Aval privado mendocino a un plan nacional para reactivar la minería metalífera

La agenda pospandemia en la que trabaja el presidente Alberto Fernández incluye la minería, que sería una de las actividades a explotar en la región cuyana, con Mendoza en el radar.

El proyecto vio la luz el último 31 de julio cuando, vía ZOOM, se hizo la presentación oficial. Allí estuvieron los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y el secretario de Minería, Alberto Hensel. Este jueves es vuelven a reunir para definir los equipos de trabajo.

Marita Ahumada, integrante de la Red de Académicos para el Desarrollo Sustentable de la Minería; Guillermo Pensado, geólogo es miembro de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEN) y Eddy Lavandaio por la Asociación Geológica de Mendoza son las tres sillas mendocinas en la mesa y son del sector privado. Hasta ahora no hay invitaciones al sector público local.

A falta de billetes en las arcas nacionales y con la economía funcionando a media máquina, se hace necesario en un diagrama de actividades a motorizar. La minería metalífera, con un 75% de recursos sin explorar (750.000 km2) según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, seduce a la Casa Rosada. San Juan lleva la punta de la lanza en Cuyo, y las intenciones son que Mendoza se acople a las iniciativas que se propongan.

Para Kulfas es clave “encontrar la manera de que donde no hay minería se pueda desarrollar y que eso sea en base a consensos y no a imposiciones”. Por eso se apunta a una “minería inclusiva” en donde no sea el país “un enclave extractivo sino una cadena innovativa e integrada”.

“Me parece que es muy interesante que hayan convocado a profesionales de Mendoza y la curiosidad de que no haya habido nadie del Gobierno. Eso quiere decir que han puesto la esperanza en que Mendoza junto con el país puedan crecer en minería metalífera, que es la que mueve los grandes volúmenes de inversión, capital, mano de obra”, comentó Ahumada a Los Andes.

La Secretaría de Minería expuso en esa reunión los números de la realidad del sector minero en todo el país con algo que los desvela y angustia a la vez: para el 2025, Argentina podría perder hasta dos tercios de su producción minera actual debido al potencial cierre de proyectos que se encuentran en etapas maduras de desarrollo y eso haría caer, aun más, la recaudación.

Entre los años 2012 y 2019, sólo dos nuevas operaciones entraron en producción y no existen actualmente proyectos a gran escala en construcción. En el mismo plazo las exportaciones mineras pasaron de 5 mil millones de dólares a 3.2 mil millones de dólares, exhibiendo una reducción de un 36%.

El texto, al que tuvo acceso Los Andes, sienta las bases de un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino y, a través de la Mesa Nacional que oficia de facilitadora, se trabajará sobre algunos ejes con problemáticas puntuales. “Empecemos”, pidió el sanjuanino Hensel.

En ese sentido, Lavandaio comentó a este medio que “hace falta por un lado crear fuentes de producción y trabajo porque tenemos un porcentaje de cobre no ocupado y hay que darle una solución a eso. Por otro lado, la minería tiene una serie de posibilidades que han venido teniendo inconvenientes para desarrollarse y podrían hacerlo en un plazo corto como para ir sumando a la economía del país y a los problemas sociales que tenemos. Nos han llamado para que colaboremos con ese propósito”.

Mendoza, el potencial y la 7722

Argentina está sexta a nivel mundial entre los países con mayores recursos mineros. En el mapa que tiene a mano el equipo nacional, destacan que la construcción de estos proyectos podría impulsar el desarrollo socioeconómico de provincias andinas como Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut y Santa Cruz, como así también de clústers industriales ubicados en otras provincias. Aunque aclaran, por supuesto, la legislación que tiene a la 7722 como estandarte y que resucitó luego de la derogación a menos de un mes de Rodolfo Suárez en la Gobernación.

Una de las carnadas serán los casos de San Juan y Catamarca, en donde el sector minero explica entre el 60% y 75% de sus exportaciones anuales constituyendo su principal industria exportadora. Además, que estas transacciones representan entre el 25% y el 40% del PBI de las economías provinciales en que se insertan.

