El Gobierno provincial oficializó que los empleados estatales deberán registrar ingreso y egreso de sus dependencias a través de controles biométricos. Además, firmó un convenio con la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) de Mendoza, que se encargará de realizar un seguimiento a aquellos que tengan licencias por enfermedad.
La medida salió publicada este lunes en el decreto 1944 del Boletín Oficial, firmada por la vicegobernadora en ejercicio del Poder Ejecutivo, Hebe Casado; y los ministros Víctor Fayad (a cargo en ese día del ministerio de Gobierno) y Rodolfo Montero (de Salud).
En la norma se establece un convenio entre la Obra Social que dirige Carlos Funes y el ministerio de Gobierno, que dispone en su artículo 2 que “todas las dependencias del Poder Ejecutivo Provincial deberán implementar un sistema de control biométrico de datos a fin de que se registre adecuadamente el ingreso y egreso del personal al solo efecto de ACREDITAR su asistencia al lugar de trabajo, no revistiendo ello prueba suficiente del cumplimiento de sus tareas normales y habituales”.
En tanto, se dejó en claro también que “la autoridad de aplicación del presente decreto será la única facultada para otorgar excepciones al control biométrico. Los agentes están obligados a registrar entrada y salida, en la forma que determina este decreto”, aclararon.
Tanto el control biométrico como el resto de los trabajos de OSEP para realizar el seguimiento de las licencias, se implementarán de forma “gradual, garantizando su plena operatividad en un plazo máximo de 6 meses a partir de la fecha del dictado de la presente norma legal”.
Según se marca en los considerandos de la norma, el convenio tiene por objeto “la implementación del control de ausentismo y junta médica de los agentes que se desempeñen bajo la modalidad de empleo público”.
Dicho convenio reglamenta diversos artículos de la ley 5811 “que refieren a las licencias por razones de salud y a la obligatoriedad de los agentes a someterse a los controles que la autoridad de aplicación disponga con los fines de comprobar las enfermedades o accidentes que sean denunciados”.
De allí surge que OSEP “brindará el servicio de control de ausentismo y junta médica para los agentes alcanzados por el mismo, logrando el control y seguimiento de las patologías garantizando la rápida incorporación de los empleados a los programas de asistencia disponibles, permitiendo no solo el control de las patologías prescriptas por su médico sino también la examinación por parte del profesional verificador que OSEP considere de acuerdo al caso a tratar”.
Además, se deja en claro que la “correcta implementación” del control de ausentismo se debe seguir con “controles de presentismo que brinden a la administración, datos fehacientes y completos que permitan realizar auditorías de manera eficaz para garantizar la correcta gestión del capital humano”.
En el convenio que está publicado en el anexo del decreto, OSEP se compromete a realizar “hasta 5.000 controles de ausentismo por mes”, así como también “hasta 2.000 juntas médicas por mes”.
Allí se establece que OSEP brindará el control “de ausentismo y junta médica para los agentes alcanzados por el convenio, logrando el control y seguimiento de patologías, garantizando la rápida incorporación de los empleados a los programas de asistencia disponibles”.
Además, se establece que el precio para la prestación de estos servicios será de $35 millones por mes; mientras que todos los trabajos extra de OSEP, o que superen los límites, serán abonados por el Poder Ejecutivo con $30.000 por cada Junta Médica y $8.000 por cada verificación domiciliaria.
El convenio, en tanto, tendrá una vigencia de 24 meses, a partir del 1 de agosto del 2024 y la renovación del mismo “será automática por períodos de 12 meses”.
El decreto
El convenio
