El futuro del juez federal Walter Bento se discute en dos ámbitos diferentes. Por un lado está el juicio penal, que arrancó a fines de julio. Sin embargo, el proceso por mal desempeño, que comenzó en el Consejo de la Magistratura y desembocó en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para su definición, también comienza a avanzar.
El plenario del Consejo de la Magistratura resolvió en mayo, por unanimidad, suspender a Bento de su cargo. Hay que recordar que el magistrado estaba al frente del Juzgado Federal Número 1 y se desempeñaba como juez electoral de la provincia. En consecuencia, promovió que sea sometido a un proceso de destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento, el cual debe expedirse sobre la continuidad o no de Bento como magistrado.
Este proceso no puede extenderse más de los 180 días hábiles, por lo cual la suerte de Bento como juez (y si conserva o no los fueros) se resolvería a fines de noviembre.
El juez presentó un escrito de defensa y ofreció prueba. Hace pocos días, el Jurado de Enjuiciamiento respondió la solicitud de los abogados defensores y abrió el proceso a prueba. Tras esta definición, se espera que las audiencias del Jurado arranquen entre fines de setiembre y comienzos de octubre.
El tribunal ante el cual comparecerá el juez acusado de recibir coimas a cambio de beneficios judiciales está compuesto por dos magistrados, Javier de la Fuente (presidente) y Javier María Leal de Ibarra; dos senadores nacionales, Daniel Bensusán (Frente de Todos) y José Torello (Pro); dos diputadas nacionales, Anahí Costa (FdT) y Ana Clara Romero (Pro); y el abogado Alfredo Barrau.
En una resolución avalada por todos sus integrantes, el Jurado aclaró en primer término la semana pasada que “el análisis de las conductas delictivas que fueron objeto de imputación en el expediente penal que tramita en la justicia federal de Mendoza excede el ámbito de competencia” y resaltó que se abocará a la acusación del plenario del Consejo de la Magistratura.
En este sentido, aceptó la prueba testimonial ofrecida por la acusación, que estará a cargo de los consejeros de la Magistratura Miguel Piedecasas, Eduardo Vischi y Roxana Reyes; y a parte de la prueba ofrecida por la defensa.
Consignó en otro punto que se librará un oficio a la Corte Suprema de la Nación para aclarar un punto muy importante: si en alguna oportunidad “se le entregó un teléfono celular a Bento y/o línea de teléfono”, así como para que informe si cubría el costo de su “abono mensual”. El punto es relevante porque el juez, en el marco de la investigación penal, nunca entregó a la Justicia su teléfono, lo cual era para los fiscales una obligación.
El Jurado también acotó la nómina de testigos por la defensa que podrán declarar en el juicio a sólo 10 personas. La lista era más larga, pero como todos ellos ya había declarado ante la comisión de Acusación y Disciplina de la Magistratura, sólo dejó que algunos vuelvan a hacerlo.
Por otro lado, rechazó la citación de un numeroso listado de testigos que incluía a quienes lo han investigado en Mendoza (el fiscal Dante Vega y el juez Eduardo Puigdéngolas), los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones, además de jueces y magistrados de la provincia, entre otros.
Entre los testigos desechados por el Jury aparecía el nombre de Mariano Cúneo Libarona, el famoso abogado defensor que dejó la tarea antes del juicio penal. Su lugar ahora lo ocupan tres letrados de Buenos Aires (Mariano Fragueiro Frías, Federico Casal y Felipe Salvarezza), además del mendocino Gustavo Gazali.
Las fotos en Las Vegas y el Papa
El texto del Jurado de Enjuiciamiento respondió a un extenso escrito de defensa que el juez había presentado en julio para defenderse de la acusación por mal desempeño.
En aquella defensa, entre otros argumentos, Bento se quejó de la parte en la cual la acusación cuestiona las fotos del juez en Las Vegas, en lujosos lugares e incluso a bordo de una limusina. “Una ciudad como Las Vegas, que se destaca por los juegos, por el dinero, cuya fama está ligada a los excesos y a la obscenidad, hasta ser conocida como la ciudad del pecado, resulta un lugar absolutamente impropio para un Juez de la Nación”, expresaba el texto acusatorio.
Ante estos argumentos, el magistrado consignó que dichas imágenes fueron extraídas sin su consentimiento de un teléfono en desuso de su esposa Marta Boiza, que fue secuestrado en el allanamiento de su casa en 2021, y que habían sido tomadas “una década antes”.
Criticó que esas fotos hayan tenido difusión en los medios y sostuvo que le provocaba “escozor” que se calificara a Las Vegas como “la ciudad del pecado”. Luego soltó un argumento inesperado para desmentir ese calificativo. Indicó que “la Oficina de Prensa del Vaticano informó el martes 30 de mayo de 2023 que el Papa Francisco ha erigido la nueva provincia eclesiástica de Las Vegas, elevando la antigua diócesis del mismo nombre a Iglesia Metropolitana y asignándole como sufragáneas a las circunscripciones eclesiásticas de Reno y Salt Lake City”.
Y agregó: “De allí que el inquisitivo concepto de ‘ciudad del pecado’, al que se hace alusión en la resolución, resulta absolutamente errado. Además, supone una afrenta a una Nación extranjera que inclusive podría acarrear conflictos de índole diplomático para nuestro país, sobre todo cuando semejante descalificación fue incluida en una resolución que lleva la firma del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su carácter de Presidente del Consejo de la Magistratura!!”.
También negó que las fotos reflejaran ostentación y afirmó: “No concurrí a ningún casino ni lugar en que se practican juegos por dinero, ni en Las Vegas, ni en Mendoza”.
