Los acuerdos transaccionales entre el Gobierno provincial y las empresas distribuidoras de energía eléctrica tuvieron una instancia formal con la audiencia pública, que fue posterior a la firma entre ambas partes.
Manuel López, coordinador de gabinete de la Secretaría de Servicios Públicos abrió la audiencia defendiendo el acuerdo. Aclaró dudas pero no expuso datos, dado que los informes, según indicó, estaban a disposición de los usuarios. Otros oradores apuntaron a la falta de información y algunos pidieron un nuevo convenio.
El 31 de enero de este año, el gobernador Rodolfo Suárez ratificó vía decreto, el acuerdo con Edemsa. En la empresa, el Gobierno provincial tiene el 39 % de las acciones, el 51% está en manos de Sodemsa y casi el 10% restante, es parte del Programa de Propiedad Participativa. El 17 de marzo hizo lo propio con Edestesa.
El contrato empezó a tener cuestionamientos porque una serie de datos estaban bajo reserva, por lo que no se podía precisar si evidentemente el acuerdo era beneficioso para la Provincia. El más abultado es el de Edemsa porque es la firma que mayor cantidad de usuarios tiene. El reclamo por los Ingresos No Percibidos era, al 31/12/ 2022, de $143.156 millones, pero el Gobierno no aceptó esa cifra, según consta en el contrato.
En la enumeración de beneficios del acuerdo, se posterga el pago del 20% que debía hacer Edemsa por la concesión y además se reduce el canon del 10% al 6%. Además, se han reconocido los planes de pago por deudas que mantiene Edemsa con Cammesa en los cuadros tarifarios.
También se dispuso un plan de obras, para el caso de Edemsa, de 17.000 millones de pesos, a realizar en 10 años. Ese monto se deberá actualizar junto con la tarifa todos los años. Se aclaró que “ese plan de obras formará parte también de la tarifa que pagamos los usuarios. Asimismo, esas obras no podrán formar parte de los planes que a futuro presente la distribuidora”.
Una vez que las empresas cumplieron con que no habría reclamos, la Fiscalía de Estado levantó la reserva de algunos números para garantizar el éxito en la negociación.
¿Qué paso en la audiencia?
Con el contrato firmado, se llevó adelante ayer la audiencia pública sobre los acuerdos. El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) había dado a conocer los informes días atrás, por lo que la exposición del funcionario de Servicios Públicos no fue de tipo explicativa sobre los pormenores del acuerdo, sino sobre algunas dudas que se habían planteado.
Los $143.156 millones que pedía Edemsa en base a un estudio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (Fiuba) chocaron contra los $47.739 que calculó el EPRE (la diferencia es de $95.417 millones menos). A su vez, el valor de la prórroga que debía pagar la empresa se calculó en $64.322 millones.
López no dijo nada distinto a lo que viene sosteniendo el Gobierno en cuanto a la defensa del convenio, sobre todo remarcando que la operatoria contó con avales tanto de la Asesoría de Gobierno como de la Fiscalía de Estado. Aunque ratificó que estos acuerdos transaccionales impactarán en aumento de las tarifas: 6,4% en usuarios residenciales; 6,3% para usuarios generales; 6,8% para usuarios de grandes demandas; 4,4% para usuarios de riego agrícola y 7,4 para riego peaje.
El funcionario se detuvo en el planteo que hay sobre las utilidades y los dividendos. “El Estado se ha comprometido a, una vez que le tocara participar de dividendos, los mismos serán afectados a tareas de expansión del sistema o eficiencia energética y el propósito es preservar los recursos dentro del sistema eléctrico”.
Algunos inscriptos para exponer, como en el caso de representantes de Edemsa, desistieron de hacerlo aunque asistieron. Otros ni siquiera fueron o se conectaron vía Zoom según la modalidad elegida.
Marianela Iuliano Sclavi, de la CTA e integrante del Consejo Consultivo del EPRE, criticó la poca anticipación con la que contaron para obtener la información sobre el acuerdo.
“La disminución del canon del 10 al 6%, es el mínimo, esa fue la explicación. Se agarran al mínimo. Este 6% permitido por la ley y cómo va a compensar la Provincia, no lo saben, no hubo respuesta. En algunos casos, el Gobierno se escandaliza cuando entra menos dinero, ahora no”, dijo en parte de su exposición.
Este punto fue abordado por Marcos López, hijo del exvicegobernador peronista Jorge Coco López. “La disminución del canon del 10 al 6 representa 65 millones de dólares. La ley dice que el mínimo que se exigirá será el 6% sobre la factura que tiene el VAD, distribución de energía e impuestos. Por conveniencia, siempre se ha calculado sobre el VAD, pero lo legal es el 6% mínimo sobre el total sin impuestos”, indicó.
“Está claro que el 10% del VAD, puede representar el 6% del total, pero el 6% del VAD es una interpretación que de ninguna manera permite decir que es el 6% del total.Aquí entendemos que hay una interpretación mal definida de los atributos que tiene el Poder Ejecutivo para disminuir el canon. Las implicancias son que bajan 65 millones de dólares”, completó.
Martín Lafalla, hijo del ex gobernador Arturo, cuestionó que hay dispuestos 14 beneficios pero que “sólo se han valuado 5, los otros 9 no. Si algunos no son beneficios, ¿para qué los ponen?”, preguntó.
También pidió revisar el acuerdo y dijo que las respuestas del Gobierno fueron “escuetas”. El diputado José Luis Ramón cuestionó lo mismo, aseguró que en 10 minutos “nos explicaron un convenio a 20 años”.
Marcos López expuso cuadros con datos valuados en dólares sobre algunos ítems. “Es una valuación inferior a la que presentó Edemsa, es de 265 millones de dólares, la Secretaría de Servicios Públicos determina que la extensión en el 20% está en el orden de los 100 millones, el plan de obras 94 millones, el plan de pagos con Cammesa está valuado en 13 millones el primero y el segundo en 26 millones. La disminución del canon del 10 al 6 representa 65 millones. Esa suma da 300 millones, que son inferiores a la valuación del EPRE. Esta situación ya nos pone en compromiso, hay un perjuicio contra la Provincia”, indicó.
Finalmente se refirió a las utilidades de las acciones del Gobierno que se pueden usar para hacer obras. “Nunca va a haber dividendos para la provincia de Mendoza en la medida en la que las utilidades hayan sido gastadas para energía eléctrica”, remató el integrante del grupo Olascoaga.
