Asumió Soria, con una reforma judicial congelada en el Congreso

Martín Ignacio Soria asumió este lunes como ministro de Justicia y Derechos Humanos, cargo que estuvo vacante casi dos semanas debido a la indefinición del presidente Alberto Fernández sobre el reemplazante de  su amiga y exsocia Marcela Losardo, y porque el rionegrino debió esperar a que la Cámara de Diputados le aceptara su renuncia.

El flamante ministro juró en el cargo en una ceremonia simple y breve, realizada en el Museo del Bicentenario, ubicado detrás de la Casa Rosada, y con el espacio suficiente para mantener la distancia física entre los asistentes; un alejamiento que, sin embargo, tras la jura no fue respetado ni por Soria ni por Fernández, que se dieron un cálido abrazo sin barbijo.

“Bienvenido, Martín, es una alegría que estés con nosotros. Antes de tomarte juramento, quiero agradecerle muy especialmente a Marcela Losardo por el trabajo que ha hecho todo este tiempo. Es una entrañable amiga de muchos años y ha hecho un trabajo que exactamente tuvo que ver con lo que yo le pedí”, había dicho el mandatario antes de la formalidad.

Fue Losardo la que le pidió a Fernández irse del Ministerio, harta de las presiones del kirchnerismo duro, que la acusaba precisamente de no cumplir la agenda judicial de la Casa Rosada; o mejor dicho, la de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Ahora falta que se concrete la designación de Losardo como embajadora ante la Unesco, cargo que quedó vacante en noviembre, con el fallecimiento por Covid-19 del exsenador Fernando “Pino” Solanas.

Curiosamente, a este nombramiento debe consumarlo el Senado, cámara conducida por Cristina, la misma que habló de “los funcionarios y funcionarias que no funcionan”.

Desafíos

Soria —cuyo nombramiento fue cuestionado por la oposición, que lo trató violento e improvisado, y que atribuyó su arribo al Gabinete al objetivo de “cerrar las causas del kirchnerismo por corrupción”—, es un hombre que sostiene la línea discursiva y la idea de Justicia de la vicepresidenta.

Cree que este poder del Estado está contaminado por el lawfare, que en inglés significa guerra jurídica y que se define por la supuesta confabulación entre fiscales, jueces y medios periodísticos, y otros círculos de poder, para hostigar y hasta encarcelar a los adversarios políticos.

Soria cree que una de las principales víctimas de estos presuntos contubernios es Cristina Kirchner.

El ministro comandará un ministerio que tendrá, entre otras misiones, la de que avance en el Congreso la mentada reforma judicial, defendida a capa y espada por el propio presidente Fernández y que el principal espacio de la oposición, Juntos por el Cambio (JPC) asocia directamente con un plan de impunidad fabricado a imagen y semejanza de la dueña de los votos que llevaron al peronismo de nuevo a la Casa Rosada, en 2019.

¿Cuál es el plan del Gobierno?

La reforma judicial de Fernández, ideada y presentada como folletín, es decir por entregas, es un conjunto de proyectos de ley que modifican el funcionamiento de la Justicia y crean oficinas nuevas, además de restarles poder a algunos tribunales; entre ellos, a la Corte Suprema, nada menos.

Dos proyectos de ley que integran ese paquete de iniciativas están empantanados en el Parlamento, más precisamente en Diputados.

Uno, es el de Organización y Competencia de la Justicia Federal, que básicamente unifica dos fueros de la Justicia federal penal y pretende reducir el poder de los 12 jueces de Comodoro Py.

El otro, la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que aliviana la mayoría requerida para designar al procurador y establece un mecanismo de remoción más rápido, que alarma a fiscales y opositores.

Ambas iniciativas tienen ya la media sanción del Senado, con la mayoría invencible que responde a Cristina Kirchner.

Pero en Diputados, el oficialismo, que conduce Máximo Kirchner, no tiene la mayoría y entonces debe negociar cada ley con opositores no cambiemistas, a quienes hasta ahora no ha logrado convencer en nada sobre las supuestas bondades de ambas leyes. Más bien, los han espantado.

Pero más ahuyentados han quedado los opositores “dialoguistas” con el rabioso discurso antijueces de Fernández ante la la última reunión de la Asamblea Legislativa; la furibunda declaración posterior de Cristina Kirchner por la causa “dólar futuro” y las principales definiciones de Soria, cuyo usuario de Twitter es @SoriaEnAccion, el día después de haber sido nominado: que “Cristina Kirchner quiere que la misma Justicia la libere de culpa y cargo”, o sea los mismos jueces; y “desarmar la mesa judicial que funcionaba en el despacho de Mauricio Macri”.

Pese a que su reforma judicial está congelada, Fernández le anunció al Congreso el envío de otros cuatro proyectos más que integran ese paquete.

Las iniciativas, hizo saber, surgen de las recomendaciones de la comisión de juristas que él convocó, conocida como Comisión Beraldi, porque la integra, junto a otros 11 expertos, Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina.

El más polémico de estos cuatro proyectos es el que crea un tribunal intermedio para sacarle competencias a la Corte. O sea, para quitarle poder.

En relación con el recurso extraordinario, Fernández dijo que pretende “establecer la exacta competencia” de la Corte “en la revisión de la constitucionalidad de las normas aplicadas en sentencias”.

Respecto del Código Procesal Civil, dijo que mandará una propuesta que “reglamente adecuadamente el artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial”, para acotar la discrecionalidad de la Corte para definir qué casos trata y cuáles, no; hasta ahora, sin necesidad de fundamentarlo.

Fernández también anticipó que mandará un proyecto para modificar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura porque, a su criterio, se debe “despolitizar ese ámbito para que los mejores y más capaces magistrados lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”.

Y dijo que impulsará la instauración del juicio por jurados “para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal”.

Todo esto requiere del aval del Congreso y del cabildeo de un ministro de Justicia que arrancó su gestión como Rambo. Difícil.