El intento de asesinato de Cristina Kirchner a mano de un sujeto que, presuntamente, no supo utilizar una pistola que funcionaba correctamente sacudió los cimientos del ministerio de Seguridad que conduce Aníbal Fernández, pero él ha salido a despegar a la Policía Federal a su cargo de cualquier responsabilidad por no haber podido evitar el ataque.
El Gobierno intenta así correrse de la línea de responsabilidades por lo ocurrido. Y el presidente Alberto Fernández confirmó ayer que participará este sábado de la misa que se celebrará en la Basílica de Luján “por la Paz y la Fraternidad de los argentinos”, en respaldo de la vicepresidenta.
El Presidente hizo ayer un llamado a “recuperar la convivencia democrática en un marco de respeto a la diversidad”. Esto fue parte de un mensaje publicado para expresar su “enérgica condena” a las amenazas vertidas contra el ex presidente Muricio Macri y el fiscal federal Diego Luciani por parte de usuarios de redes sociales, lo que la Justicia ya investiga.
El operativo y expediente
En el discurso oficial por el ataque a Cristina hay contradicciones que van creciendo a medida que la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo avanzan con la investigación. En las últimas horas se confirmó que Fernando André Sabag Montiel, quien intentó el magnicidio, ya había estado cerca de la vicepresidenta en días previos.
Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte, también detenida, están sospechados de haber hecho inteligencia previa en inmediaciones del departamento de Recoleta en el que vivía la vicepresidenta. En u video aparece el atacante mirando a Cristina cuando ella saludaba a la militancia que por entonces la iba a apoyar por el juicio de Vialidad.
Incluso, Capuchetti y Rívolo empezaron a sumar elementos que les permiten inferir que el atacante y su novia no fueron los únicos que participaron de la planificación. Algunos amigos de Sabag Montiel están bajo sospecha, dado que también aparecerían en imágenes de TV camuflados con gorra y barbijo.
Por otro lado, se supo que dos integrantes de “Revolución Federal”, un grupo radicalizado que venía escrachando funcionarios desde 2021 en la vía pública estuvieron en el departamento de una vecina de la vicepresidenta, en el mismo edificio. Ahora, la Justicia intenta determinar estos sujetos tienen alguna conexión con “la banda de los copitos”, integrada por Sabag Montiel y Uliarte.
Renovación de la custodia
Por lo bajo, en la Casa Rosada explican que era muy difícil poder prevenir el ataque dado que hacía cinco días que decenas de militantes y simpatizantes de la vicepresidenta se acercaban al domicilio para saludarla ante el pedido de 12 de años de prisión que hizo el fiscal Diego Luciani al acusarla de conducir una asociación ilícita para malversar fondos públicos.
Pero los ojos más críticos sobre por qué no se evitó el ataque siguen mirando al ministerio de Seguridad. Y Fernández, quien la semana próxima cumplirá un año en el cargo, despegó a su cartera y a todo el Gobierno de cualquier responsabilidad, cuando es la Policía Federal la responsable de la custodia de la vicepresidenta.
“Del operativo no falló nada”, dijo ayer Fernández al llegar al ministerio ante la consulta de dos cronistas de Radio Mitre y CNN Radio. Pero luego explicó: “Hemos hablado mucho sobre las cosas que tenemos que revisar y repasar. Tenemos gente especializada en ese tema y uno de los especializados trabaja específicamente en su custodia. Hay cosas que revisar”.
Fernández sostuvo que a veces por consuetudinarias “se cometen errores que nosotros tenemos que revisarlos”. E indicó que esto lo habló personalmente con Diego Carbone, quien es el jefe de la custodia de la vicepresidenta y a quien el ministro aseguró conocer desde hace 25 años.
En ese contexto, el ministro y Carbone acordaron relevar a parte de la custodia de la vicepresidenta. Fernández intentó bajarle el tono a la decisión. Pero cerca del presidente Alberto Fernández afirman que los agentes de la Federal apartados “no tuvieron el nivel que a lo mejor uno espera que se tenga y es el momento para tomar esa decisión”.
El ministro de Seguridad le había puesto su renuncia a disposición al jefe de Estado, pero este últimos se la rechazó. Luego, el funcionario se comunicó con la vicepresidenta por mensajes de texto, el jueves después del ataque. Y le volvió a escribir el viernes, el día de la concentración masiva en su apoyo en Plaza de Mayo y las zonas aledañas del centro porteño.
El jefe de las fuerzas de seguridad intentó por todos los medios aplacar los cuestionamientos hacia la fuerza de seguridad. Dijo que los cambios en la custodia tienen que ver con las nuevas características que el Gobierno está buscando en los agentes para mejorar la protección de la vicepresidenta.
“Si hubiera sido por un tema disciplinario o por un error en el funcionamiento o en el cumplimiento de sus funciones estarían sancionados y no lo están. Son reemplazos que tienen características que estamos buscando para su custodia. Fallar no falló nada [en el operativo de seguridad]”, comentó.