El apartado del consenso social estaba incluído en el documento y expone uno de los principales desafíos del equipo: 3 de cada 4 personas desconfían de la minería y, al mismo tiempo, sólo el 20% del público dice conocer acerca de la industria. La experiencia internacional sugiere que los conflictos alrededor de la minería tienen tres causas principales: la presencia de fallas de gobierno, fallas de mercado, vinculadas a errores de gestión de parte de las empresas mineras; y, los posicionamientos adoptados por sectores de la sociedad civil. Por ello, consideran que es fundamental asegurar el funcionamiento de las instituciones de control y participación ciudadana a lo largo de todo el ciclo minero, en particular en las zonas de explotación.

Cabe recordar que al quedar trunca la Ley 9209 que habilitaba el uso de sustancias químicas, 19 proyectos quedaron en espera: Sierra Pintada (uranio), San Jorge (cobre y oro), Don Sixto (oro, ubicada entre San Rafael y Malargüe), Paramillos (plomo, plata y zinc), Elisa (cobre), Hierro Indio (hierro) y Paramillos Sur (cobre), los mismos que se incluyen en las estimaciones de producción a cinco años; y Papagallos (cobre y oro), Santa Clara (oro); Barroso, Cerro Amarillo, Matancillas, Callejón Grande, El Seguro y Quebrada Amarilla (cobre).

Anemia de divisas

El fetiche por los minerales metalíferos no es casual. El Censo Nacional a la Actividad Minera 2017 muestra que el 73% del valor de la producción minera en yacimientos correspondió a minerales metalíferos, mientras las rocas de aplicación aportaron el 23% y los minerales no metalíferos el 4%. El oro representa más de la mitad del valor económico de la producción minera metalífera, y el 36% de la producción minera argentina total.

La atracción de inversiones resulta clave, pero para ello se deben generar las condiciones económicas y jurídicas para que quienes tengan intención de invertir sus dólares, lo hagan con convicción.

Al año 2016, en la Argentina los principales ingresos nacionales originados por la minería metalífera fueron el Impuesto a las Ganancias (49%), Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (42%) y los Derechos de Exportación (9%), alcanzando los mismos un total de $4.608 millones de pesos (corrientes).

Por lo tanto, reactivar el tema es uno de los temas que Fernández tiene en su agenda con el desafío de construir una estrategia común que permita el desarrollo minero para posibilitar el desarrollo económico de un país con una situación crítica, sin dejar de lado aspectos ambientales, sociales y de integración y desarrollo de los entramados productivos locales.

Malargüe atento

El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, espera que esto traccione en favor de una excepción a los alcances de la ley 7.722, que regula la minería en Mendoza. En la Comuna están al tanto de la conformación de esta Mesa Nacional para el desarrollo de la actividad, pero prefieren el silencio.

Mientras, como anticipó Los Andes, gestionan un proyecto de ley que ingresará a la Legislatura en pocos días. La iniciativa busca exceptuar a Malargüe, “salvo la cuenca del río Atuel”, de las prohibiciones expresas de la normativa que hoy regula a la actividad en toda la provincia.

Ojeda busca los consensos necesarios con sus pares de la región. Le aseguró a “los vecinos de General Alvear y San Rafael”, que la cuenca del río Atuel no se verá afectada. La legisladora malargüina Gladys Ruiz (Cambia Mendoza) confía en que “la posibilidad de hacer una excepción existe, hay que ver exactamente los términos que se pueden colocar en el proyecto para que no se vuelva inconstitucional”.

Claves

Mesa chica y privada: representantes de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEN) y de la Asociación Geológica de Mendoza participan de las reuniones.

Recaudación en rojo: la caída de los ingresos por exportaciones de minerales y el riesgo a perder dos tercios de la producción hacia 2025 alertan al Gobierno nacional.

Consenso social: quieren asegurar el funcionamiento de las instituciones de control y participación ciudadana a lo largo de todo el ciclo minero, en particular en las zonas de explotación.