogo con Los Andes, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, sostuvo que no tienen estimaciones respecto a cuánto dinero se podría blanquear en Mendoza, pero aclaró que no hay un “costo fiscal” en estos términos; y que se trata de una “declaración de fondos no declarados, siempre y cuando demuestren que no tienen un origen ilícito”.
“Todo ese proceso de la licitud de los fondos lo hace el Gobierno Nacional. Pero nuestro mensaje a los contribuyentes sigue siendo el mismo, y es que los contribuyentes que no cumplen o aquellos que no declaran, son los que nosotros no podemos premiarnos. Entonces, hemos puesto como limitación para el blanqueo a aquellos contribuyentes que al día de la fecha sean cumplidores”, aclaró.
Por otro lado, señaló que hace la provincia es “liberar a los contribuyentes de las obligaciones fiscales, con lo cual un derecho que se le da al que blanquea fondos para que el fisco no pueda gravar o suponer el origen de esos fondos y gravar lo que en su momento los generó”.
“Claramente esta medida no tiene fines recaudatorios sino dinamizadores que puedan robustecer el sistema financiero y aumente la inversión. Esos son los principales objetivos”
Desde el Gobierno, pusieron énfasis también en que se transita una economía a nivel nacional con prácticamente la mitad de la actividad económica informal “producto muchas veces de una estructura impositiva, en particular la nacional, difícil de soportar para muchas empresas”. No obstante, no dejaron de marcar que frente a esta situación “muchos contribuyentes hacen las cosas bien y otros hacen las cosas mal”.
En este sentido, Fayad aclaró que los contribuyentes cumplidores “son los que siempre se mantienen”. “Aquel contribuyente que tiene cultura tributaria siempre, tarde o temprano, hace frente a sus obligaciones fiscales; y con los morosos es más difícil. Entonces se han tomado distintas medidas de política tributaria para reducir la mora”, aclaró.
Y enumeró: “La principal ha sido aumentar las tasas de interés por mora. Ahora estamos avanzando a paso firme con un sistema de embargos de cuentas que son morosos que ya están en juicio. Y por supuesto con algunos beneficios para cumplidores que vamos a tratar de ampliar en la ley Impositiva del año que viene”.
De igual forma, desde el Ejecutivo advierten que se espera un blanqueo “mas chico” que el del 2017; ya que en aquel que promovió Mauricio Macri “se blanquearon muchas propiedades y en los últimos año se incrementó bastante la alícuota de los impuestos por poseer propiedades en el exterior”. De hecho, se estima un blanqueo que podría llegar a los U$S 30.000 millones; contra los más de U$S 110.000 millones que se blanquearon durante la gestión Macri.
